El
coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, dijo este lunes que nada impide jurídicamente a José Antonio Meade ser
miembro del consejo de administración de HSBC Holdings, pero que una vez se
modifique la ley, entonces sí, los ex funcionarios estarán impedidos para
ejercer ese tipo de cargos.
Luego de que
el grupo financiero británico HSBC anunciara la integración a su consejo de
administración del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, el presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que respeta la decisión de Meade.
“Por el momento tenemos respeto por la
decisión de José Antonio Meade. No vamos a hacer leña del árbol caído y deseo
que le vaya bien”, dijo Monreal. “Una vez que se apruebe entonces sí tendremos
que lograr impedir este tipo de circunstancias, pero mientras no se apruebe la
legislación, todos tenemos que observar el principio de legalidad”, añadió.
Meade se
integrará como director no ejecutivo independiente dentro del consejo de HSBC,
con sede en Londres, a partir del 1 de marzo de 2019. También formará parte del
comité de gobernanza corporativa y de nombramientos.
Según la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Meade puede trabajar en el sector privado
en el mismo ramo de su último cargo, ya que ha pasado más de un año desde que
fue titular de la SHCP con Enrique Peña Nieto, de 2016 a 2017, cuando anunció
su candidatura presidencial.
El anuncio
se da en medio de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a ex
presidentes que dejan las filas del gobierno para formar parte de empresas que
beneficiaron o ex secretarios que terminan en empresas relacionadas con el
sector estratégico en el que se desempeñaron.
“Ya hemos hablado de esto, como los
secretarios de Hacienda, los secretarios de Energía, los expresidentes,
terminando se van de consejeros, de asesores, de las empresas particulares a
las que beneficiaron o les dieron alguna atención”, reiteró hoy en su conferencia
matutina.
Tanto en el Senado como en la Cámara
de Diputados se han presentado iniciativas que hacen eco de la protesta del
presidente para extender a 10 años el periodo de prohibición para que quienes
dejen cargos públicos estén impedidos para trabajar con empresas privadas del
mismo sector en el que se desempeñaron.
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