Javier Risco.
Quienes piensan que la sociedad civil
organizada no puede lograr cambios grandes en el país, no se ha enterado de lo
que han logrado más de 300 organizaciones ciudadanas en la lucha por una
Fiscalía que realmente sirva.
Después de
la crisis que se vivió en la Cámara de Diputados la semana pasada, que pudo
destrabarse sólo cuando el PRI se comprometió públicamente a la eliminación del
pase automático para evitar que Raúl Cervantes llegara a la Fiscalía General
casi por default, parecía que los pactos políticos nuevamente harían una
trastada a la intención ciudadana de tener una institución fuerte e
independiente.
Ernesto Cordero, electo en medio del
rechazo de su propio partido como presidente del Senado, y Jorge Carlos Ramírez
Marín, quien preside a los diputados sólo por el compromiso tricolor de frenar
al fiscal carnal, ya habían pactado eliminar el pase automático sin tomar en
cuenta a la ciudadanía, que aplaudía la intención, pero que alzaba la voz
advirtiendo que la medida era insuficiente.
Los políticos ‘ya se habían puesto de
acuerdo’, así que parecía que el pliego petitorio que fue entregado por los
colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva la semana pasada en el Senado, se
quedaría en una voz frente a oídos sordos. Ayer, ambas agrupaciones, respaldadas
por asociaciones como Fundar, Imco o Causa en Común, acudieron a la Cámara de
Diputados desde donde se pensaba hacer la reforma fast track, y nuevamente
lograron frenarla. El Frente que han conformado PAN, PRD y MC se opuso a
que el asunto se resolviera sin discusión. Y aunque ya dijimos que este
respaldo político no es más que oportunismo, dio a la sociedad civil la
oportunidad de seguir presente.
Sin embargo,
quiero detenerme en el diálogo que el priista César Camacho, líder de los
tricolores en la Cámara de Diputados, tuvo con representantes de los colectivos
ciudadanos, que nos retratan la forma negligente y partidista que usan nuestros
representantes para tomar decisiones tan importantes en el país, como la
elección de los requisitos que se necesita para ocupar el puesto de aquel
encargado de investigar los delitos más importantes:
“Oye, César, pero sí estás de acuerdo
que eliminar el pase automático no nos da una Fiscalía que sirva…”,
cuestionaron los colectivos a Camacho.
“Por supuesto que estoy de acuerdo,
lo que pasa es que mi compromiso fue ese, lo quiero honrar, ese puntualmente,
el del ‘no pase automático’, que fue la iniciativa que presentamos (…). Yo, en
términos prácticos, hice un compromiso que quiero honrar, de corto plazo. ¿Es
suficiente? No. ¿Lo es todo? No. Acabó convirtiéndose en un diferendo
coyuntural. Lo que hice fue hacer un compromiso público que estoy honrando, de
ahí para adelante cabe sentarse y discutirlo: no con nosotros. Yo hice un
compromiso en la coyuntura, por cuestiones de orden político, que es de sentido
común, que no le tocaba resolver a esta Cámara”, les respondió el legislador.
¿Qué se puede esperar de la clase
política que prefiere ceñirse a pactos en lugar de discutir qué es lo mejor
para la ciudadanía y que reduce todo a pactos de ‘coyuntura’?
Y a pesar de
la cerrazón de los funcionarios, la inagotable insistencia de la sociedad civil
ha logrado avances vitales para la vida democrática, como lo hecho en la
gestión de la Ley de Transparencia y con la Ley 3de3. Es una sociedad civil que
no sólo cree en protestar, sino que ha aprendido a hablar el lenguaje de
quienes nos mantienen sometidos y ha sabido negociar en sus términos. Que
preparan iniciativas fundamentadas en legalidad y que acuden a las vías correctas:
se han hecho oír.
Es esta
sociedad civil que no está dispuesta a que se apruebe un parche para acallar la
‘coyuntura política’, sino que pretende una reforma integral que permita
generar una Fiscalía General con credibilidad y que pueda estar legitimada ante
la sociedad, porque construir puentes no significa, como lo creen los
políticos, un diálogo vacío con promesas para salir del paso, sino la
construcción de cimientos que soporten verdaderas instituciones.
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