Por
Veneranda Mendoza.
Teodoro Palomino, líder fundador de
la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), pedirá la intervención de la
Legislatura del Estado de México para que, en su calidad de ente fiscalizador y
garante del equilibrio de Poderes, investigue los juzgados civiles de la
entidad, tras denunciar su posible participación en una red de despojo de
inmuebles.
Inicialmente
por posible fraude procesal, Palomino
Gutiérrez levantó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México, radicada con el expediente 3378/12-18 -cuya copia proporcionó
a Apro-, contra Ignacio Carmona Rodríguez, Jorge Luis Huerta Chávez, Eduardo
Arturo Alarcón O´farril, Jorge Antonio Espinosa Blancas, Argelia Alejandra
Balladares Villarreal, María Lourdes Eugenia Espinosa Blancas, Ana Laura Ruiz
Rivera y contra quien resulte responsable.
Todos ellos, destacó, en complicidad
con jueces de lo civil en el Estado de México y de la Ciudad de México, tienen
vigentes al menos 28 juicios simulados cuyo fin último es el despojo de
inmuebles.
“A este grupo lo hemos llamado el
cártel del despojo; todos ellos tienen diversos juicios civiles montados
básicamente en Naucalpan, contra propiedades de la Ciudad de México,
generalmente en zonas con alta plusvalía, como las colonias La Condesa, Polanco
y San Rafael… Incluso encontramos que en Monterrey ellos tienen un despacho
jurídico y una inmobiliaria”, señaló.
Sobre su
demanda específica, la Fiscalía
capitalina se declaró incompetente y la envió a la Fiscalía mexiquense, quien
la radicó en Naucalpan, además por falsificación, alteración y uso indebido de
documentos, bajo el folio 01/158/2019.
Modus Operandi.
El modus
operandi de este grupo, explicó el afectado, consiste en que sus integrantes, sin ser propietarios de los inmuebles
que reclaman, se demandan entre sí a través de juicios de desahucio -amparados
con contratos ficticios de arrendamiento- que no incluyen ni sus domicilios, ni
identificaciones ni referente alguno sobre la investigación correspondiente.
“Ya que se demandan, el demandado se
allana; es decir, acepta que realizó el contrato con su
demandante, asegura que el domicilio es propiedad de quien lo demanda, pero
dice no tener dinero para pagarle; el demandante pide al juzgado el desalojo de
quienes allí viven, se meten en el inmueble con documentos falsos y,
finalmente, se quedan con los inmuebles que, más tarde, aparecen escriturados
–posiblemente también con documentos falsos- a nombre de Eduardo Arturo Alarcón
O´farril”, detalló.
Palomino
Gutiérrez llegó a esta conclusión,
después de que el 5 de noviembre de 2018 el actuario del Juzgado 27 Civil de la
Ciudad de México pretendió notificar en su domicilio de la colonia San Rafael
un exhorto sobre el juicio especial de desahucio 123/2018 entablado por Ignacio
Carmona Chávez contra Jorge Luis Huerta Chávez; ninguno de los dos es residente
en el inmueble y ambos son desconocidos para él.
En su
informe del 12 de noviembre, expuso, el
actuario asegura que llegó a la propiedad, tocó la puerta, salió Jorge Luis Huerta,
y le notificó a éste. Como prueba, presentó una fotografía de Huerta Chávez que
fue tomada a las afueras de su domicilio, en la calle, lo que a su decir
implica una irregularidad jurídica básica.
Al investigar la situación en que su
inmueble se encuentra, “en el Registro Público de la Propiedad nos encontramos
que había una inscripción preventiva de un supuesto acto de compra-venta de
nuestra propiedad por Eduardo Arturo Alarcón O´farril, acto realizado ante la
notaria pública 91, María Guadalupe Pérez, de Nicolás Romero”, explicó.
Palomino señaló que en su caso se encuentra
involucrada Rosario Abigail Tinoco Rincón, juez cuarto civil de primera
instancia con residencia en Naucalpan de Juárez, pero después de acudir al
juzgado a preguntar, ésta giró instrucciones para “no prestar a los autorizados
en lo principal” el expediente, bajo el argumento de que el señor no es parte
en el juicio, “y el miércoles pasado, nuestro juicio ya está desaparecido del
boletín judicial electrónico y aparece un juicio inicial distinto”.
Más casos.
Sin embargo,
destacó, éste no es el único proceso
simulado. Tan sólo en el juzgado cuarto civil de Naucalpan, Ignacio Carmona
Chávez es parte en los juicios 123/2018, 742/2018, 55/2018, 587/2017, 455/2017,
42/2017, 786/2016, 226/2016 y 208/2016; mientras en el juzgado quinto también
participa en los expedientes 788/2018, 702/2018, 76/2018 y 246/2016.
De igual
manera, existen procedimientos
judiciales que lo incluyen en los juzgados civiles de Tlalnepantla, Toluca y
Atizapán de Zaragoza.
La red de despojo prosiguió, se
extiende a la Ciudad de México, donde los Juzgados 8, 16, 27 y 73 en materia
civil reciben los exhortos de los Juzgados mexiquenses y, con posibilidad,
autorizan los desalojos con uso de la fuerza pública.
En el resto
de las situaciones, destacó, lo más
probable es que los dueños no conozcan estos procesos; desde que comenzó a
operar esta red al día de hoy, alertó, pueden sumar ya cientos los afectados.
Aunque Eduardo Alarcón O´farril niega
ser parte de los juicios, agregó, es el beneficiario; además asegura tener las
escrituras de los inmuebles, y al final acusa a los propietarios de invasores.
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