Por Rodrigo
Soberanes.
El
gobierno de Tamaulipas enfrenta dos investigaciones por presuntas ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por policías estatales, además del caso reciente
del 5 de septiembre en el que ocho personas habrían muerto en un falso
operativo.
Uno de
esos casos es el de José Antonio Rodríguez Martínez, bombero de profesión,
habitante de Nuevo Laredo. El 2 de marzo de 2017 estaba en casa de su mamá, la
señora Elsa Graciela Martínez, y se hacía de noche.
“Me dijo,
madre me voy porque mañana entro en Bomberos, agarró y se fue”. Iniciaba un
turno de 24 horas de trabajo al día siguiente y querían descansar, contó la señora Elsa a Animal
Político.
Poco
después de su partida, recibió una llamada donde le dijeron que su hijo se
había accidentado. Llamó al celular de su hijo y nada. Nadie respondió. La mamá
de Antonio Rodríguez pasó la noche de ese 2 de marzo sin saber que a su hijo lo
habían matado y que además su cuerpo había aparecido con un arma larga entre
manos.
Al día
siguiente fue a una funeraria y ahí le mostraron una foto mediante la cual hizo
el reconocimiento del cadáver de Toño. Después fue al Ministerio Público donde
rindió su declaración e inició un proceso legal que, de acuerdo sus propios
dichos, no ha arrojado ningún resultado.
La señora
Elsa presentó una querella el 17 de marzo de ese año en contra de elementos de
la Policía Estatal Acreditable “Fuerza Tamaulipas” por los delitos de ejecución
extrajudicial, robo, abuso de autoridad “y los que resulten”.
Tal como
ocurrió con el caso del 5 de septiembre de 2019 y la muerte de ocho personas,
el gobierno de Tamaulipas dio a conocer que se trató de una agresión armada
repelida por los policías y que, al término del incidente, hallaron armas en
manos de la persona fallecida.
Y, de
igual forma, en esa ocasión el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
reunió pruebas (videos, fotografías y documentos) que señalaban a la policía.
“A mi muchacho me le cargaron cosas en su camioneta”, dijo la mamá de la
víctima.
En un
escrito enviado por esa organización a las autoridades de Tamaulipas,
incluyendo al gobernador Javier García Cabeza de Vaca, pidiendo una
investigación seria e inmediata, y que eviten que los policías deserten para
evadir la justicia “como ha sucedido en anteriores ocasiones”.
Hasta hoy
no hay una sola persona detenida por ese caso.
“Está
canijo, no es justo lo que están haciendo, no es justo que estén agarrando
gente inocente y que la estén haciendo pasar por delincuentes”, dijo la señora
Elsa.
Poco más de
un año después, en Reynosa, Tamaulipas, el carpintero Rafael Montoya
caminaba en la colonia Aquiles Serdán para visitar a su madre. Era Viernes
Santo y a su alrededor se celebraba una peregrinación del Viacrucis.
Eran las
09:45 horas aproximadamente cuando se acercó a la muchedumbre una persecución y
enfrentamiento armado entre policías y civiles. Se instaló el caos esa mañana
de 30 de marzo. Los supuestos delincuentes se detuvieron en una esquina,
abandonaron su camioneta y huyeron a pie.
Una
testigo de los hechos vio cómo uno de ellos entró a su casa a la fuerza, se
cambió de camisa y salió caminando.
La señora
Juana Arecha Celestino, viuda de Rafael Montoya, cuenta que a su esposo lo
mataron a unos 30 metros de la camioneta abandonada, en el carril contrario. El
cuerpo de Rafael Montoya fue exhibido públicamente con armas y un chaleco
antibalas.
Decenas de
feligreses que no pudieron terminar de conmemorar la muerte y resurrección de
Cristo se encontraban en el lugar donde quedó el cuerpo de Montoya. Y la
señora Juana fue a la colonia sin compañía y reunió a los testigos para
presentar una denuncia contundente. No todas las personas a quienes pidió su
testimonio accedieron. Tenían miedo.
“Fueron
los policías estatales, yo tuve que ir a la colonia a buscar testigos y me
encargué de llevarlos a la Procuraduría. Tengo a esos testigos que vieron que
lo mataron ellos y que le aventaron chalecos, armas y droga”, dijo la señora Juana a Animal
Político.
Juanita,
como le gusta que la llamen, tiene cinco hijos. Son los huérfanos de Rafael
Montoya y están pasando por un luto “muy duro para nosotros” por la ausencia
del papá y por la impotencia. “Quiero justicia, ¿por qué matan sin investigar,
por qué matan por matar? Es un duelo muy duro y muy pesado para nosotros. Nadie
se merece morir así”,
expresó.
Ella cree
que “se van a destapar muchas cosas” ahora que la policía de Tamaulipas quedó expuesta
en todo el mundo con la muerte de ocho personas el 5 de septiembre, un caso en
el que familiares de las víctimas han logrado entregar a las autoridades
pruebas contundentes sobre la culpabilidad de policías tanto en las muertes
como en la puesta en escena de un montaje.
Animal
Político contactó con la vocería de la Fiscalía de Tamaulipas para tener su
versión sobre estos dos casos, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
El
abogado Raymundo Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de
Tamaulipas cree que los casos más recientes han abierto la puerta a más
descubrimientos sobre la actuación de la Policía Estatal de ese estado, sumido
desde hace décadas en un clima de violencia causado por la presencia del
narcotráfico.
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