Por
Veneranda Mendoza.
Nueve de
los 12 notarios públicos provisionales designados por el exgobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila, en la etapa final de su gestión fueron
ratificados, ahora como titulares, por el actual mandatario, Alfredo del Mazo
Maza, quien promulgó las designaciones en la Gaceta del Gobierno el pasado 19
de julio.
La Ley del
Notariado del Estado de México contempla que después de un año del
nombramiento de notarios provisionales, si éstos demostraron experiencia,
capacidad y eficiencia en el cargo, pueden ser designados titulares.
Según los
acuerdos, lo
anterior fue determinado con base en la ausencia de quejas en su contra y la
emisión de opiniones favorables por parte del Colegio de Notarios del Estado de
México.
Los nuevos
titulares son Erasto Martínez Rojas –ex secretario de Infraestructura,
cercano a Ávila Villegas- en la notaría 191 de Naucalpan; Alfredo Jaramillo
Manzur –sobrino del ex secretario general de Gobierno, José Manzur- en la
notaría 190 de Toluca; y Lorena Gárate Mejía –hija de Francisco Gárate, ex
representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el INE- como notaria 189
de Tlalnepantla.
Además, Héctor
Javier Astudillo Calvo –hijo del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo
Flores- encabezará la notaría 193 de Atizapán; Ricardo Giovann Arredondo Lino
-sobrino de Erwin Lino, secretario particular del expresidente Enrique Peña-
tendrá la notaría 188 de Huixquilucan; Gustavo Fernández Sauri -ex funcionario
del DIF de Veracruz, de la Procuraduría General de la República y de la
Consejería Jurídica de Presidencia de la República- se queda con la notaría 183
de Naucalpan.
También Marcelo
Rosseto Armida, director jurídico de la empresa ICA, tendrá a su cargo la
notaría 185 de Naucalpan; Francisco Xavier Borrego Hinojosa, vicepresidente
Jurídico de Grupo Salinas, contará con la notaría 192 de Tlalnepantla; y el
pevemista Alejandro Agundis Arias estará en la notaría 183 de Naucalpan.
En
contraste, los no ratificados son Omar Martínez Vargas, hermano del
perredista Octavio Martínez, a quien se había asignado la notaría provisional
58 de Tultitlán; Luz María Angélica Alatorre Carbajal, exmagistrada del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo y esposa del panista Ulises Ramírez Núñez, la
notaría 186 de Atizapán; y la ex diputada priista Beatriz Mercedes Corona
Mercado en la notaría 187 de Metepec.
La decisión
se tomó a pesar de la lucha jurídica emprendida por el abogado
constitucionalista Óscar Valdés, y por los aspirantes a notario María Teresa
Hernández Mejía y Carlos Ruiz Domínguez contra las designaciones, entonces como
notarios provisionales.
Los
fedatarios en cuestión sumaron dos declaratorias de inconstitucionalidad; la
primera se emitió el 30 de mayo de 2018, al resolver el amparo 1202/2017; y la
segunda en noviembre del mismo año al resolver el amparo 1242/2017.
Además, se
decretó la suspensión definitiva de los cargos, pero éstas no se hicieron efectivas
porque ya habían tomado posesión y porque implicaban a los promoventes el pago
de 600 mil pesos por cada fedatario impugnado.
En los
acuerdos correspondientes, no se alude a los procesos jurídicos y sus
resultados.
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