La
liberación de Ovidio Guzmán, luego de ser capturado por las fuerzas federales,
“fue la correcta”, para evitar la masacre de efectivos militares y de personas
inocentes, consideró Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de
Columbia.
Sin embargo,
la decisión de ponerlo en libertad se deriva del fracaso de un operativo que
refleja la inexperiencia de los titulares de las instancias de seguridad y
procuración de justicia, precisó Buscaglia, en entrevista para Aristegui en
Vivo.
“Cualquier
militar del planeta te diría que no vale la pena masacrar a todos los efectivos
que estaban acompañando, que son gente valiente, gente que se está jugando la
vida con tal de capturar a un mafioso”.
El
investigador reconoció la voluntad del gobierno que encabeza Andrés Manuel
López Obrador de “ir a la boca del lobo”, a intentar capturar a un capo en una
zona en donde durante los sexenios de Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto
los delincuentes gozaban de una “protección implícita”.
“En ese
sentido hay que apoyar esa medida táctica, pero lo que yo siempre cuestiono es
la estrategia de los gobiernos federales”, dijo Buscaglia, quien ha realizado labores de
análisis de seguridad en países como Colombia y Afganistán.
Aunque
está consciente de que en todo operativo de captura se debe improvisar, y
trabajar con los recursos disponibles, el investigador detectó una serie de
errores en la ejecución del operativo, como la falta de apoyo aéreo, bloqueos
de dispositivos de comunicación, y el apoyo de mucha más fuerza militar.
“Todo
indicaba que con 30 efectivos nunca iban a poder planificar un operativo para
detener a un capo de la magnitud de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, una
de las tres organizaciones criminales más peligrosas del mundo en cuanto a su
escala y la diversidad de sus delitos”.
Para
Buscaglia, estas fallas pueden ser atribuidas a la inexperiencia del nuevo
gobierno, en particular del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo, al considerar que adolece de experiencia en la materia, “es más
un político que un profesional de la seguridad pública”.
También cuestionó
el desempeño de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la
República (FGR), al considerar que su “estrategia adolece de las mismas fallas
que tenía Calderón y Peña Nieto”.
Buscaglia
destacó que no se han implementado mecanismos de desmantelamiento patrimonial,
para debilitar la estructura financiera que respalda la operación criminal.
“No vemos
que el gobierno esté a la altura”, expuso durante la entrevista, y señaló que el Cártel de
Sinaloa cuenta con redes empresariales con operaciones financieras en Europa y
en las Islas Caimanes, y que en México mantiene más de 100 empresas
agropecuarias que sirven como frente mercantil, así como seis empresas que
utiliza para importar armamento.
Para
solucionarlo propuso la creación de grupos de trabajo interinstitucionales
coordinados por un juez de control, en el que participe la Secretaría de
Seguridad, la FGR y las fuerzas armadas, así como el Servicio de Administración
Tributaria y Aduanas, “como hacen 67 países del mundo”.
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