Por Patricia
Vázquez.
En medio
de acusaciones de corrupción y nexos con la delincuencia, el delegado de la
Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, Javier Ocampo García,
fue separado del cargo, y Enrique Pérez García, fiscal de esa dependencia, fue
detenido por orden de un juez de primera instancia. Apenas el viernes pasado,
la subdelegada Bertha Reyes renunció.
Fuentes
oficiales revelaron que Pérez García fue aprehendido el sábado por la mañana
en Cancún y trasladado a las oficinas centrales de la FGR, en la Ciudad de
México.
A principios
de agosto pasado Pérez García y Bertha Reyes fueron acusados en una manta
colgada en un parque de la ciudad, supuestamente firmada por el cártel Jalisco
Nueva generación, de violar acuerdos, y los amenazaron: O nos cumplen o los
vamos a reventar.
En mayo
pasado los abogados del bar Dassan Golden Palace, en la zona hotelera,
acusaron en conferencia de prensa al delegado Javier Ocampo García y a sus
fiscales de incurrir en corrupción al clausurar ese centro nocturno.
Se
presume que el establecimiento es propiedad de Isidro Santamaría Casanova, ex
dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo,
quien el 26 de julio fue aprehendido por la FGR acusado de trata de personas.
Los abogados
del centro nocturno también acusaron al fiscal Enrique Pérez García y a
otros agentes federales de robar artículos de valor del inmueble durante el
cateo.
Otros
empresarios, entre ellos Florian Tudor y Chakib Naif, aseguraron que el
delegado de la FGR utilizaba a sus fiscales para extorsionarlos y saquear sus
negocios en los cateos.
Ocampo
García rindió protesta a finales de julio de 2018. Durante su gestión
aumentaron las ejecuciones en la entidad, principalmente en Cancún y Playa del
Carmen.
En 2018
se reportaron más de 550 asesinatos que tendrían relación con la delincuencia
organizada, mientras en 2019 suman 450.
Según
empresarios, las extorsiones van en ascenso, lo que ha propiciado el cierre
de decenas de negocios, sobre todo en los dos destinos turísticos mencionados.
Nuevamente
la delegación de la FGR en Quintana Roo está bajo investigación, pues en
diciembre de 2004 Miguel Ángel Hernández Castrellón, delegado de la entonces
Procuraduría General de la República, fue arrestado, junto con nueve elementos
de la Agencia Federal de Investigación acusados de permitir el narcomenudeo y
de ejecutar a 12 personas.
Fuentes
oficiales que pidieron anonimato advirtieron que la ola delictiva en Quintana
Roo es provocada por bandas locales, nacionales y de las mafias rusa, israelí y
rumana, además de grupos de cubanos, colombianos y venezolanos.
Todos
ello se dedican al narcomenudeo, narcotráfico, trata de personas, secuestro,
pornografía infantil, ejecuciones y cobro de derecho de piso, entre otros
delitos.
Atribuyeron
el aumento de la delincuencia a la detención de Leticia Rodríguez Lara, Doña
Lety o La 40, ex policía federal que era lideresa del cártel de Cancún.
Cuando
sus cómplices se quedaron sin jefa se reagruparon en células aún más
sanguinarias para ganar espacios, incluso haciéndose pasar por miembros de los
cárteles Jalisco Nueva generación, Los Zetas o de Sinaloa.
Los
entrevistados sostuvieron que el cóctel delictivo de la entidad es muy
complejo, porque los propietarios de los negocios de la Quinta Avenida, en
Playa del Carmen, y los antros de Cancún pagan derecho de piso o son obligados
a vender drogas.
En Chetumal,
añadieron, grupos de colombianos, cubanos y venezolanos obligan a los
comerciantes a contratar con ellos préstamos que se vuelven insostenibles, por
lo cual los obligan a entregar sus ganancias, y cuando no pagan les incendian
negocios o vehículos.
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