Por Martín
Moreno.
La apuesta de Andrés Manuel López
Obrador al proponer enjuiciar a los ex presidentes de México (desde Salinas
hasta Peña Nieto), es una tirada de gana-gana-gana:
Primero, porque de realizarse la consulta pública
bajo la pregunta de si se debe investigar y enjuiciar a los ex mandatarios,
desde ahora todos sabemos ya la respuesta: un SÍ inequívoco y rotundo que,
inclusive, podría ser apabullador, alcanzando picos de hasta 80 por ciento en
favor de abrirle expediente a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Segundo, porque ya sea mediante la comprobación de
presuntos delitos ya enlistados por AMLO, o bien por la vía de la hoguera
pública, la imagen de los ex presidentes de México quedaría hecha añicos.
Posiblemente no se les fincarían responsabilidades legales de momento, pero sí
se les exhibiría en la plaza pública como corruptos, traidores, abusivos,
irresponsables y todos los sambenitos que se les quieran endilgar. Los ex
pierden por las dos vías: si son investigados, aun sin que se les compruebe
delito alguno, pierden al ser considerados presuntos delincuentes; y si el
pueblo bueno vota en mayoría por que sean investigados y enjuiciados, sus
cabezas serán levantadas como trofeos del actual Gobierno y mostradas, en una
postal histórica, como los directos responsables de gran parte de los males que
aquejan al país.
Tercero, porque AMLO –con ese tremendo apoyo popular
que goza–, pasaría a la historia como el Presidente que se atrevió a exhibir a
los ex presidentes y que les dio el gusto a los ciudadanos de condenar y
crucificar a quienes, sin duda, influyeron en el rumbo del país desde 1988, con
la instauración formal del hoy satanizado neoliberalismo, y hasta los días de
corrupción innegable de Peña Nieto. AMLO gana de cualquier forma: manda al
paredón a los ex, deja que el pueblo los fusile, y él sale victorioso AMLO
aplicaría, de manera astuta, aquella frase del político alemán Konrad Adenauer:
“En política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno”.
Y sin duda, el veredicto de las masas en la consulta
pública en contra de los ex presidentes, le dará la razón: juicio sumario
contra ellos.
Una jugada
de tres bandas, pues.
Más de espectáculo mediático que de
efectividad legal, sería el posible juicio en contra de los ex mandatarios
mexicanos. ¿Por qué? Resulta que la propia Constitución prohíbe investigar a
Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Bien lo explica el actual director de
la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto (quien
investigó la corrupción del equipo peñista cuando fue titular de la FEPADE,
hecho que le costó el cargo de manera arbitraria), entrevistado por la
reportera Emma Landeros para el portal Revolución 3.0:
“Administrativamente, la Constitución prohíbe sancionar a un
Presidente de la República y además señala que la prescripción de las
responsabilidades administrativas son por siete años. Esto implica que la única
persona que podría ser sancionada por responsabilidad administrativa sería el
último Presidente y en todo caso algunos meses del sexenio de Felipe
Calderón…”.
Es decir: legalmente, ni Salinas ni Zedillo ni Fox
podrían ser enjuiciados por las leyes mexicanas. Únicamente se podría proceder
contra Calderón por su último año de Gobierno (2012), y con Peña Nieto sí que
se podría por todo lo que hizo durante su sexenio, marcado por la corrupción y
el despilfarro agraviante de recursos públicos. EPN enfrentaría, entonces, un juicio
legal que podría llevarlo a la cárcel.
Pero, tal
vez, llevar a prisión a alguno de los ex
presidentes sea lo que menos le interesa a AMLO. Ya lo ha dicho: “Mi fuerte no
es la venganza. Creo en el perdón y pienso que lo que más conviene es una
amnistía política. Estoy a favor del punto final…”.
Aún más:
El propio
AMLO plantea que esta consulta solamente
podría concretarse hasta que el Congreso reforme la ley y así eliminar las
trabas que actualmente existen para hacer válido este ejercicio. “Le toca al
Congreso decidir en qué momento aprueba la reforma al artículo 35 (para hacer
vinculante el resultado de la encuesta pública)”, aseguró el vocero
presidencial, Jesús Ramírez. (Reforma 26/II/2019).
Es decir: legalmente, no sería válida la consulta
para enjuiciar a los ex presidentes. Entonces, ¿para qué realizarla? Sencillo:
para exhibirlos públicamente y para tener el respaldo social suficiente y
exigirle así al Congreso – bajo el dominio de Morena-, modificar la ley y
proceder así legalmente contra los ex, “porque así lo quiere el pueblo de
México”.
¿Los delitos? AMLO ya los proclamó
públicamente, a sabiendas de que, legalmente y bajo las actuales leyes, no se
puede proceder contra los ex. Aún no. Pero el punto es quemarlos en la hoguera
pública del Zócalo:
A Salinas,
porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados.
A Zedillo, porque convirtió las
deudas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa.
A Fox, por traidor a la patria,
porque después de llegar prometiendo un cambio, manipuló el sistema para el
fraude e impuso a Calderón.
A Calderón, porque usó la fuerza y
convirtió al país en un cementerio.
A Peña, por corrupción.
¿Se les
podrán comprobar estos delitos?
De momento,
no importa.
El chiste es que el pueblo los
condene y crucifique. Que pasen a la historia como entreguistas, traidores,
violentos y corruptos. Esa batalla ya la tienen perdida.
Esperemos, pues, si el 21 de marzo
–aniversario del natalicio de Benito Juárez– se realiza la consulta y se guarda
como la plataforma social para modificar la ley y proceder en contra de los ex
presidentes de México. Falta poco para saberlo.
Mientras tanto, Salinas, Zedillo,
Fox, Calderón y Peña Nieto ya comenzaron a perder, desde ahora, la batalla que,
para muchos políticos, es la más importante de su vida: la de cómo los juzgará
la historia.
¿Quién los
defiende?
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