Por Jorge
Javier Romero Vadillo.
La discusión sobre la Guardia
Nacional, y su (más o menos) afortunado desenlace en el Senado ha mostrado que,
a pesar de las intenciones hegemónicas, la democracia mexicana ha desarrollado
mecanismos propicios para la deliberación democrática, gracias a los cuales
ninguna fuerza puede imponer su voluntad absoluta y todas las partes están
obligadas a negociar. Las reglas para la formación de mayorías reformadoras,
que hacen más difíciles los cambios constitucionales que los de la legislación
ordinaria, sirven para dificultar la formación de coaliciones distributivas que
beneficien los intereses de una mayoría en perjuicio del resto de la sociedad.
Al mismo tiempo, la deliberación abierta de los asuntos públicos obliga a
sopesar las evidencias a la hora de legislar, lo que atempera la simple
imposición de intereses particulares.
Si la discusión de la Guardia
Nacional es relevante porque atañe al tema de la seguridad pública, uno de los
principales servicios que debe garantizar el Estado, no lo es menos el debate
abierto sobre la educación. La tarea educativa es, junto con la salud, una de
las principales responsabilidades sociales para un Estado que pretenda reducir
la desigualdad de oportunidades, más en un país como México, escindido por una
abismal brecha de inequidad. Cualquier Gobierno que se pretenda de izquierda
debe poner como objetivo una educación para la equidad, que compense con
conocimientos y competencias las desigualdades de origen. Los sujetos del
derecho a la educación deben ser las niñas y los niños hasta la edad adulta, de
manera que puedan decidir con libertad su oficio o profesión, sin que las
condiciones económicas determinen de entrada los ámbitos de ocupación o los
condenen a la marginación, la informalidad o el desempleo crónico.
Sin embargo,
los términos en los que ha planteado el
actual Gobierno el debate sobre el tema educativo parecen poner por delante los
privilegios corporativos mientras soslayan los objetivos que debe cumplir el
sistema de enseñanza. La reiteración desde la campaña de que el objetivo del
Presidente es echar abajo la “mal llamada reforma educativa” refleja más la
intencionalidad política de congraciarse con el gremio magisterial, lastimado
por los cambios del sexenio pasado, que por encontrar un buen arreglo que haga
compatibles los intereses de los maestros con la necesidad de desarrollar un
sistema educativo eficaz para superar el tremendo rezago de la calidad
educativa en México.
El Gobierno ha presentado ya su
iniciativa de reforma constitucional con la que pretende demoler los cambios de
2013. De acuerdo con la propuesta, se extirparía de la Constitución la
obligatoriedad del concurso de ingreso para la asignación de puestos
magisteriales en la enseñanza pública, lo mismo que para las promociones a
cargos de dirección y supervisión. El objetivo aparente es eliminar las
consecuencias negativas de la evaluación del desempeño, bestia negra del
magisterio, tanto del afiliado al sindicato dócil, como el que se encuadra en
las filas de la organización radical con discurso insurreccional y estrategia
de sabotaje. Sin embargo, la iniciativa presidencial no se detiene en la
eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el empleo,
pues también parece querer volver a un sistema donde el ingreso y la promoción
magisterial dependían de la arbitrariedad administrativa y el control sindical.
Todo indica, también, que el Gobierno
desdeña la evidencia acumulada sobre el lamentable estado de la educación y
sobre los efectos que la buena formación y los mecanismos adecuados de
reclutamiento tienen sobre el desempeño profesional de los docentes y los
efectos que esto tiene en el aprovechamiento de los alumnos.
El objetivo del Gobierno es, por lo
visto, político: busca la reconciliación corporativa del Estado con el gremio
magisterial, al que hizo su aliado desde la campaña electoral, aun cuando es
evidente que el ala radical agrupada en la CNTE no tiene ninguna intención de
cambiar la estrategia de chantaje permanente que tan buenos réditos le ha
generado desde hace más de tres décadas. Para congraciarse con el
corporativismo sindical, la iniciativa presidencial no sólo elimina los
términos que se han considerado punitivos de la evaluación del desempeño
magisterial, sino todo el proceso de profesionalización diseñado para acabar
con el sistema de botín que tradicionalmente había operado en la asignación de
las plazas docentes. Por añadidura, pretende eliminar la autonomía del órgano
encargado de evaluar no a los maestros, sino al sistema educativo en su
conjunto.
Frente a esta intencionalidad
política, el constituyente permanente tiene la obligación de poner por delante
los objetivos sociales de la educación pública, que van más allá de los
intereses laborales de los maestros. La evidencia disponible, documentada por
investigadores como Ricardo Estrada –quien hace unos días publicó en el
estupendo blog de educación de la revista Nexos un resumen de su trabajo sobre
las ventajas que en el aprovechamiento de los alumnos de telesecundaria tienen
los maestros seleccionados por mérito– muestra que los cambios en el sistema de
profesionalización docente han comenzado a dar buenos resultados. Con esos
argumentos, la oposición en el Congreso debe actuar como lo hizo en el caso de
la Guardia Nacional, para forzar a la mayoría a negociar un cambio
constitucional que no destruya lo avanzado, mientras corrige los errores de la
reforma de 2013.
Es posible conciliar los intereses de
los maestros con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Si el mayor
agravio de los profesores ha sido que la evaluación del desempeño resulta
amenazante, entonces lo que se debe hacer es cambiar el tipo de evaluación y su
sentido, para convertirla en un proceso promocional, de manera que el buen
desempeño sea premiado, mientras que los malos resultados se compensen con
programas de formación permanente. De ahí a eliminar los concursos de ingreso y
de promoción y a crear un órgano controlado una vez más por las organizaciones
gremiales para que la evaluación sea una simulación hay un gran trecho.
La iniciativa presidencial se deberá
dictaminar junto con la presentada por los cuatro grupos parlamentarios de
oposición y elaborada por los académicos agrupados en RED. Es de esperarse que
en el proceso de dictamen se tomen en cuenta las opiniones de los especialistas
que participaron en las audiencias de la semana pasada en el Senado. Una vez
más vale la pena construir un consenso que tome en cuenta la evidencia para
ajustar la Constitución de acuerdo con ella y no sólo con los intereses
políticos de la coalición mayoritaria.
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