miércoles, 27 de febrero de 2019

AMLO y la sociedad civil.


Por Guadalupe Correa-Cabrera.

La polémica decisión de Andrés Manuel López Obrador de recortar—o mejor dicho, reorientar—los recursos que el Gobierno Federal otorga a las llamadas organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que participan en diversas áreas de atención a la población, ha desatado recientemente una ola de críticas voraces por parte de la oposición, quien reacciona con exigencias para la restitución inmediata de los apoyos justificando el papel benefactor y la “importante labor social” de estas agrupaciones (muchas de ellas, supuestamente, “sin fines de lucro”). De igual manera, las recientes declaraciones por parte del Presidente de México con relación a los intereses y esencia de algunas de estas OSCs y su utilización como instrumentos políticos, han provocado un debate interesante en la esfera pública que vale pena analizar.

Es importante destacar que algunos de los argumentos en favor de la denominada “sociedad civil” frente a los supuestos ataques del Presidente de México, muestran un total desconocimiento del origen y significado real del concepto mismo. En el debate actual se percibe claramente ingenuidad y desinformación por parte de quienes, en un mundo maniqueo, consideran a las OSCs como fieles representantes de la bondad y la justicia social. Por otro lado, se aprecia el oportunismo y la mezquindad de quienes desean a toda costa el fracaso del proyecto del actual Gobierno mexicano por así convenir a sus intereses. Al mismo tiempo, pareciera ser que los juicios de Andrés Manuel han dejado al descubierto las verdaderas motivaciones de algunas organizaciones que por mucho tiempo se beneficiaron la recepción de cuantiosos recursos públicos—y beneficiaron a su vez, a políticos que facilitaron esta entrega—utilizando la falsa bandera del compromiso colectivo y la acción ciudadana.

En primer lugar, es necesario aclarar el concepto básico de sociedad civil. En teoría, la sociedad civil no es ni buena, ni mala. Su esencia no se puede calificar en la esfera de lo ético y mucho menos apelando a la moral. Bajo la óptica de la dialéctica, la sociedad civil constituye en realidad la síntesis de la contraposición del Estado y el Mercado en una sociedad capitalista. Dicha síntesis la explica relativamente bien el expresidente (neoliberal) mexicano Carlos Salinas de Gortari en su libro de casi mil páginas titulado: Democracia Republicana. Ni Estado Ni Mercado: Una Alternativa Ciudadana (Debate, 2011). Para Salinas—quien jamás pone en duda al sistema económico—el momento actual [en la era neoliberal] es el “momento de los ciudadanos participativos”.

Bajo este marco teórico y en la práctica, las llamadas organizaciones de la sociedad civil constituyen la representación de grupos de interés particulares que sólo existen en las sociedades capitalistas. Apelando al pluralismo occidental en una “democracia republicana” (como dice Salinas) anclada en el capitalismo, estamos realmente hablando de diversos intereses representados por organizaciones de distinta índole que se denominan ciudadanas. Los intereses son plurales y en una sociedad capitalista son el fiel reflejo de las desiguales imperantes. Por eso tenemos un sinfín de organizaciones que representan todo tipo de intereses: a mujeres, inmigrantes, pueblos originarios, grupos de ambientalistas, grupos LGBT, madres de desaparecidos, grupos promotores del derecho a la vida y los valores familiares, … y, por su puesto, a empresarios. No existen OSCs de izquierda o de derecha en esencia. Unas comparten valores de la llamada izquierda y otras coinciden con causas de “la derecha”, pero no se determinan por ideologías. Son intereses y punto.

Algunas de estas organizaciones buscan luchar por los derechos humanos, pero muchas otras luchan exclusivamente por sus propios derechos y para avanzar sus agendas individuales. No me queda claro aún por qué en el debate político actual en México se describe a la sociedad civil como promotora fundamental de los derechos humanos. Este pensamiento deja ver una distorsión real del concepto mismo de sociedad civil. Sin embargo, como lo sugieren acertadamente López Obrador y otros actores mejor informados, pareciera ser que algunos grupos (representados por OSCs específicas) se han aprovechado de esta laguna en el conocimiento de muchos y han capitalizado el término para avanzar sus propias agendas.

En este contexto, lo sí queda claro es que en una sociedad capitalista con grandes desigualdades (como la mexicana), la sociedad civil estará mejor representada por los grandes grupos económicos, que son los que al mismo tiempo tienen una relación más cercana—e inclusive endogámica—con el poder político tradicional. Esto parece aplicar directamente a organizaciones como Mexicanos Primero, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Comisión Unidos Vs. Trata, México ¿Cómo Vamos?, Vamos México, México Unido Contra la Delincuencia, Causa en Común, México Evalúa y un sinfín de organizaciones más. Algunas de estas OSCs operan con capital de los empresarios más ricos de México y otras han contado con el apoyo de (y han apoyado a) políticos del más alto nivel. Estas relaciones ilustran claramente cómo la sociedad civil sintetiza al Estado y al mercado. En otras palabras, Gobierno y empresarios se encuentran articulados por la llamada sociedad civil.

