La alcaldía Cuauhtémoc deberá demoler
siete de 15 pisos del inmueble ubicado en el Eje 3 Sur Baja California 370,
colonia Hipódromo, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de
la capital dejó firme una sentencia en la que se comprueba que el edificio
violó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona.
La sentencia por acción pública,
interpuesta por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)
ante el tribunal, fue emitida el 3 de abril de este año y en ésta se da la
razón al organismo.
El dato: Según denuncias vecinales, los
constructores pretenden comercializar los departamentos en siete millones de
pesos.
Esta obra data de septiembre de 2016,
cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) emitió un
Certificado de Uso de Suelo, con folio N. 64940-151SARI16, para la construcción de ocho viviendas en una superficie máxima de
construcción de 771.78 metros cuadrados.
No obstante,
en 2017 se detectó que había un
excedente en cuanto a niveles máximos permitidos. En ese año ya había 10 pisos,
cuando el plan parcial permite un máximo de ocho; desde entonces, se mantiene
un procedimiento administrativo por violación del uso de suelo.
A pesar de ello, la obra no se frenó,
por lo que el proceso para impedir que se edificara por completo continuó a
través del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la PAOT.
En abril de
2017, la Procuraduría Ambiental emitió
una resolución administrativa con el número de expediente
PAOT-2016-938-SOT-346, en la que dejó constancia de las violaciones en las que
incurrió el proyecto inmobiliario y se solicitó la custodia de folios ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
De acuerdo
con las indagatorias, el predio cuenta
con una zonificación HM/24m/20 (habitacional mixto, 24 metros máximos de
altura, 20 por ciento mínimo de área libre), pero rebasó por 23 metros la
altura permitida hasta alcanzar 15 niveles. Así, se determinó la demolición de
los siete pisos excedentes que habían sido edificados de manera ilegal.
La determinación no provocó el freno
de la obra y, al contrario, los departamentos fueron promocionados mediante
páginas de propiedades que aún pueden consultarse en Internet.
Los sitios
describen el inmueble como un edificio con innovador estilo arquitectónico que
prevé un departamento por piso, cada uno de 110 metros cuadrados, más terraza
privada de 9.74 metros cuadrados, dos recámaras, cada una con baño y vestidor,
baño de visitas en estancia, área de servicio y vigilancia las 24 horas; todo
enmarcado en una zona con la mejor conexión en la Ciudad de México.
Durante el proceso de investigación,
el INVEA colocó sellos de clausura a la obra e impuso multa al desarrollador.
En una acción coordinada entre varias autoridades capitalinas, el 15 de febrero
de 2018 iniciaron los trabajos de demolición.
No obstante, el estado de clausura en
el que se encontraba la obra, el 18 de julio del año pasado, la Procuraduría
Ambiental constató que del predio se retiraba e ingresaba material de
construcción y los dos últimos niveles superiores ya contaban con muros
divisorios.
Por ello, el organismo público presentó una denuncia
de hechos ante la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos
Ambientales en Materia de Protección Urbana, de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) capitalina, la cual deberá ser judicializada ante el Juez Penal
competente.
Víctor Hugo
Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, informó
que iniciará un censo, para detectar el impacto generado a partir de
asentamientos irregulares ubicados en barrancas y en el bosque de la Tercera
Sección de Chapultepec.
La Razón
publicó en su edición del 5 de abril que la alcaldía se uniría a un frente
legal, para evitar la privatización de este espacio, específicamente en lo que
respecta al predio de Montes Apalaches 525.
Al respecto, el alcalde consideró
urgente saber cuántos terrenos están en una situación similar y “quiénes se han
apropiado a la mala del bosque”.
El proceso de dicho predio, dijo, es
la madre de todas las batallas, porque perderlo abriría la puerta a más
litigios que pondrían en riesgo más de 85 hectáreas.
Anunció que el 11 de abril, se
reunirán autoridades de los Gobiernos federal y local, de la alcaldía y del
frente de vecinos para armar una estrategia jurídica que permita recuperar
cerca de cinco mil metros que pretende privatizar la inmobiliaria Trepi.
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