El Tribunal Electoral valida el fraude.

Jesús Cantú.

Las autoridades electorales son las responsables de inyectarles certidumbre a los procesos electorales. Sin embargo, en la presente elección federal son éstas las que están generando la incertidumbre porque, en lugar de prevenir, impedir y sancionar las irregularidades que se presenten, están pavimentando el camino para que el gobierno y su coalición Todos por México implementen todas las acciones fraudulentas a su alcance en su afán de no perder la Presidencia de la República.

Las evidencias prueban que el gobierno y la coalición encabezada por el PRI pretenden replicar, casi en los mismos términos, los operativos que les permitieron mantener en su poder las gubernaturas del Estado de México y Coahuila el año pasado.

Lo que ya está en marcha son campañas de desprestigio en contra de los candidatos opositores, básicamente utilizando como ariete a la Procuraduría General de la República, como ya sucedió en el caso del Partido del Trabajo y los Cendis y, muy especialmente, en el caso en contra del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya; la pulverización del voto de los opositores, para lo cual impulsaron el registro de las candidaturas independientes; manipulación de las encuestas para crear la sensación de que su candidato tiene más preferencias de las que en realidad consigue; uso de programas sociales federales y estatales para condicionar el voto, y levantamiento de padrones acompañado de reparto de tarjetas entre ciudadanos para comprar el voto con la promesa de que, si ganan, aquellos recibirán dinero en efectivo para satisfacer sus necesidades (Proceso 2162).

Varios de estos operativos sólo pueden implementarse si la autoridad electoral decide no sancionarlos o, al menos, ignorarlos.

En el caso de las elecciones estatales, las autoridades decidieron soslayarlos a lo largo del proceso electoral, y cuando quisieron sancionar, además de que ya era demasiado tarde y poco se podía remediar, mostraron claramente las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En las elecciones del año pasado, la única que intentó hacer algo que hubiese inhibido la comisión de los delitos de compra y coacción del voto fue la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuyos esfuerzos fueron inútiles pues no logró integrar las averiguaciones previas oportunamente, y cuando su titular se disponía a consignarlas fue destituido.

Sin embargo, hay que señalar que el reparto de responsabilidades es muy dispar, ya que el Consejo General del INE impulsó (aunque fuese por mayoría de votos en algunos casos) diversas resoluciones que sancionaban las irregularidades que se detectaron en las elecciones del Estado de México y Coahuila en 2017, así como varios acuerdos que buscaban prevenir que estas prácticas se repitiesen en el caso de las elecciones presidenciales, y todas las revocó el tribunal. En el caso de la FEPADE, que sí pretendía perseguir los delitos electorales, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó destituir al anterior titular para colocar a uno más controlable.

Entre las acciones que implementó el INE para combatir estas prácticas fraudulentas destacan las sanciones al reparto de las tarjetas rosas, aunque únicamente pudieron aprobar la resolución en el caso de Coahuila; el acuerdo de cancha pareja, que pretendía normar la operación y difusión de los programas sociales durante los procesos electorales, y la prohibición del reparto de los monederos electrónicos, que fueron pieza central tanto en la elección presidencial de 2012 como en las estatales de 2017.

Al revocar las sanciones y los acuerdos, el TEPJF no sólo evitó sancionar una práctica claramente ilegal (Proceso 2162), sino que en realidad legalizó su utilización en el actual proceso electoral.

Y por si eso fuese poco, ahí está la resolución del TEPJF de la madrugada del martes 10 mediante la cual se le otorgó el registro como candidato presidencial a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, aun cuando no cumplió con el requisito del número de firmas ni de dispersión de un mínimo de 1% de éstas en al menos 17 estados. El argumento: violación al debido proceso. Con ello se permite que otra de las estrategias de manipulación de la voluntad popular entre en acción.

En mi colaboración en el número 2160, al analizar el proceso de revisión de las firmas de los candidatos independientes, y ante la posibilidad de que el tribunal revocara la decisión, concluía: “En vísperas del inicio de las campañas electorales las autoridades electorales están a prueba: la ratificación de las decisiones del INE fortalecería a las autoridades del ramo, pero la revocación de las mismas, fuese por detectar errores graves en el procedimiento del INE o por otra decisión formalista del tribunal, las dejaría en una debilidad extrema”. Lamentablemente sucedió lo segundo.

La Sala Superior recurrió a una formalidad: según sus miembros el INE violentó el debido proceso de Rodríguez Calderón porque no le concedió el derecho de audiencia para revisar la totalidad de las firmas que le invalidaron. Aunque el INE argumenta que ese proceso de audiencia para la primera etapa de la revisión estuvo abierto a lo largo de todo el proceso de recolección de firmas y que los representantes del candidato acudieron en 12 ocasiones a revisarlo, le negó la solicitud de darle una oportunidad adicional después de los cinco días que le habían otorgado para pronunciarse sobre la segunda revisión.

Con los precedentes de los dictámenes de fiscalización de los gastos de campaña de la elección de gobernador de Coahuila, el Consejo General del INE sabía que tenía que ser sumamente riguroso en los procedimientos, so pena de ver revocadas sus decisiones. Lo fue a lo largo de todo el proceso y, en estricto sentido, sí le concedió el derecho de audiencia al candidato; sin embargo, el tribunal nuevamente escudriñó todo el procedimiento y se aferró al único pretexto que pudo encontrar, aunque sólo fuese parcialmente cierto.

Y aun cuando los consejeros del INE afirman que la FEPADE continuará con la integración de las averiguaciones previas de los presuntos delitos cometidos por Rodríguez Calderón en la recolección de las firmas, es un hecho que las mismas nunca serán consignadas ante un juez, por lo menos no antes de las elecciones del próximo 1 de julio.

La mayoría de los magistrados de la Sala Superior del tribunal, colocados allí por los legisladores priistas, están cumpliendo cabalmente su encomienda de preservar los triunfos del PRI, así tengan que recurrir a legalizar lo ilegal; pero, sobre todo, están validando por anticipado las irregularidades y delitos en los que incurra la coalición Todos por México.

Hasta el momento, la Sala Superior del Tribunal y la FEPADE han blindado los operativos de defraudación electoral de esa coalición y su candidato, José Antonio Meade, como lo confirma la resolución del pasado martes 10.