Lo anterior sucede en mayor o menor medida en todas las sociedades del mundo capitalista. Las relaciones desiguales del mercado libre se reflejan fielmente en su sociedad civil. Por lo tanto, no nos sorprende que las OSCs con más presencia y capacidad de acción para articular sus agendas y promover sus intereses sean aquellas que representan a los más poderos económicamente. No sorprende tampoco su crítica férrea y destructiva hacia todos los intentos de la nueva administración mexicana por transformar las estructuras sociales de México, pues ello atenta directamente contra sus propios intereses. Lo que sí sorprende es que se presenten como entes impolutos con almas caritativas y benefactoras, cuyo último fin es la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Esto es deshonesto y falaz, cuando por definición, se constituyen como grupo para avanzar sus propias agendas.

Algo que también es reprobable es la defensa a ultranza de lo indefendible, en particular, del uso millonario de recursos públicos para beneficiar a algunas OSCs mercenarias y financiar proyectos de proselitismo político. Los recortes presupuestales autorizados por AMLO a estancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia constituyen un esfuerzo importante para combatir la corrupción en México y revisar o reorientar lo recursos para proyectos asistenciales. Preocupa sobremanera la conducción de los trabajos de algunas organizaciones y supuestos representantes de la “inflada” sociedad civil que han hecho crecer a sus empresas familiares mediante la triangulación de recursos del Estado mexicano originalmente destinados a proyectos sociales.

Un caso emblemático es el de la Comisión Unidos Vs. Trata y el de la secta cristiana Casa Sobre la Roca (CSR), proyectos encabezados por el matrimonio formado por Alejandro Orozco y Rosa María de la Garza, esta última conocida como Rosi Orozco—destapada recientemente por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, como candidata al Premio Nobel de la Paz. Espléndidas investigaciones periodísticas realizadas por Arturo Rodríguez García para la revista Proceso [1] e Ignacio Alvarado Álvarez para Newsweek en Español [2 nos revelan los obscuros manejos de cuantiosos recursos públicos destinados originalmente para trabajos asistenciales, tratamiento de adicciones y protección a mujeres víctimas de violencia y a víctimas de trata de personas. En dichas historias se hace aparente la triangulación de recursos del Estado mexicano en beneficio de empresas relacionadas con los mencionados líderes espirituales y supuestos defensores de derechos humanos. Quizás sea el momento de que las autoridades comiencen por fin a investigar.

Vale la pena revisar con cuidado estos reveladores reportajes. Aquí se hace patente el uso político y electoral de proyectos religiosos y asistenciales, que además vinculan a los protagonistas a agendas legislativas específicos, actos de campaña y la ocupación de cargos en la administración pública federal (ver reportajes de Rodríguez García de 20111/). El tema de la lucha contra la trata de personas en México, el papel de algunas OSCs involucradas en estas cuestiones y el manejo de albergues o refugios para mujeres víctimas de violencia con dineros públicos es un tema muy importante que debe manejarse aparte por lo delicado del asunto. López Obrador puso el dedo en el renglón y es de celebrarse. También lo puso en el tema de los subsidios específicos a estancias infantiles como parte de proyectos de proselitismo electoral. Es preocupante y triste que algunas OSCs y actores políticos lucren con la tragedia y con la necesidad de personas víctimas de delito y en situación de extrema vulnerabilidad.

En esencia, la crítica de López Obrador a algunas OSCs—no a todas, y esto debe quedar claro—es válida y hace sentido en el contexto actual si analizamos el concepto de sociedad civil en la teoría y evaluamos la participación de algunos de sus malos representantes. La crítica al papel deshonesto y quizás corrupto de algunas de estas organizaciones es fundamental y es sumamente necesario revisar los apoyos que han venido recibiendo y la dirección futura de los mismos. Sin pretender tratar de interpretar “lo que quiso decir el Presidente” creo que lo que trata de hacer es positivo para el país y sus finanzas públicas, al tiempo que constituye un intento genuino (aunque preliminar) para dar una mejor atención a las personas más vulnerables de México luchando contra el oportunismo de algunos en el pasado.

Aún no está clara del todo la agenda social de Andrés Manuel López Obrador y por lo que ha dicho en ocasiones, podría correrse el riesgo de caer en el asistencialismo extremo e improductivo que caracteriza a algunos gobiernos populistas. Sin embargo, le podemos dar hoy el beneficio de la duda y apelar a la crítica constructiva. La oposición reaccionaria y la crítica ingenua y desinformada no ayudan de nada al país. Debemos recordar que la sociedad civil no es ni buena ni mala por sí misma, y solo es el espejo de intereses desiguales en la sociedad capitalista mexicana.

Notas:

[1] La serie de trabajos de Arturo Rodríguez García pueden encontrarse en los siguientes enlaces.

https://www.proceso.com.mx/291748/con-la-bendicion-de-los-pinos

https://www.proceso.com.mx/276783/sustituto-de-el-yunque

https://www.proceso.com.mx/282611/la-cruzada-de-calderon-y-sus-ligas-con-la-secta-casa-sobre-la-roca

https://www.proceso.com.mx/276888/la-secta-que-infiltro-al-gobierno-y-se-nutre-del-presupuesto

[2] Ver el reportaje de Ignacio Alvarado Álvarez titulado “Los obscuros caminos de la trata” en:

https://newsweekespanol.com/2017/12/los-oscuros-caminos-de-la-trata/

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