Por
Guadalupe Correa-Cabrera.
La polémica decisión de Andrés Manuel
López Obrador de recortar—o mejor dicho, reorientar—los recursos que el
Gobierno Federal otorga a las llamadas organizaciones de la sociedad civil
(OSCs) que participan en diversas áreas de atención a la población, ha desatado
recientemente una ola de críticas voraces por parte de la oposición, quien
reacciona con exigencias para la restitución inmediata de los apoyos
justificando el papel benefactor y la “importante labor social” de estas
agrupaciones (muchas de ellas, supuestamente, “sin fines de lucro”). De igual
manera, las recientes declaraciones por parte del Presidente de México con
relación a los intereses y esencia de algunas de estas OSCs y su utilización
como instrumentos políticos, han provocado un debate interesante en la esfera
pública que vale pena analizar.
Es importante destacar que algunos de
los argumentos en favor de la denominada “sociedad civil” frente a los
supuestos ataques del Presidente de México, muestran un total desconocimiento
del origen y significado real del concepto mismo. En el debate actual se
percibe claramente ingenuidad y desinformación por parte de quienes, en un
mundo maniqueo, consideran a las OSCs como fieles representantes de la bondad y
la justicia social. Por otro lado, se aprecia el oportunismo y la mezquindad de
quienes desean a toda costa el fracaso del proyecto del actual Gobierno
mexicano por así convenir a sus intereses. Al mismo tiempo, pareciera ser que
los juicios de Andrés Manuel han dejado al descubierto las verdaderas
motivaciones de algunas organizaciones que por mucho tiempo se beneficiaron la
recepción de cuantiosos recursos públicos—y beneficiaron a su vez, a políticos
que facilitaron esta entrega—utilizando la falsa bandera del compromiso
colectivo y la acción ciudadana.
En primer
lugar, es necesario aclarar el concepto
básico de sociedad civil. En teoría, la sociedad civil no es ni buena, ni mala.
Su esencia no se puede calificar en la esfera de lo ético y mucho menos
apelando a la moral. Bajo la óptica de la dialéctica, la sociedad civil constituye
en realidad la síntesis de la contraposición del Estado y el Mercado en una
sociedad capitalista. Dicha síntesis la explica relativamente bien el
expresidente (neoliberal) mexicano Carlos Salinas de Gortari en su libro de
casi mil páginas titulado: Democracia Republicana. Ni Estado Ni Mercado: Una
Alternativa Ciudadana (Debate, 2011). Para Salinas—quien jamás pone en duda al
sistema económico—el momento actual [en la era neoliberal] es el “momento de
los ciudadanos participativos”.
Bajo este marco teórico y en la
práctica, las llamadas organizaciones de la sociedad civil constituyen la
representación de grupos de interés particulares que sólo existen en las
sociedades capitalistas. Apelando al pluralismo occidental en una “democracia
republicana” (como dice Salinas) anclada en el capitalismo, estamos realmente
hablando de diversos intereses representados por organizaciones de distinta
índole que se denominan ciudadanas. Los intereses son plurales y en una
sociedad capitalista son el fiel reflejo de las desiguales imperantes. Por eso
tenemos un sinfín de organizaciones que representan todo tipo de intereses: a
mujeres, inmigrantes, pueblos originarios, grupos de ambientalistas, grupos
LGBT, madres de desaparecidos, grupos promotores del derecho a la vida y los
valores familiares, … y, por su puesto, a empresarios. No existen OSCs de
izquierda o de derecha en esencia. Unas comparten valores de la llamada
izquierda y otras coinciden con causas de “la derecha”, pero no se determinan
por ideologías. Son intereses y punto.
Algunas de estas organizaciones
buscan luchar por los derechos humanos, pero muchas otras luchan exclusivamente
por sus propios derechos y para avanzar sus agendas individuales. No me queda
claro aún por qué en el debate político actual en México se describe a la
sociedad civil como promotora fundamental de los derechos humanos. Este
pensamiento deja ver una distorsión real del concepto mismo de sociedad civil.
Sin embargo, como lo sugieren acertadamente López Obrador y otros actores mejor
informados, pareciera ser que algunos grupos (representados por OSCs
específicas) se han aprovechado de esta laguna en el conocimiento de muchos y
han capitalizado el término para avanzar sus propias agendas.
En este
contexto, lo sí queda claro es que en
una sociedad capitalista con grandes desigualdades (como la mexicana), la
sociedad civil estará mejor representada por los grandes grupos económicos, que
son los que al mismo tiempo tienen una relación más cercana—e inclusive
endogámica—con el poder político tradicional. Esto parece aplicar directamente
a organizaciones como Mexicanos Primero, Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),
Comisión Unidos Vs. Trata, México ¿Cómo Vamos?, Vamos México, México Unido
Contra la Delincuencia, Causa en Común, México Evalúa y un sinfín de
organizaciones más. Algunas de estas OSCs operan con capital de los empresarios
más ricos de México y otras han contado con el apoyo de (y han apoyado a)
políticos del más alto nivel. Estas relaciones ilustran claramente cómo la
sociedad civil sintetiza al Estado y al mercado. En otras palabras, Gobierno y
empresarios se encuentran articulados por la llamada sociedad civil.
