El
presidente de la Comisión de la Defensa Nacional del Senado, Félix Salgado Macedonio, presentará este
jueves una iniciativa mediante la cual se crea la figura del “ombudsman
militar”.
El
legislador de Morena subirá a tribuna un
proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado “C” del artículo 102 de
la Constitución, en el que se establece que la oficina de asuntos militares,
denominada el “ombudsman militar”.
Así, se
establece que esta figura tendrá como
función principal el control parlamentario de las Fuerzas Armadas, será
responsable ante el Congreso de la Unión, estará limitado únicamente a los
asuntos de la defensa nacional y Fuerzas Armadas, supervisará la administración
y los gastos militares, el trato y bienestar de los soldados, y vigilará la
procuración y la administración de justicia dentro del ámbito militar, ya sea
que la ejerciten los fiscales públicos y los tribunales comunes, o los
comandantes militares, así como los efectos de la acción de mando y el
ejercicio del presupuesto.
“Fuera de tecnicismos militares,
puede investigar por iniciativa propia las quejas de conscriptos, soldados y
oficiales e intervenir en los casos de abuso, el objetivo es fortalecer la
confianza pública en la organización de la defensa nacional.
“Es designado, por más de dos
terceras partes de la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años con
derecho a una reelección, tendrá una pensión únicamente por tres períodos de
servicio”, se establece.
De acuerdo
con la propuesta publicada en la Gaceta del Senado, las funciones relativas a su encargo serán independientes del Ejecutivo
y del Legislativo, no recibirá instrucciones sobre los asuntos que deban ser
investigados.
Sin embargo,
rendirá al Congreso un informe anual
impreso relativo a las actividades realizadas, tendrá como principal
responsabilidad el de asegurarse que los oficiales, y otros funcionarios
encargados de los trabajos inherentes a la administración militar, respeten los
estatutos, leyes y reglamentos.
La iniciativa asevera que este
planteamiento se hace evidente si se observa la intención de Washington de
involucrar a los ejércitos de América Latina en actividades policiales -la
lucha contra el narcotráfico, la persecución y combate del crimen organizado y
el terrorismo.
El segundo es el reclamo de las
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de derechos
humanos, del sistema interamericano de derechos humanos y de la sociedad civil,
de que se aclaren los actos de corrupción y de violaciones a los derechos
humanos perpetrados en el pasado por diversos agentes del Estado mexicano.
“Este reclamo se haría efectivo a
través de la creación de una comisión de la verdad, que se encaminaría a
investigar el pasado, para comenzar a desmontar las estructuras que facilitan
las prácticas que violentan la dignidad de las personas, y que por tanto,
trastocan el Estado de derecho.”
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