El 14 de noviembre de 2014
desapareció José Luis Hernández Gazpar, un ex bracero de 36 años, quien nueve
meses antes había vuelto a México, y a su natal Guerrero, con la esperanza de
subsistir, junto con su esposa e hijos pequeños, de la producción y venta de
queso.
José Luis iba a bordo de un taxi
junto con otros tres pasajeros cuando dos camionetas negras les cerraron el
paso.
Diez hombres armados bajaron de las
camionetas y, a golpes, obligaron a los cuatro pasajeros del taxi a irse con
ellos.
Horas más tarde, tres de los
secuestrados volvieron a su pueblo, Xochipala, en el municipio de Zumpango del
Río, pero José Luis no volvió.
Los
sobrevivientes narraron que luego de ser conducidos por sus captores a la
sierra de Filo Mayor, fueron puestos en libertad en las inmediaciones de la
comunidad La Laguna, con excepción de José Luis, a quien los secuestradores
mantuvieron retenido.
Aunque el rapto fue denunciado
inmediatamente después de que la familia tuvo conocimiento de los hechos,
ninguna autoridad salió en busca de José Luis.
La única persona abocada a su
localización fue su hermano, Juan Carlos, quien volvió desde Estados Unidos,
donde radicaba, para emprender la búsqueda.
Un año después de que Juan Carlos
inició el rastreo de su hermano, en diciembre de 2015, sus propias
investigaciones le permitieron encontrarlo, aunque muerto, entre una alfombra
de decenas de cadáveres acumulados a lo largo de la pendiente de una barranca,
ubicada en la zona conocida como Curva de La Virgen, en las cercanías de
Chilpancingo, la capital de Guerrero.
Juan Carlos dio aviso de su hallazgo a la Fiscalía
General del Estado, advirtiéndoles que en el lugar había, según sus cálculos,
alrededor de 60 cuerpos, pero no obtuvo respuesta.
Luego, Juan
Carlos acudió ante la Procuraduría
General de la República (PGR), que ordenó a un grupo de agentes acudir al
lugar, acompañados por elementos de la Marina.
Como Juan
Carlos, otros familiares de personas
desaparecidas que realizan búsquedas por cuenta propia también se sumaron a las
labores.
A cargo del operativo iba Edmundo
Meraz Mireles, agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía de Búsqueda
de Personas Desaparecidos de la PGR.
El operativo
para el rescate de los cuerpos oficialmente inició el 7 de diciembre de 2015, sin embargo, ese día sólo inspeccionaron la
zona y al llegar la tarde se retiraron de la barranca, sin dejar ningún tipo de
resguardo para los cuerpos y demás evidencias presentes.
Al día
siguiente, al volver los agentes para
emprender, ahora sí, la recuperación, se encontraron con que un grupo de
desconocidos les había prendido fuego a los cadáveres durante la madrugada.
“La barranca de Curva de la Virgen,
en Chichihualco, es muy inclinada, para bajar a ese lugar hay que hacerlo de
nalgas, y subir a gatas. Recorrimos el lugar y, para sorpresa de nosotros,
había más de 60 cuerpos esparcidos”, explica Margarita López, una de las madres
buscadoras que presenció el operativo de 2015.
–¿A qué te refieres con “esparcidos”?
–A que no estaban sepultados. Estaban
los cuerpos en un estado momificado, acartonado, la mayoría de los cuerpos
tenían tejido, y todos tenían sus ropas. O sea que la delincuencia lo único que
hacía era ejecutarlos y aventarlos a esa barranca.
Esa es una zona, en la que crece un
carrizo conocido como otate, de tallo frágil, pero de raíces profundas, por lo
que “al aventar los cuerpos, éstos iban quedando atorados en los otates. El
primer cuerpo estaba apenas a diez metros bajando desde el camino de
terracería, Y de ahí para abajo, todo era un tapiz de cadáveres”.
Entre esos
cuerpos, Juan Carlos identificó a su
hermano no sólo por sus prendas, sino por una credencial que portaba aún en el
bolsillo. El cuerpo estaba completo.
“Cuando Juan Carlos encontró ese
lugar –explica Margarita–, se puso en contacto conmigo, y yo solicité el apoyo
de la PGR, no sólo porque era importante toda esa gente, sino porque sabíamos
que ahí bien podían estar los 43 normalistas de Ayotzinapa, o algunos de
ellos”.
Durante el primer día del operativo,
iniciado a las 14:00 horas, el personal pericial de la Procuraduría únicamente
tomó registro fotográfico y en video de los cuerpos en la barranca.
“Juan bajó al lugar en donde estaba
su hermano, y luego subió de nuevo al camino de terracería, y le pidió al MP
encargado, a Edmundo Meraz, que le diera un costal. ‘Ahí está mi hermano, deme
un costal y yo lo subo’, le rogó, pero el MP le contestó que no, que al día
siguiente iban a regresar, con apoyo de Protección Civil del estado, para hacer
el rescate de los cuerpos”, detalla Margarita.
