Por
Redacción / Sin Embargo.
El día de
ayer mientras el padre Gutiérrez Farías celebraba una misa, organizaciones como
Redim y DRI mostraban mediante un comunicado su desacuerdo con las autoridades
estatales y federales de apoyar nuevamente al párroco para retomar sus
actividades en “Ciudad de los Niños”.
Las
organizaciones señalaron que los permisos de suelo emitidos por la
administración de la Presidenta municipal de Salamanca, Beatriz Hernández, “son
contrarias a las Directrices de Naciones Unidas sobre Cuidados Alternativos que
establecen que los macro albergues son violatorios a los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes por las graves afectaciones a su libertad y sano
desarrollo de la personalidad”.
Ante esto, Redim
y DRI condenaron las omisiones y negligencias cometidas por las autoridades
locales y federales, en el seguimiento y resolución del caso de los albergues
“Ciudad de los Niños”.
Así como
en los procesos judiciales en donde destacaron que el Magistrado Presidente
Samuel Meraz Lares votó en contra de la resolución, y coincidente con la
sentencia de la Juez Karla Macías; argumentando que “era un imperativo legal
analizar el entorno en el cual se desarrollaba la menor y que extender la
resolución a favor de los otros niños, niñas y adolescentes tenía un interés
legítimo”.
Redim y DRI,
señalaron la impunidad y complicidad de las autoridades con el cura
Gutiérrez, quien recientemente declaró sus intenciones de reabrir el albergue.
Ya que la resolución judicial en el caso muestra la impunidad y complicidad
machista que existe entre las autoridades estatales del Poder Judicial y del
Ejecutivo; destacando el apoyo explícito de los exgobernadores a las prácticas
nefastas del cura señalado por graves violaciones a derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes por más de una década.
Por lo que
Redim y DRI exigieron al Estado Mexicano, especialmente al Fiscalía General
de la República, a realizar una investigación imparcial para identificar a los
responsables de la comisión de delitos contra la niñez, a reparar a las
víctimas y a restablecer y garantizar sus derechos de manera urgente.
También pidieron
que el DIF Nacional emprenda una investigación inmediata y recuerde al DIF
Guanajuato su obligación de no permitir la apertura de “la Ciudad de los
Niños”, debido a las investigaciones que aún están en curso, y que inhabilitan
al cura Pedro Gutiérrez para ofrecer servicios de cuidados alternativos.
Esto sumado
al llamado que hicieron al Papa Francisco para que tome su responsabilidad
estructural que tiene en los casos de abusos a niñas, niños y adolescentes por
parte del padre Gutiérrez; dejar de protegerlo para facilitar la
investigación imparcial de los hechos denunciados.
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