Por Redacción / Sin Embargo.
En su primera versión pública sobre la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el entonces Gobernador Ángel Aguirre
Rivero aseguró que agentes estatales localizaron y protegieron a 68 normalistas
de Ayotzinapa del grupo de la Policía Municipal conocido como “Los Bélicos” que
ya los “estaban cazando” en diversas colonias de Iguala la noche del 26 y las
primeras horas del 27 de septiembre de 2014.
De no haber ocurrido esta intervención, subrayó, se estaría
hablando ahora no de 43 sino de 111 normalistas desaparecidos.
Además, pidió que se cite a declarar al entonces jefe de
la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, y los secretarios de Hacienda, Luis
Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que se les pregunte
por qué recomendaron al Presidente Enrique Peña Nieto que el Gobierno federal
no interviniera pues se trataba de un “asunto local”.
Asimismo, Aguirre hizo alusiones veladas al ex Gobernador
Rubén Figueroa Alcocer, y a la corriente del PRD conocida como “Los Chuchos”, y
señalamientos a un activista cercano a Rogelio Ortega Martínez, quien lo
sucedería en el cargo luego de que fue obligado a solicitar licencia un mes
después de los sucesos.
El pasado sábado, el ex Gobernador dio su versión acerca
de su comparecencia ante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en
el Caso Ayotzinapa (Covaj-A), formada a instancias del Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, y en la que participan padres de los 43
normalistas desaparecidos.
Aguirre escribió en su cuenta personal de Facebook que a
invitación del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,
Alejandro Encinas, que coordina la Covaj-A, asistió a la Ciudad de México a una
reunión con autoridades federales, padres de los normalistas y quien fuera
Procurador en su Gobierno, Iñaki Blanco. “El diálogo fue de frente y sin
rodeos”, destacó de la reunión que se llevó a cabo el martes pasado.
Sostuvo que está convencido de que este tipo de reuniones
contribuirá a conocer qué fue lo que realmente ocurrió en esas horas
“infaustas”, pues aún persisten dudas de lo que ocurrió. Y subrayó que
“Guerrero vivió situaciones aciagas a raíz de estos hechos”, en referencia a la
acción de policías municipales de Iguala y sicarios del grupo delictivo
Guerreros Unidos que atacaron el 26 y 27 de septiembre a más de un centenar de
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y mataron a tres personas, a tres
alumnos y desaparecieron a 43 de éstos.
“Nosotros, en esos
momentos, hicimos lo que correspondía: en las horas posteriores y en cuanto
tuvimos conocimiento de los estudiantes que escaparon a la agresión,
establecimos un operativo de búsqueda y rescate a partir de las tres de la
mañana del 26 de septiembre, que concluyó aproximadamente a las seis de la
mañana”.
Dijo que algo que pocos tienen presente es que agentes
estatales lograron localizar a 68 jóvenes normalistas “que pudieron correr la
misma suerte de sus compañeros desaparecidos, ya que la policía municipal, en
especial el grupo denominado Los Bélicos, los estaban cazando”.
El ex Gobernador manifestó que de no asistirlos como se hizo,
habrían sido no 43 sino 111 los estudiantes desaparecidos. Y de eso, resaltó,
hay testigos en la propia población y consta en los expedientes de la
investigación del caso. Además, agregó, al tomar conocimiento de la
participación de policías municipales en el ataque, el Procurador Iñaki Blanco
tomó la decisión de concentrar y desarmar a 300 de ellos.
Relató que luego de que se les tomó sus declaraciones
ministeriales, se consignó a 33 policías, que se encuentran todavía recluidos,
y el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México
reconoce que en esos casos no hubo tortura de por medio.
Y también escribió que la búsqueda y el rescate de
normalistas por corporaciones de su Gobierno se continuó al menos hasta el 23
de octubre, “fecha en que me separé del cargo de Gobernador”.
Externó que de éstas y otras acciones de su administración
mantuvo informado al Gobierno federal, que encabezaba Enrique Peña Nieto, pese
a que allá decidieron que éstos eran hechos “locales”.
A unos días de que se nombrara al Fiscal Especial del caso,
Ángel Aguirre Rivero dijo que en esta nueva etapa de la investigación es
importante que sean convocados quienes tenían alguna responsabilidad pública
durante los días previos y posteriores, incluso los que estuvieron al frente de
las investigaciones en el Gobierno federal.
Y lanzó: “Hay muchas preguntas que responder, entre ellas:
¿por qué Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong recomendaron
al Presidente Enrique Peña Nieto que no interviniera en las siguientes horas y
días de los acontecimientos bajo el argumento de que se trataba de un asunto
local, lo que derivó en que Peña Nieto nunca escuchara mi versión?”.
Argumentó que es importante conocer de qué información
dispone quien era el comandante del 27 Batallón de Iguala, lo mismo que el de
la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, a la sazón el general Alejandro
Saavedra Hernández, quien luego fue ascendido a comandante de la Novena Región
Militar que comprende todo Guerrero.
Asimismo, preguntó sobre la actuación de dos organismos
dependientes del entonces Secretario de Gobernación, Osorio Chong: “¿Qué
seguimiento se dio a los sucesos por parte del CISEN a cargo de Eugenio Imaz?
¿Qué actividades realizó el destacamento de la Policía Federal en esta ciudad
(Iguala), en auxilio de los jóvenes desaparecidos?”.
El ex Gobernador también dijo que hasta cuándo se
descubrirá “el velo que cubre a ese personaje conocido como El Patrón”, quien,
según el informe final de la CNDH, es clave para entender lo sucedido esa noche
en Iguala.
Cuestionó porqué hasta la fecha la Secretaría de Gobernación
(Segob) se ha negado a proporcionar copias de las minutas que se levantaron en
las diversas reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero donde se exponían los
problemas de esa ciudad.
Luego, el ex Gobernador se hace eco de las versiones que
implican en la generación del problema al entonces director de la escuela, José
Luis, un activista del movimiento de la Universidad- Pueblo muy cercano a
Rogelio Ortega Martínez, quien sustituyó precisamente a Aguirre en el cargo.
“¿Qué relación guardaba el entonces director de la escuela
normal de Ayotzinapa con posibles grupos delictivos infiltrados en el plantel, según revela la CNDH?”.
A su vez pregunta: “¿Se trasladó a un grupo de normalistas
a Huitzuco y Mezcala?”, zona de influencia del grupo político del ex Gobernador
Figueroa Alcocer.
Y luego, en alusión a las diferencias que tuvo en el PRD
con el grupo de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, lanzó: “¿Por qué el PRD llevó
como su candidato a José Luis Abarca, cuando eran del dominio público sus
posibles vínculos con la delincuencia organizada? ¿Y quienes promovieron esta
candidatura?”.
Al final dijo que confía en que la actual investigación
resolverá “éstas y muchas otras interrogantes; la principal, conocer el
paradero de los estudiantes”. Y se comprometió a aportar la información que
esté a su alcance para aclarar cualquier duda que permita resolver el caso y
dar paso a una reconciliación, “que mucha falta nos hace”.
Y, como en otros casos, sin precisar quién es el
destinatario de su mensaje, el ex Gobernador concluyó: “El que nada debe, nada
teme. La verdad y la justicia no pueden ser moneda de cambio para complacer a
un grupo”.
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