En cinco
años, entre 2012 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un
total de 45 mil 108 sanciones contra funcionarios públicos por malas prácticas
o irregularidades administrativas. Sin embargo,
tan solo el 28% acabaron en sanciones firmes (13 mil 010). Y peor aún: menos
del 1 % resultaron en la destitución de funcionarios (404); apenas un 1.7 %
terminó en una sanción económica (779).
Estas son
algunas de las principales cifras que documenta el informe ‘Responsabilidades
administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción’, en el que la
organización civil Impunidad Cero analiza los retos que enfrenta México en
materia de combate a la corrupción, en un contexto marcado por las próximas
elecciones presidenciales.
El informe
elaborado por el investigador Luis Darío Ángeles subraya que a pesar de que la SFP, que es la dependencia encargada de
investigar a funcionarios, emite todos los años miles de sanciones, la
impunidad registra niveles muy elevados.
Por ejemplo,
apunta el documento, la SFP sanciona en
promedio solo el 13.4 % de las quejas o denuncias que recibe. “Esto implica, en
principio, que en las denuncias existe una impunidad en la Administración
Pública Federal del 86.6 %”. Y de las sanciones a funcionarios emitidas por la
SFP, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula el 41.8 %, “lo que
quiere decir que la cantidad de casos que no se sancionan aumenta del 86.6 % a
un 92.2 %”.
Y a esto hay
que añadir otros dos datos: uno, que casi
la mitad de las sanciones impuestas por la secretería a servidores y
funcionarios públicos (40%) se quedan únicamente en sanciones menores que se
resuelven con una amonestación pública o privada.
Y dos, de acuerdo con una información del diario
El Siglo de Torreón que recoge el informe de Impunidad Cero, desde la creación
de la SFP en 2002 hasta septiembre de 2017, se han impuesto 16 mil multas
económicas por 34 mil 855 millones de pesos en sanciones a funcionarios, de las
cuales solo fueron recuperadas 158 millones de pesos; ni siquiera el 0.5% del
monto total de las sanciones.
¿Los
funcionarios son unos santos?
“Una de dos:
o nuestros funcionarios públicos son
unos santos, porque apenas hay sanciones graves firmes, o no sabemos qué está
pasando con los criterios de la autoridad para sancionar, ni qué tipos de
conductas están investigando, ni si se está investigando bien o mal”, planteó
en entrevista con Animal Político el investigador Luis Darío Ángeles.
Sobre este
punto, el académico expuso que para que
el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) funcione a pleno rendimiento es
necesario “generar una política de información pública en tema de sanciones”,
que permita enfrentar la corrupción y también la impunidad. Una propuesta que
lanzó a los candidatos presidenciales.
“Los candidatos se están centrando en
el combate a la corrupción. Y la forma de combatirla, de entrada, sería
aumentar el número de denuncias. Pero si aumentas las denuncias y no hay
sanciones, vas a tener un nivel altísimo de impunidad. Entonces, no arreglas el
problema solo queriendo acabar con la corrupción. Tienes que solucionar también
el problema de la impunidad”, señaló Ángeles, quien insistió en que “el enojo y la desconfianza de los mexicanos” pone de manifiesto la
necesidad de discutir los mecanismos de sanción a los funcionarios que
incumplan las leyes.
El
investigador de Impunidad Cero planteó
también que no se necesitan más leyes para lograr un mejor funcionamiento del
nuevo Sistema Anticorrupción, ni para elevar los índices de efectividad de las
sanciones. Lo que se requiere, precisó, es de “voluntad política” y de una
mayor “comunicación y coordinación” entre las instancias encargadas de combatir
a la corrupción y la impunidad.
Por ejemplo,
en febrero la SFP firmó un convenio con
el Poder Judicial de la Federación para compartir estrategias contra la
corrupción. Un convenio que, en opinión del investigador, se produjo muy tarde.
“Me parece inverosímil que en 2018 se
esté firmando ese convenio, y no se haya hecho muchos años atrás. Eso nos lleva
a preguntarnos cómo se está combatiendo la corrupción si el encargado de
perseguir irregularidades y el encargado de juzgar las sanciones, no están
compartiendo información”, aseguró Ángeles.
Animal
Político buscó a la SFP para pedirle una postura acerca de los datos del
estudio de Impunidad Cero. Pero al momento de publicar esta nota, no había
emitido respuesta.
El Paso
Exprés, aún sin sanciones.
El pasado 7
de febrero, Impunidad Cero publicó el informe ‘Impunidad, Sanciones
Administrativas y el Socavón del Paso Exprés’, también elaborado por Luis Darío
Ángeles.
En esa investigación, la organización
civil expuso que a ocho meses de que dos personas murieran tras caer su
vehículo en un socavón que se generó en la carretera federal conocida como el
Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, ni un solo funcionario público ha sido
sancionado, inhabilitado, ni destituido de su cargo. Situación que no ha
variado a dos meses de la publicación del informe.
Ningún funcionario ha sido sancionado
tampoco por las 22 irregularidades por MIL 34 MILLONES DE PESOS que detectó la
SFP en los contratos de construcción de esta carretera, la cual estuvo a cargo
de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y dos empresas privadas.
Entre esas
22 observaciones que la SFP hizo como resultado de cuatro auditorías a la
Dirección General del Centro SCT Morelos, a la Dirección General de Desarrollo
Carretero, y a la Dirección General de Carreteras –todas dependientes de la
SCT-, destacan irregularidades en los
procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin
comprobación documental, incumplimiento al programa de obra, e inadecuada
planeación y programación de la obra, entre otros.
“En el Paso Exprés no se cometieron irregularidades
leves, sino graves. Y el hecho de que meses después no se haya anunciado aún
sanciones a funcionarios públicos involucrados en la muerte de dos personas, es
una clara muestra de impunidad”, subrayó Luis Darío Ángeles.
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