La Guardia Nacional.

Por José Gil Olmos.

A finales de octubre del 2018, siendo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los entonces secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, en su casa de campaña de la colonia Roma. Tras esa reunión a puerta cerrada su postura cambió y desde entonces dio un giro completo y decidió que las fuerzas armadas siguieran al frente de la lucha contra crimen organizado, como en su momento lo hicieron Felipe calderón y Enrique Peña Nieto.

Evidentemente en esas horas a solas con los mandos militares responsables de esta lucha contra el narcotráfico que ya lleva por lo menos dos sexenios, López Obrador supo del enorme poder de las bandas criminales asociadas con el poder político, de los alcances de su influencia, así como de los riesgos de que se erijan en una insurgencia criminal en amplias zonas del país.

Es importante recordar esas reuniones porque hicieron que López Obrador cambiara no solo de opinión, sino de posición ante las fuerzas armadas a las cuales había criticado agriamente por sus actuaciones, principalmente por el caso de la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Durante casi medio año López Obrador y su equipo de juristas, de seguridad pública y gobierno buscaron una salida intermedia para hacer frente a este problema de seguridad nacional.

El crecimiento del poder económico y político del crimen organizado en todo el país, con alianzas en más de 40 países, la ineficacia de las policías municipal, estatal y federal, así como la enorme corrupción en todo el sistema policiaco, acotaron de inmediato el margen de maniobrabilidad del presidente electo, que encontró en la figura de la Guardia Nacional la puerta de salida.

¿Qué fue lo que supo López Obrador que no haya imaginado antes de ganar? ¿Cuál fue la información que le presentaron los altos mandos militares que le hizo poner los pies sobre la tierra? ¿Acaso fue algo de lo que salió en el juicio en contra del Chapo Guzmán de los favores que le pagaron a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Le hablaron del peligro de que muchas zonas del país estén en riesgo de ser tomadas absolutamente por las bandas criminales? ¿Le pusieron sobre la mesa los expedientes de personajes públicos importantes que conoce y están vinculados con el crimen organizado? ¿Le expusieron del riesgo que representa para la gobernabilidad y la permanencia del Estado de derecho la proliferación de las bandas criminales?

Quizá fueron estas y muchas otras informaciones graves las que le expusieron los representantes de las fuerzas armadas a López Obrador en aquellas reuniones que fueron claves para decidir que se mantengan los militares a través de la Guardia Nacional en la lucha contra el crimen organizado, a pesar de las críticas de organizaciones mexicanas e instancias internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, entre otras.

Por cierto… El cambio para que sea civil y no militar el mando de la Guardia Nacional no fue bien recibido por el presidente López Obrador, que aun tiene la posibilidad del veto para dar marcha atrás a la votación mayoritaria de diputados y senadores. Las consecuencias de esto sería generar una crisis institucional porque seguramente vendrían una serie de demandas de controversia constitucional que metería en un nuevo conflicto al jefe del ejecutivo quien, de por sí, ya tiene demasiados frentes que atender en estos 100 días de gobierno.