Ernesto
Villanueva.
Con mi
solidaridad para Adriana Dávila Fernández, por los infundios dichos en su contra
sin base alguna.
El
expresidente Felipe Calderón va mal y de malas en su interacción con la
comunidad. Su incursión en la política en el país ha sido desafortunada y le ha
generado más pasivos que activos. Existen, por supuesto, elementos que permiten
sustentar lo que afirmo. Veamos.
Primero. En
un hecho inédito, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el programa que conducen John Ackerman y
Sabina Berman en el Canal Once, expresó sin tapujos que él había sido
presionado por el exmandatario Felipe Calderón. El polémico expresidente negó
la afirmación y solicitó pruebas de los asertos del presidente de la SCJN.
Es
evidente que, en este caso, las presiones –que yo intuyo que fueron ciertas– no
se hicieron por escrito ni se guardaron documentos que reflejaran esas
intervenciones de Calderón para orientar el sentido de las decisiones de la
SCJN. ¿Por qué lo hizo 10 años después?, pregunta Calderón. La respuesta es
obvia: por seguridad personal. ¿Se imagina alguien lo que pudo haber
desencadenado una declaración del ministro Zaldívar Lelo de Larrea en ese
momento? No dudo que hasta de vinculación con el crimen organizado lo hubieran
presentado en un tiempo donde la figura de los “testigos protegidos” gozaba de
cabal salud y era suficiente para decidir quién era inocente y quién no, al
margen de los principios de seguridad jurídica.
Cada
quien, por supuesto, deberá formar su propio criterio y estoy seguro de que si
se hiciera una encuesta o sondeo, el presidente de la SCJN tiene mayor
credibilidad que Felipe Calderón.
Segundo. En
ese contexto, ¿quién podría olvidar el caso del llamado Michoacanazo, donde por
razones de ventaja política y ajuste de cuentas 32 servidores públicos del
gobierno del estado y municipales de Michoacán fueron privados de su libertad y
puestos en un penal de alta seguridad? El problema fue que ese proceso se cayó
estrepitosamente y todos los imputados salieron libres por falta de méritos y
el juez que dictó las sentencias fue después cesado de sus funciones por
corrupción. Cabe recordar que mucho ayudaron dos personas para exhibir la
verdad: el entonces senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión Especial
para el caso Michoacán, y el subprocurador jurídico del gobierno michoacano,
Ignacio Mendoza Jiménez, también detenido y puesto en libertad y quien ayudó en
la defensa de los demás acusados.
¿Quién
les va a pagar los daños psicológicos, las secuelas, las enfermedades que estas
personas sufrieron por una decisión arbitraria de Felipe Calderón tomada para
desprestigiar al PRD y fortalecer la fallida intención de apoyar a su hermana
Luisa María para gobernar Michoacán, su estado natal?
Tercero. Felipe
Calderón es un mentiroso incontinente. Habría que recordar, por ejemplo, como
festinó el abatimiento del famoso líder del cártel La Familia Michoacana,
Nazario Moreno González, con sendos comunicados en la página web de la
Presidencia de la República.
Incluso Calderón
afirmó en su informe de gobierno que: “Nazario Moreno González, El Chayo,
principal líder delictivo, responsable del adoctrinamiento y uno de los
fundadores de la organización criminal de La Familia, abatido por Fuerzas
Federales en diciembre de 2010” (quinto.informe.gob.mx/informe-de-gobierno/resumen-ejecutivo/estado-de-derecho-y-seguridad).
En 2012, Marco Lara Klahr, en su obra Cosas de Familia, puso al descubierto el
montaje de Calderón y demostró que no existía evidencia alguna de la muerte del
jefe del cártel y que estaba vivo.
Dos años
más tarde, el 9 de marzo de 2014, la realidad le dio la razón a Lara Klahr: el
capo de la droga fue abatido por las fuerzas armadas, exhibiendo claramente los
datos de la afirmación y poniendo en claro la grave mentira, una de muchas, de
Felipe Calderón al pueblo de México.
Cuarto. El
desprecio de la población por Felipe Calderón es patente. Muestra de ello no
sólo ha sido su impedimento para entrar a recintos universitarios por ser non
grato, sino que en su más reciente incursión al crear un partido político bajo
el nombre de Libertad y Responsabilidad Democrática, AC, de acuerdo con datos
oficiales del INE, va muy rezagado; con corte al 1 de octubre del presente año
apenas llevaba 92 de las 200 asambleas distritales requeridas por la ley y
solamente 77 mil 401 afiliados; es decir, 33% del mínimo requerido para lograr
el registro como partido de esa asociación civil; y la fecha fatal para cumplir
los requisitos vence a finales de febrero de 2020. Por si lo anterior fuera
poco, en distintas plataformas digitales hay más detractores contra Felipe
Calderón que adeptos a su causa, lo que pone de relieve la enorme dificultad de
que pueda obtener el registro legal.
Quinto. Cómo
no recordar que el último día de su mandato reformó el reglamento del Estado
Mayor Presidencial para su propio beneficio, al auto otorgarse seguridad
militar ilimitada (la existente de 73 elementos ya de por sí era un exceso),
atención especial en el Hospital Central Militar y otros beneficios no para
todos los expresidentes de la República, sino sólo para él, en un esfuerzo de
prolongar sus canonjías sin límites después de su sexenio.
Por
fortuna, el reglamento de referencia fue abrogado, el Estado Mayor Presidencial
no existe más y se eliminaron las cuantiosas pensiones ex presidenciales
otorgadas sin ninguna base legal, como lo hemos apuntado la doctora Hilda Nucci y yo en
nuestra obra Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener
los privilegios de los expresidentes (Ediciones Proceso, 2016).
Con todo
lo anteriormente expuesto, en verdad ¿habrá quien le crea a este conspicuo
personaje, que cada vez que habla se hunde más en la percepción de los
mexicanos?
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