Tres horas después de que iniciaron
las operaciones, a las 17:00 horas, el agente del MP se retiró de la barranca,
escoltado por un grupo de marinos, con rumbo al poblado de Chichihualco,
supuestamente con el objetivo de solicitar apoyo a la Policía Federal, para que
acordonaran el área.
El resto de la gente que participaba
en el operativo, marinos, policías federales, peritos de la PGR y familiares de
desaparecidos, quedaron en espera, pero tres horas después, a las 20:00 horas,
cuando la noche había caído y no tenían ninguna señal del agente del MP
encargado, ni de los refuerzos que supuestamente había solicitado, el contingente
decidió retirarse de la barranca, por seguridad.
“Incluso temíamos que le hubiera
pasado algo al agente del MP en el camino a Chihihualco, que le hubieran hecho
algo –detalla Margarita–, pero cuando llegamos al pueblo, nos lo encontramos
sentado en la gasolinería. Dijo que estaba esperando que bajáramos (de la
sierra), porque no le habían autorizado el envío de elementos de la Policía
Federal para resguardar el lugar… yo luego pregunté a la PF, y me informaron
que él nunca hizo la llamada.”
A las 4:00 de la madrugada del día
siguiente, 8 de diciembre de 2015, el contingente de marinos, federales,
peritos, familiares de desaparecidos, e incluso el personal de Protección Civil
del estado que se sumaría a las acciones, ya estaba listo para partir del
poblado Chichihualco, rumbo a la barranca de Curva de la Virgen.
El objetivo de iniciar antes de que
saliera el sol no sólo era recuperar tiempo perdido, sino evitar que la luz del
amanecer permitiera al crimen organizado retirar los cadáveres, o arrojarlos a
la parte más profunda de la barranca, de varios cientos de metros, para evitar
su rescate.
La hora de partida había sido fijada,
de hecho, por el mismo agente del MP encargado, Edmundo Meraz, sin embargo, él
llegó hasta las 10:30 al punto de encuentro.
“Había sido
una irresponsabilidad del agente del MP dejar sin resguardo la barranca –afirma
Margarita–, porque, como se dice, ya habíamos ido a calentar la zona, era obvio
que el crimen organizado nos había visto. Luego, al día siguiente, llegó varias
horas tarde, y cuando le reclamamos, nos respondió ‘no pasa nada, déjenme ir’,
y se fue a Aurrerá a comprar comida.”
Molestos, los integrantes del
contingente decidieron emprender la marcha, y el agente del MP los alcanzó en
el camino, luego de hacer sus compras.
“En el camino, íbamos nerviosos,
porque a la distancia se veía una estela negra, pequeñita, subiendo al cielo
–narra Margarita–, y cuando llegamos a la Curva de la Virgen, Juan rápido bajó
la barranca y luego subió, desencajado, y nos dice ‘ya chingó a su madre todo,
ya nos quemaron los cuerpos’. Iba llorando y diciendo ‘mi hermano, ya no
está’.”
De los 60 cuerpos que un día antes
fueron contabilizados en la zona, al menos 35 habían sido acumulados en una
pila, a la que luego rociaron con gasolina y prendieron fuego.
Otros once cuerpos, aparentemente, no
fueron arrojados con buen tino hacia el cúmulo de cadáveres, y rodaron por la
barranca. Esos fueron los únicos cuerpos que pudieron recuperarse.
Del resto sólo quedaron cenizas, y de
entre esas cenizas, las autoridades sólo lograron recuperar restos carbonizados
de ocho personas, entre ellos, José Luis, del que sólo quedaron dos fragmentos
de hueso.
Oficialmente,
las autoridades reconocieron que los
cuerpos de la fosa habían sido incendiados por el crimen organizado, “pero se
manejaron de tal forma las cosas, que pareciera que los únicos cuerpos que se
habían quemado eran ocho, y que aun así habían sido recuperados, junto con
otros once cuerpos completos, la autoridad lo manejó como un éxito, pero nunca
informaron que por una decisión estúpida de su personal, 35 cuerpos de
víctimas, que eran perfectamente reconocibles, fueron calcinados”, señala
Margarita.
Entre esos cuerpos estaban, por
ejemplo, los de dos mujeres, una de ellas embarazada. La otra portaba en la
muñeca una esclava de oro, con tres iniciales grabadas.
“Los cuerpos estaban con sus ropas,
con sus objetos personales, estaban momificados, las madres de todas esas
personas con plena seguridad las habrían reconocido, y ahora ya no estaban. Las
mamás lloramos de rabia, de impotencia, y cuando subimos de nuevo al camino de
terracería, unas personas que pasaban nos dijeron ‘uh, llegaron a las 6:00 de
la mañana para quemarlos, vino una camioneta de la Policía Municipal y les
trajo gasolina'”.
Durante los
días 8, 9 y 11 de diciembre, elementos
de Protección Civil estatal entrenados en rapelismo, sacaron de la barranca los
restos calcinados de ocho personas, así como los 11 cuerpos que sus cuerdas más
largas les permitieron alcanzar. Sin embargo, más abajo en la barranca aún
podían divisarse más cadáveres.
