El 27 de
enero, en la ‘Atenas de Sinaloa’ —como recordó Beatriz Gutiérrez que le
llamaban a Mocorito—, el escritor y director del Fondo de Cultura Económica,
Paco Ignacio Taibo II, definió el objetivo de la nueva Estrategia Nacional de
Lectura: Haremos una gran república de lectores.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador explicó por qué era fundamental lograr este objetivo: el nuevo gobierno
buscaba el bienestar del alma. En el evento público incluso se delinearon tres
ejes rectores de la Estrategia: enfocarse en los niños y adolescentes como
lectores, que los libros tengan precios más accesibles, y fomentar la lectura
mediante una campaña de comunicación en medios.
Sin embargo, la Estrategia Nacional
de Lectura no existe.
Al solicitar
vía transparencia “el documento
completo, metas, objetivos, población a la que va dirigida, presupuesto
planeado para operar, plan de trabajo y de implementación”, la Secretaría de
Cultura reconoció que el gobierno federal no cuenta todavía con la Estrategia.
“El área que está elaborando el
documento formal de la estrategia es la Coordinación Nacional de Memoria
Histórica y Cultural de México”, señaló el 28 de marzo en respuesta a una solicitud de
información.
“Dicha Coordinación se encuentra
adscrita directamente a la Oficina de Presidencia de la República y no a esta
Secretaría de Cultura, por lo que, con el fin de que pueda tener acceso a la
información que requiere, se sugiere ingresar una nueva solicitud de
información ante dicho sujeto obligado”, añadió.
También se consultó a Comunicación
Social del Fondo de Cultura Económica, pero la respuesta fue que esa
dependencia no es quien encabeza el plan, sino —como dijo la Secretaría de
Cultura— la Coordinación Nacional de Memoria Histórica, adscrita a la
Presidencia.
Sin embargo,
la Oficina de Presidencia declaró que no
es competente para atender la solicitud de información sobre la Estrategia
Nacional de Lectura ni sobre los planes de la Coordinación Nacional de Memoria
Histórica. Además, justificó que no tiene obligación legal de contar con
documentos sobre lo que diga el presidente.
La Oficina
de la Presidencia concluyó su respuesta
diciendo que para conocer la Estrategia Nacional de Lectura es necesario
realizar solicitudes de información y consultar a la Secretaría de Cultura, el
sujeto obligado —dijo— a cargo de esos datos.
Pero este no es el único caso de
programas o estrategias presentados por el presidente López Obrador o algún
integrante del gobierno federal que resultan en “inexistencia” de información
oficial que sustente qué son, cómo van a operar o el presupuesto asignado.
El principal argumento de la Oficina
de la Presidencia es que si bien López Obrador habla de programas ante la
opinión pública, no existe obligación de tener documentación al respecto.
“No existe disposición jurídica que
imponga el deber a este sujeto obligado de contar con los insumos o el soporte
documental sobre los temas tratados en discursos y mensajes públicos del
Titular del Ejecutivo Federal”, señaló citando una resolución de 2013 del Instituto Nacional
de Acceso a la Información (INAI, entonces IFAI).
Plan para
contratar de base a los trabajadores de Salud.
El 27 de
enero en Guasave, Sinaloa, López Obrador dijo que había en todo el país 80 mil
trabajadores del sector Salud —contratados como eventuales o por honorarios—
que serían regularizados durante su sexenio, y lo repitió cinco días después en
su conferencia mañanera.
“A mediados
de este año empieza un plan en el noroeste para regularizar a todos los
trabajadores del sector salud”, dijo el 1 de febrero.
En respuesta a solicitudes formales
hechas a la Secretaría de Salud y Presidencia para conocer ese plan, el
gobierno reconoció que no existe todavía ni tiene los datos sobre dónde están o
en qué áreas emplean a esos supuestamente 80 mil trabajadores eventuales.
“La Unidad de Administración y
Finanzas y la Dirección General de Coordinación de Proyectos y Operación
declararon no contar con la información descrita en el Antecedente I del
presente escrito; toda vez que ésta no obra en sus archivos, en consecuencia,
se declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada”, respondió Salud el 6 de marzo.
Confirmó posteriormente que la
declaratoria de inexistencia era tanto para el plan de basificación como para
la información sobre los trabajadores eventuales.
Por su parte, la Oficina de Presidencia
se declaró incompetente para atender la solicitud, a pesar de que su
Reglamento, en el Artículo 18, fracción VII, establece como una de las
funciones de la Coordinación de Comunicación Social “ampliar y, en su caso,
precisar la información relacionada con los posicionamientos del Gobierno
Federal”.
Tras un
recurso de revisión ante el INAI, se
deslindó de la obligación de tener sustento documental sobre los anuncios del
presidente, y agregó que “dicha información está relacionada con un acto que
aún no se ha llevado a cabo, y por lo tanto, aún no ha sido generada la
información requerida”.
Programa
para Alto Golfo y vaquita marina.
A pesar de
que el gobierno federal presentó en marzo pasado un programa de pesca
sustentable para el Alto Golfo de California que busca desarrollar la región y
proteger a la vaquita marina, cuatro dependencias clave de esta estrategia
indicaron que no cuentan con información sobre el proyecto.
Al solicitarles datos sobre metas,
acciones, costos y beneficiarios de este nuevo programa en el Alto Golfo de
California, las dependencias señalaron no tener información al respecto y se
limitaron a dar cifras o documentos de años anteriores relacionados con la
conservación de la vaquita marina.
