Por José Gil
Olmos.
Andrés
Manuel López Obrador le tiene temor al uso de las fuerza pública y, en el caso
del movimiento magisterial, ya dijo que no recurrirá a esa facultad dejando al
Congreso a merced de los maestros que, al igual que en el gobierno de Enrique
Peña Nieto, se están convirtiendo en su némesis o tragedia.
Los profesores de Chiapas, Guerrero y
Ciudad de México, encabezados por los de Oaxaca, tienen al gobierno de López
Obrador en una situación incómoda y en desventaja porque, mediante sus
tradicionales formas de actuar, lo tienen de espaldas a la pared al negarse a
usar la fuerza pública en contra de los maestros que intentan recuperar el
control del aparato educativo, llámese plazas y presupuesto, como lo tuvieron
antes de la reforma educativa del 2013.
Las marchas
y plantones son los principales instrumentos de presión que los maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han utilizado desde que
nació hace más de tres décadas, precisamente en Oaxaca y Chiapas.
A través de esas formas de presión,
los maestros disidentes del sindicato magisterial han conseguido sus objetivos,
muchos de ellos políticos y económicos, en sus estados y la capital del país.
Han desarrollado de manera efectiva
todas y cada una de estas acciones de distintas maneras como la toma de
carreteras, edificios de gobierno, bloqueos de vías de tren, plantones y
huelgas. Son estrategias legítimas, pero que muchas veces rebasan los linderos
de la ley afectando a los alumnos, padres de familia y a los ciudadanos.
Todas estas acciones las
implementaron durante el gobierno de Peña Nieto en respuesta a su reforma
educativa quien, por su parte, a través de una campaña millonaria en medios
afines, estigmatizaron la figura del maestro, principalmente con la detención
de Elba Esther Gordillo en febrero del 2013 bajo los cargos de presuntos
delitos de lavado de dinero, crimen organizado y defraudación fiscal.
Hoy la maestra Gordillo está libre de
cargos, con la intención de recuperar el poder que ha tenido desde 1989, cuando
asumió el liderazgo magisterial, mientras que los maestros de la CNTE también
han retornado a las calles usando sus formas de presión exigiendo a López
Obrador que cumpla su palabra de abrogar la reforma educativa de Peña Nieto.
El presidente López Obrador ya ordenó
que no se use la fuerza pública, pero anunció que no cederá a las presiones del
magisterio disidente. Está en un punto muerto en el ejercicio de gobierno ante
la imposibilidad de negociar con los maestros y la incapacidad de su equipo de
resolver el tema educativo desde el periodo de transición, que fueron cinco
meses desde que ganó la elección hasta que asumió el poder.
Sumido en un
vertiginoso arranque de administración, al
presidente López Obrador no le alcanzan las estrategias políticas de
negociación para llevar a cabo lo más tersamente posible cada una de sus
decisiones. En el caso de la reforma educativa, cada día que pasa sin alcanzar
acuerdos con los maestros es un día más de conflicto que desanima a la
ciudadanía que pensaba que ya no tendría en su vida cotidiana el malestar de la
suspensión de clases, protestas y manifestaciones en las calles, y tomas de
edificios de gobierno o legislativos.
Aunque en estados como Oaxaca los
maestros ya no tienen la misma fuerza numérica que antaño, sus mecanismos de
presión siguen funcionando y para el gobierno de López Obrador será un dolor de
cabeza que lo podría llevar a un conflicto mayor si no se alcanzan acuerdos
pronto.
Por cierto… al conflicto magisterial se le suma en la
agenda de gobierno conflictos sociales que antes no existían y que han surgido
por decisiones de López Obrador, como el de Morelos, donde la instalación y
funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca, que en campaña se comprometió a
clausurar, ya le ocasionó que cambiara el evento del aniversario luctuoso de
Emiliano Zapata, que se realizaría en Cuautla donde están sus restos, y ahora
se efectuará en Cuernavaca.
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