Universidades públicas fueron
utilizadas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para desviar recursos públicos
y por ello hay 14 que cuentan con denuncias penales por su posible
participación en diversos fraudes; ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda ya actuó en contra de una primera universidad y
bloqueó sus cuentas por recibir fondos del extranjero.
En total suman 31 denuncias interpuestas ante la
entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues cuatro instituciones
han sido denunciadas en más de una ocasión.
La que más acumula irregularidades es
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con 9 denuncias penales y
fue la primera institución educativa en ser denunciada en 2012, luego en 2015 y
en 2017.
Le sigue la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEMOR) con siete denuncias penales; la Politécnica de
Chiapas, con 2; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Autónoma de
Zacatecas “Francisco García Salinas”, también con 2 denuncias, respectivamente.
Las restantes tienen una denuncia
penal: la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Guerrero, Juárez del Estado
de Durango, la Intercultural del Estado de México, la Tecnológica del Sur del
Estado de México y las Politécnicas del Sur de Zacatecas, de Texcoco, de
Quintana Roo, la Francisco I. Madero de Hidalgo.
La mayoría
de los casos son referentes al esquema
de desvío conocido como la Estafa Maestra en el que hicieron convenios con
dependencias de gobierno para que realizaran supuestos servicios, pero al no
tener la capacidad, subcontrataban a empresas que eran irregulares o fantasma
y, por tanto, el dinero desaparecía.
Para
realizar este tipo de convenios, las
dependencias de gobierno y universidades utilizaron la excepción a la Ley de
Adquisiciones que permite hacer servicios entre entes de gobierno federal sin
licitación, es decir, evaden la obligación de hacer un concurso abierto donde
los proveedores compiten para escoger a quienes ofrezcan las mejores
condiciones.
Además, el régimen fiscal de las universidades las
considera como entres “no lucrativas” y por tanto están exentas de entregar
reportes contables sobre las empresas que contratan como proveedores, como sí
lo deben hacer las empresas lucrativas ante el Servicio de Administración
Tributario (SAT).
Este martes,
la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas de una universidad
tras detectar que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de
cuentas bancarias ubicadas en más de provenientes de más de 22 países como
Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Sin embargo,
para respetar el debido proceso, dijo
que no haría público de momento el nombre de la universidad, que es investigada
por presunto lavado de dinero luego de un reporte sobre operaciones financieras
inusuales el 22 de febrero.
Exrector que firmó convenios, ahora
dirige el Consejo de ciencia en Morelos.
Pese a que han pasado cuatro años de
las primeras denuncias penales, ningún exfuncionario de las universidades ha
sido procesado por las irregularidades detectadas. Incluso, dos de los rectores
tienen puesto en otras instancias actualmente.
Alejandro Vera es ahora director
general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos,
designado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero fue rector de
la Universidad Autónoma de Morelos entre 2012 y 2017, institución que suma 7
denuncias penales en ese periodo.
Como rector,
Vera firmó cuatro convenios por 697
millones de pesos con la Sedesol en 2013 para supuestos servicios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, pero que no se cumplieron porque las empresas que
subcontrató la institución educativa eran irregulares y fantasma.
Por ello, la Auditoría interpuso cuatro denuncias
penales en octubre de 2015 y tres denuncias más en 2016 por más convenios
firmados en el ejercicio fiscal de 2014.
Jorge Olvera fue rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México entre 2013 y 2017, periodo en el que la
universidad fue denunciada penalmente, pero al concluir su administración, el
Congreso mexiquense lo eligió como presidente de la Comisión de Derechos del
Estado de México para el periodo de 2017 a 2021, por lo que sigue en el cargo.
Olvera, incluso, construyó su carrera en la
universidad, pues antes de ser rector fue secretario técnico de la oficina de
Rectoría, Abogado General y director de Desarrollo Administrativo.
La Universidad Autónoma del Estado de
México fue denunciada por primera vez en 2014 por los convenios por 422
millones de pesos suscritos a través del Fomento y Desarrollo de la
Investigación Científica y Tecnológica (Fondict-UAEM) con el Consejo Nacional
para la Culturas y las Artes (Conaculta) para “establecer las bases para la
realización de actividades conjuntas, encaminadas a la ejecución de proyectos”
durante el ejercicio fiscal de 2012.
Pero el
Fondict-UAEM subcontrató a proveedores y
no comprobó la realización de los servicios, por lo que, junto con el Conaculta
fue integrado en cuatro denuncias de hechos en octubre de 2014.
Pese a ello,
la Universidad y el Fondict volvieron a
hacer 28 convenios y subcontrataciones de este tipo con empresas irregulares
con la Secretaría de Desarrollo Social en 2013 y con el INEA, el ISSSTE y
SUPERISSSTE en 2014 por 2 mil 878 millones de pesos. Por las irregularidades
detectadas, la Auditoría le interpuso cinco denuncias penales más.
Sin embargo,
también otros casos como la Universidad
Veracruzana que fue denunciada en 2013 porque no aclaró el destino de 125
millones de pesos que recibió de la Federación a través de la partida
“Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”.
Otro caso similar es la Universidad
Autónoma de Guerrero y en el que la Auditoría determinó “un probable daño” a la
Hacienda Pública por 170 millones 949 mil pesos debido a que no comprobó que se
hayan hecho supuestas “asesorías” para la realización de diversos proyectos; ni
por los pagos de mantenimiento a diferentes unidades académicas y para la
instalación de software.
Otras
universidades repitieron el esquema de
La estafa maestra. Se trata de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas
y la Autónoma de Zacatecas hicieron convenios con la Sagarpa. La Tecnológica
del Sur del Estado de México y la Universidad Politécnica de Texcoco hicieron
convenios con la Sedesol en 2015, lo mismo que la Politécnica de Chiapas, la
Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Intercultural del Estado de México.
En tanto, las Universidades
Politécnicas de Quintana Roo, de Francisco I. Madero y de Chiapas hicieron
convenios con la Sedatu en 2016, por lo que fueron denunciadas más
recientemente, en octubre de 2018.
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