La
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la principal encargada de este programa respondió mediante
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad (CONABIO)
que “no posee información sobre el Programa Integral para la Sustentabilidad
Pesquera en el Alto Golfo de California”.
En cambio, sugirió solicitar la información a la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
En esas dependencias las respuestas
también fueron negativas. La Conanp entregó el 21 de marzo una respuesta en la
que declaró “inexistente la documentación relativa a lo requerido” y dijo que
no contaba con datos vinculados. Esto pese a que fue una de las dependencias
que presentaron el programa.
La Sader, a través de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca dijo que “en los archivos físicos y digitales
de esta Dirección General, no obran información requerida por el solicitante” y
se declaró incompetente para entregar la información solicitada. Incluso,
detalló que esto le correspondía a Semarnat.
Comunicación
Social de la Sader rechazó, además, dar una entrevista o detalles del programa.
El Instituto
Nacional de Pesca (Inapesca) también se
deslindó de dar información al respecto, pese a estar involucrada en la nueva
estrategia del gobierno federal, y solamente sugirió consultar a la Secretaría
de Medio Ambiente.
De acuerdo con el gobierno federal,
en este programa también participa la Marina, las secretarías del Bienestar,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, así como los gobiernos de Baja
California y Sonora. Pero las que encabezan el plan no cuentan con información
al respecto.
Plan DN-III
para pipas de gasolina.
Ante el
problema de desabasto de combustible que se vivió en diciembre y enero pasados
como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, López Obrador
anunció el 18 de enero la compra de al menos 500 pipas (sin licitación de por
medio), para trasladar gasolina, y la contratación de dos mil conductores.
El manejo de
las pipas y la capacitación de los conductores estarían a cargo de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de una activación del
Plan DN-III. Sin embargo, a una solicitud de información, el Ejército respondió
que no tenía documentos sobre la activación y la aplicación del plan.
El Plan DN-III se activa, a solicitud
del presidente, ante casos de desastre, agentes “perturbadores” de origen
natural o resultado de la actividad humana, que causan daño y rebasan la
capacidad de respuesta de una comunidad, por lo que los militares acuden a
brindar auxilio a la población.
Entre los desastres que pueden
atenderse, está el de “desorganización de los servicios públicos”, que afecte
entre otras situaciones el abastecimiento de combustibles.
Animal
Político pidió a la Defensa el 22 de enero
vía transparencia “copia de la solicitud o documento con el que la Sedena
activó el Plan DN-III, para el abasto de combustible en el país y del que ha
hablado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus
conferencias matutinas”.
En una conferencia
de prensa posterior, el 21 de febrero, el titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval, confirmó que el
Plan DN-III se había activado desde el 17 de enero.
En la
respuesta a la solicitud de información, con fecha del 5 de marzo, la Secretaría respondió que no tenía algún
documento que confirmara que se había activado el plan de emergencia.
“Se hace de su conocimiento que
después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de información en el Estado
Mayor de la Defensa Nacional, no se localizó ningún documento que pueda dar
respuesta a su requerimiento, respecto a que esta Secretaría de Estado haya
activado el plan DN-III E, para el abasto de combustible en el país”, indicó la Defensa Nacional.
¿Quién
recluta migrantes para la Caravana?
El pasado 28
de febrero, en una reunión en Washington con autoridades estadounidenses, la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, responsabilizó a la organización civil Pueblo Sin Fronteras de
reclutar migrantes centroamericanos para las caravanas que atraviesan México y
que buscan llegar a la frontera norte con Estados Unidos.
Después, en
una entrevista radiofónica el 1 de marzo, en el programa de Denise Maerker, la secretaria de Gobernación dijo incluso
que tienen “pruebas demoledoras” acerca de que la participación de Pueblos Sin
Fronteras en el reclutamiento masivo de migrantes.
“Tenemos muchísimos elementos. Pero,
por razones de privacidad, prefiero no dar los datos concretos. Pero las
evidencias que tenemos son demoledoras”, recalcó Cordero, quien también señaló
que este presunto reclutamiento se hace a través de engaños para que las
personas migren en caravana y no de manera “ordenada, segura y regular, como
pretende el Gobierno mexicano”.
Animal
Político solicitó vía transparencia a la
Secretaría de Gobernación cualquier prueba documental, esto es, fotografías,
documentos, videos, etcétera, que sustente la participación de Pueblos Sin
Fronteras en el reclutamiento de migrantes.
La Segob turnó la solicitud a dos
instancias que dependen de ella.
Una fue la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); la cual, al ser
una instancia cuyo foco principal de trabajo no es la migración, contestó que,
por obvias razones, no cuenta con la información.
“No se cuenta con la información
solicitada respecto a documentos, etc, que pruebe el dicho de la Secretaria de
Gobernación acerca de que la organización Pueblos Sin Fronteras es la que
organiza las caravanas migrantes que acceden a México”, respondió.
Y la otra fue la Unidad de Política
Migratoria, que, si bien sí tiene competencia en el tema migratorio, contestó
que tampoco cuenta con información al respecto.
“La Unidad de Política Migratoria no
hace el seguimiento de organización de la sociedad civil alguna, ni tampoco
recaba o documenta la actuación de ninguna de ellas”, puntualizó la Unidad de Política
Migratoria.
Ante estas
respuestas de la Segob, Animal Político buscó, a través de comunicación social
de la dependencia, una postura o comentario. Pero no hubo respuesta.
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