Salvador
Camarena.
En un
pasillo de la redacción de El Norte, de Monterrey, exhibían una fotografía con
la que alguna vez se desenmascaró la tendencia del PRI-Gobierno de rebajar las
cifras de los asistentes a los mítines de opositores.
Como en los
ochenta e incluso en los noventa El Sistema, con mayúsculas, monopolizaba todo,
podía decir que a tal cierre de campaña panista apenas si habían acudido unos
cuantos cientos. Muchos medios, impresos y electrónicos, creerían más a las
interesadas fuentes oficiales que a sus ojos (o eso elegían). Así desaparecían
a la oposición: al manipular imágenes (nunca sacando planos abiertos), al
mentir sobre concurrencias.
Por ello, en
El Norte se les ocurrió tomar una fotografía de un mitin de ese tipo, la
imprimieron en gran formato, y varios ciudadanos fueron invitados a poner un
alfiler de cabeza de color por cada persona que aparecía en la imagen.
Publicaron la cifra resultante y El Sistema quedó exhibido: mentían las
autoridades y los medios que se plegaban a la voluntad tricolor.
En otro
caso, en los tiempos José López Portillo, el periodista José Gutiérrez Vivó
quiso narrar en la radio la dimensión del desastre ecológico tras el derrame,
en 1979, en la perforación del pozo petrolero Ixtoc I. Las autoridades trataron
de desacreditar al locutor de Monitor por asegurar que el accidente era
minimizado por Pemex; Gutiérrez Vivó recurrió a ciudadanos, que visitaron la
zona y dieron al aire de viva voz un testimonio coral donde se ratificaba lo
ridículo del intento del Sistema, que trataba de negar a sus gobernados un
desastre ambiental que durante meses afectó las costas de Campeche, Tabasco,
Veracruz y Tamaulipas.
Estos
ejemplos, citados de memoria, vienen a cuento por lo que vimos el fin de
semana. Me refiero a la consulta por la termoeléctrica en Huexca, Morelos.
El gobierno
decidió cuándo, cómo y dónde hacer una consulta de un proyecto rechazado por
varias comunidades. El gobierno decidió que el asesinato de un activista no era
motivo para retrasar ni la fecha ni el formato de la consulta. El gobierno
informó del resultado de la misma cuando quiso, decidió unilateralmente
entregar la información que capturó de aquellos que participaron en la consulta
y, también unilateralmente, decretó que el proyecto va porque, obvio, había
obtenido el respaldo de la gente consultada.
Frente a lo
anterior hay de dos sopas. La convencional, que no por ortodoxa es menos
válida: denunciar con argumentos legales ordinarios –insisto, legítimos per se–
que la consulta ni siquiera reúne las condiciones para ser llamada como tal. O,
segunda sopa, asumir que eso no basta ahora, igualito que no bastaba hace
décadas.
En la
consulta vimos el choque entre un gobierno empeñado en ganar el ejercicio y a
unos pueblos resueltos a no permitir la termoeléctrica. Lo que no vimos fue a
una sociedad sacando del baúl algunas lecciones aprendidas en tiempos de
grotescos fraudes y mentiras priistas. El ejercicio llevado a cabo el fin de
semana en poblaciones de Morelos, Puebla y Tlaxcala no fue, en términos
generales, observado por la sociedad civil.
Supongo que
no es un terreno sencillo: ¿Decidir observar la consulta significa validarla?
¿Sustraerse de ella da margen para cuestionarla mejor? ¿Si están las comisiones
de derechos humanos, estatal de Morelos y nacional, involucradas ya está
cubierto el expediente de que habrá alguien que de manera autónoma podrá emitir
un juicio, una valoración? ¿Un gobierno con harto respaldo y mayorías
legislativas puede ser dejado solo en el ejercicio, y en principio se le debe
creer que actuó de buena fe y con metodología adecuada? ¿Debemos desconfiar de
ese a quien ayudamos a llegar a la Presidencia?
Desde el
antiguo régimen, pero sobre todo en las alternancias, se vivieron dinámicas
donde la sociedad lograba, no sin presión, arrancar a los gobiernos compromisos
sobre la mejor manera de resolver algunas problemáticas. Así nacieron algunos
órganos autónomos y en momentos coyunturales se logró la inclusión de
ciudadanos, individuos o colectivos, en la búsqueda de soluciones.
Sin embargo,
el nuevo gobierno ha manifestado en el discurso y en los hechos su voluntad de
reinstaurar un poder central, vertical y concentrador que haga todo, y sin
intermediarios. No creo que por lo visto estos primeros tres meses sea mucho
decir que también sin interlocutores.
Desde que
Andrés Manuel López Obrador ganó la elección de julio ha hecho uso de ese poder
para definir qué es y qué no es la realidad de México hoy.
En la
consulta, y como en los viejos tiempos, el gobierno puso y dispuso, y si no
están de acuerdo qué pena.
Ante tal
ambición, ante tal nueva-vieja realidad, no pocos ciudadanos deberían recordar
las lecciones aprendidas en los tiempos priistas, cuando además de tener la
razón o la ley de su lado, la sociedad tenía que mostrar arrojo, creatividad,
compromiso y templanza para no permitirle al gobierno creerse el cuento de que
ellos pueden, y deben, actuar solos.
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