Por Nayeli
Roldán y Manu Ureste.
El 31 de enero, el presidente Andrés
Manuel López Obrador anunció que tres funcionarios de Petróleos Mexicanos
presuntamente involucrados en el esquema de desvío de recursos públicos
conocido como La Estafa Maestra serían removidos de sus cargos porque “no podía
tolerar nada relacionado con corrupción”. Tres meses después, los directivos
mantienen sus cargos en la empresa cobrando sus salarios.
Se trata de Miguel Ángel Lozada
Aguilar, titular de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado
Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP y Luis
Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales
y Logística.
Incluso, Héctor Salgado Castro siguió operando,
como consta en el oficio que le envió al subdirector de Aseguramiento
Tecnológico el 4 de abril pasado para solicitarle “información para definir
estrategia de manejo y comercialización campo Ixachi”, según se explica en el
documento obtenido por Animal Político.
Los tres directivos de Petróleos Mexicanos
aparecen como funcionarios en activo que recibieron salario por más de 100 mil
pesos hasta la quincena pasada, del 16 al 31 de marzo, según se informa en el
portal del gobierno federal “Nómina Transparente”, donde se puede consultar el
sueldo de todos los empleados de la Administración Pública Federal.
El
presidente anunció la separación de la
administración pública de los tres funcionarios tras comprobar que habían
firmado convenios entre Pemex y universidades del sureste, cuyos recursos
terminaron desviados en empresas fantasma y, pese a ello, habían sido
ratificados en su administración, como reveló Animal Político el 22 de enero.
“Vamos a pedirles a estos servidores
públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en
curso porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción,
ni siquiera aceptar sospechas”, dijo.
Incluso en la conferencia del 15 de
febrero, a pregunta expresa sobre el estatus laboral de Lozada Aguilar hasta
esa fecha, el presidente reafirmó que ya no estaba en la empresa y el director
de Pemex, Octavio Romero, matizó que había sido separado del cargo sin goce de
sueldo.
Para comprobar
que los funcionarios efectivamente habían salido de la empresa, Animal Político solicitó vía
transparencia a Pemex la documentación donde se informa al área de personal y
nóminas la suspensión de pagos; las actas de entrega recepción de las oficinas,
de las computadoras personales y los oficios donde el titular solicitara la
separación.
En todos los
casos, la única prueba que Pemex Central
y Pemex-PEP entregaron a cada petición fueron los oficios de cada directivo
donde solicita su separación del cargo sin goce de sueldo.
También se solicitaron los oficios donde se
nombraran a los sustitutos de los funcionarios, pero en todos los casos la
respuesta es que debido al permiso de separación no había nuevos nombramientos.
De hecho, los tres seguían apareciendo en la página del Consejo de
Administración de Pemex hasta marzo pasado.
Además, en el caso de Pemex Producción y
Exploración (Pemex-PEP) al ser una de las seis Empresas Productivas
Subsidiarias (EPS), una parte medular de la empresa, el director de Pemex,
Octavio Romero, debe nombrar al director e informar la decisión en sesión del
Consejo de Administración de Pemex, pero no ha ocurrido.
Los tres directivos firmaron seis
convenios con universidades públicas del sureste del país por 348 millones de
pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra
entre 2012 y 2013, cuando ocupaban cargos menores a los que consiguieron en la
actual administración, según se documentó en la investigación periodística.
Sin embargo,
en las primeras indagatorias de la
Secretaría de la Función Pública, la titular, Irma Eréndira Sandoval, informó
que el número era mayor: habían firmado 25 convenios –entre 2012 y 2018– por un
monto de 7 mil 667 millones de pesos, aunque éste podría ser mayor, ya que solo
se ha auditado un 6.4 % del monto total de los convenios.
Funcionarios
no han sido despedidos.
Los tres funcionarios públicos
solicitaron la separación de sus respectivos cargos el 1 de febrero de 2019, un
día después del anuncio del presidente, “con la finalidad de que en ese lapso
se desahoguen las investigaciones correspondientes y se deslinden
responsabilidades por los hechos presuntamente irregulares que ha señalado la
Secretaría de la Función Pública” en su contra.
En los
oficios, obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de
transparencia, los funcionarios pidieron
al titular de Pemex, Octavio Romero, “permiso de ausencia sin goce de sueldo”
como un derecho establecido en el artículo 70 del reglamento de Trabajo del
Personal de Confianza de Pemex. Es decir, los funcionarios se separaron del
cargo voluntariamente y no por orden o petición del director.
Dicho permiso concluyó a final de
marzo, por lo que el 10 de abril, Lozada Aguilar fue notificado que Pemex “ha
determinado suspender temporalmente la relación laboral que actualmente tienen
con Pemex-PEP”, según el oficio firmado por Franco Veites Palavicini Pesquera,
subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal.
Esto, con el objeto de permitir “el
adecuado desahogo de las investigaciones que se están llevando a cabo por la
Secretaría de la Función Pública por su posible participación en los hechos
relacionados con la suscripción de diversos convenios realizados por Pemex-PEP
con diversas universidades entre 2012 y 2018”.
Abogados
especialistas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores
públicos explicaron a Animal Político
que la suspensión temporal no es un despido. Es decir, continúan siendo funcionarios públicos puesto que aún no se resuelve
la investigación en su contra.
Pero, durante la suspensión, no
cobrarán su salario, ni podrán ejercer su trabajo como una medida precautoria,
para evitar, por
ejemplo, que oculten o destruyan
documentación o información que los comprometa.
Esto significa que apenas hasta el 11
de abril, cuando se hace efectivo el anuncio, dejarían de percibir su sueldo,
es decir, dos meses después de la supuesta separación anunciada por el
presidente.
Una vez que concluya la
investigación, en caso de que resulten responsables de los hechos que se les
imputan, la dependencia despide a los funcionarios y, además, no les paga el
salario equivalente al tiempo que estuvieron suspendidos.
Por el
contrario, si son absueltos de toda
responsabilidad, la dependencia está obligada a reincorporarlos en sus puestos,
restituirle todos sus derechos, y, además, a pagarle el salario que no
recibieron durante el periodo que duró la suspensión temporal.
La figura de la suspensión temporal
de empleo en el sector público está incluida en el artículo 21 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas, en la cual se establece que la
Secretaría de la Función Pública, el contralor interno de la dependencia (en
este caso Pemex), o el titular del área de responsabilidades, pueden ordenar
que se investigue a funcionarios por mal uso de la función pública, o por
presuntos actos de corrupción.
Y que, previa o posteriormente al citatorio al
funcionario investigado, pueden determinar la suspensión temporal de su empleo,
cargo o comisión, sin que ello lo prejuzgue como culpable.
La suspensión temporal, refiere la
Ley, cesará cuando así lo resuelva la Función Pública, y cuando se dicte una
resolución sobre la investigación.
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