Lo anterior sucede en mayor o menor
medida en todas las sociedades del mundo capitalista. Las relaciones desiguales
del mercado libre se reflejan fielmente en su sociedad civil. Por lo tanto, no
nos sorprende que las OSCs con más presencia y capacidad de acción para
articular sus agendas y promover sus intereses sean aquellas que representan a
los más poderos económicamente. No sorprende tampoco su crítica férrea y
destructiva hacia todos los intentos de la nueva administración mexicana por
transformar las estructuras sociales de México, pues ello atenta directamente
contra sus propios intereses. Lo que sí sorprende es que se presenten como
entes impolutos con almas caritativas y benefactoras, cuyo último fin es la
justicia social y la defensa de los derechos humanos. Esto es deshonesto y
falaz, cuando por definición, se constituyen como grupo para avanzar sus
propias agendas.
Algo que también es reprobable es la
defensa a ultranza de lo indefendible, en particular, del uso millonario de
recursos públicos para beneficiar a algunas OSCs mercenarias y financiar
proyectos de proselitismo político. Los recortes presupuestales autorizados por
AMLO a estancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia
constituyen un esfuerzo importante para combatir la corrupción en México y
revisar o reorientar lo recursos para proyectos asistenciales. Preocupa
sobremanera la conducción de los trabajos de algunas organizaciones y supuestos
representantes de la “inflada” sociedad civil que han hecho crecer a sus empresas
familiares mediante la triangulación de recursos del Estado mexicano
originalmente destinados a proyectos sociales.
Un caso
emblemático es el de la Comisión Unidos
Vs. Trata y el de la secta cristiana Casa Sobre la Roca (CSR), proyectos
encabezados por el matrimonio formado por Alejandro Orozco y Rosa María de la
Garza, esta última conocida como Rosi Orozco—destapada recientemente por el
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge
Olvera García, como candidata al Premio Nobel de la Paz. Espléndidas
investigaciones periodísticas realizadas por Arturo Rodríguez García para la
revista Proceso [1] e Ignacio Alvarado Álvarez para Newsweek en Español [2 nos
revelan los obscuros manejos de cuantiosos recursos públicos destinados originalmente
para trabajos asistenciales, tratamiento de adicciones y protección a mujeres
víctimas de violencia y a víctimas de trata de personas. En dichas historias se
hace aparente la triangulación de recursos del Estado mexicano en beneficio de
empresas relacionadas con los mencionados líderes espirituales y supuestos
defensores de derechos humanos. Quizás sea el momento de que las autoridades
comiencen por fin a investigar.
Vale la pena revisar con cuidado
estos reveladores reportajes. Aquí se hace patente el uso político y electoral
de proyectos religiosos y asistenciales, que además vinculan a los
protagonistas a agendas legislativas específicos, actos de campaña y la
ocupación de cargos en la administración pública federal (ver reportajes de
Rodríguez García de 20111/). El tema de la lucha contra la trata de personas en
México, el papel de algunas OSCs involucradas en estas cuestiones y el manejo
de albergues o refugios para mujeres víctimas de violencia con dineros públicos
es un tema muy importante que debe manejarse aparte por lo delicado del asunto.
López Obrador puso el dedo en el renglón y es de celebrarse. También lo puso en
el tema de los subsidios específicos a estancias infantiles como parte de
proyectos de proselitismo electoral. Es preocupante y triste que algunas OSCs y
actores políticos lucren con la tragedia y con la necesidad de personas
víctimas de delito y en situación de extrema vulnerabilidad.
En esencia, la crítica de López Obrador a algunas
OSCs—no a todas, y esto debe quedar claro—es válida y hace sentido en el
contexto actual si analizamos el concepto de sociedad civil en la teoría y
evaluamos la participación de algunos de sus malos representantes. La crítica
al papel deshonesto y quizás corrupto de algunas de estas organizaciones es
fundamental y es sumamente necesario revisar los apoyos que han venido
recibiendo y la dirección futura de los mismos. Sin pretender tratar de
interpretar “lo que quiso decir el Presidente” creo que lo que trata de hacer
es positivo para el país y sus finanzas públicas, al tiempo que constituye un
intento genuino (aunque preliminar) para dar una mejor atención a las personas
más vulnerables de México luchando contra el oportunismo de algunos en el
pasado.
Aún no está clara del todo la agenda
social de Andrés Manuel López Obrador y por lo que ha dicho en ocasiones,
podría correrse el riesgo de caer en el asistencialismo extremo e improductivo
que caracteriza a algunos gobiernos populistas. Sin embargo, le podemos dar hoy
el beneficio de la duda y apelar a la crítica constructiva. La oposición
reaccionaria y la crítica ingenua y desinformada no ayudan de nada al país.
Debemos recordar que la sociedad civil no es ni buena ni mala por sí misma, y
solo es el espejo de intereses desiguales en la sociedad capitalista mexicana.
Notas:
[1] La serie
de trabajos de Arturo Rodríguez García pueden encontrarse en los siguientes
enlaces.
https://www.proceso.com.mx/291748/con-la-bendicion-de-los-pinos
https://www.proceso.com.mx/276783/sustituto-de-el-yunque
https://www.proceso.com.mx/282611/la-cruzada-de-calderon-y-sus-ligas-con-la-secta-casa-sobre-la-roca
https://www.proceso.com.mx/276888/la-secta-que-infiltro-al-gobierno-y-se-nutre-del-presupuesto
[2] Ver el
reportaje de Ignacio Alvarado Álvarez titulado “Los obscuros caminos de la
trata” en:
https://newsweekespanol.com/2017/12/los-oscuros-caminos-de-la-trata/
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