Por ello, un
grupo de familiares de desaparecidos, acompañados de marinos y elementos de la
Policía Federal, decidieron descender de la sierra, interceptar el río que la
surca, y vadearlo hasta llegar al fondo de la barranca de Curva de la Virgen,
con la esperanza de poder ascender desde ahí hasta el punto en donde habían
quedado más cadáveres atorados en los carrizos, e intentar recuperarlos, pero
la fragilidad de la pendiente les impidió escalarla.
El
recorrido, sin embargo, no fue en vano,
explica Margarita, ya que desde el fondo de la barranca pudieron ver a mitad de
la pendiente no sólo cuerpos que habían rodado varios cientos de metros, sino
también vehículos con cuerpos dentro, encajados en la tierra.
“Al fondo de
la barranca la pendiente ya es muy inclinada y la tierra está muy suelta –narra
Margarita–, cuando intentábamos ascender (para alcanzar el punto en donde se
divisaban cuerpos), no lo lográbamos porque la tierra se te desgajaba encima.
Los carros que vimos, evidentemente, habían sido arrojados a la barranca desde
la parte alta, desde el camino de terracería, y al caer sobre la tierra blanda
del fondo, los coches se quedaban incrustados. No pudimos llegar hasta donde
estaban esos carros, pero se veía que había cuerpos dentro. O sea, esos carros
los arrojaron con personas en su interior”.
Pese a las evidencias de que en la
barranca quedaban aún muchos cuerpos, el agente del MP Edmundo Meraz dio por
terminado el operativo de recuperación ese mismo 11 de diciembre de 2015.
“Cuando ordenaron dar por terminado
el operativo, yo me acerqué al MP Edmundo Meraz y le pregunté dónde estaba la
esclava de oro de la mujer, que habíamos visto un día antes, y que ahí seguía
luego de que quemaron los cuerpos. Y resultó que ya se había perdido, no la
tenía el MP, no la tenían los peritos, no la tenía el médico legista, entonces
yo hice un escándalo, porque esa esclava, con las iniciales que tenía, seguro
podía reconocerla la familia de esa muchacha, queríamos las mamás tomarle una
foto, para mostrarla a otras mamás, entonces les dije que si esa evidencia no
aparecía, iba a presentar una denuncia oficial, y otra ante la prensa, les
llamé bandidos y aves de rapiña… luego de un rato me dijeron que la esclava de
oro ya había aparecido, pero lo cierto es que no quisieron mostrárnosla
nuevamente, los familiares de víctimas no pudimos confirmar que realmente
hubiera aparecido, muy posiblemente se la robaron los agentes”.
Una semana después, el 18 de
diciembre, el gobierno de Guerrero anunció la destitución del director estatal
de Protección Civil, Melquiades Olmedo, por haber facilitado personal para el
rescate de cuerpos en la barranca, sin antes haberlo consultado con el
gobernador Héctor Astudillo.
Para que alguna autoridad regresara a
la barranca de Curva de la Virgen, a intentar rescatar el resto de los cuerpos,
debieron pasar nueve meses más, y esto sólo ocurrió ante la presión ejercida
por las familias de personas desaparecidas en Guerrero.
Así, en
septiembre de 2016, de esta barranca
lograron recuperarse otros 12 cadáveres, y se encontraron evidencias de que el
lugar seguía siendo utilizado por el crimen organizado para ejecutar víctimas.
“Localizamos
un árbol, le dicen árbol de papel, con rastros de sangre recientes, y
casquillos de bala percutidos –narra Margarita–, como que en ese lugar paraban
a la gente, le disparaba, y la dejaban rodar por la barranca”.
Aunque en este segundo operativo
pudieron recuperarse 12 cadáveres más, debido a la falta de cuerda
suficientemente larga, otros cuerpos no pudieron ser alcanzados y se dejaron
ahí.
“Pero cuando insistí en que se
hiciera una tercera entrada al lugar –señala Margarita–, el subprocurador de
Derechos Humanos de la PGR (Eber Betanzos) me dijo ‘no, ya no puede usted
entrar ahí, el gobernador de Guerrero habló con la procuradora Arely Gómez, y
le prohibió que se entrara a ese lugar, porque es un estado turístico y esto le
está afectando al gobernador y al estado. Me dijo que podíamos entrar a otros
lugares, menos ahí, y me dijo ‘Margarita, el gobernador tiene todos los datos
de usted, y no quiero que le vaya a pasar nada'”.
Una segunda amenaza, afirma, llegó
días después, en voz de “un activista de Guerrero, muy conocido, policía
comunitario, que me buscó y me dijo: ‘El señor Isaac Navarrete (presunto
narcotraficante de la zona) dice que no entre más para San Vicente ni para
Chichihualco, peroque si entra la van a matar’. El activista me dijo que él
quería que yo me cuidara mucho, pero que me convenía no entrar para allá”.
Finalmente, asegura, una tercera amenaza vino en voz
Eréndira Cruzvillegas, entonces titular de la Fiscalía Especializada en
Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la PGR.
“Ella me
citó en su oficina –afirma Margarita–, me llevó a una sala de juntas, se sentó
bien cerca de mí y me dijo: ‘Mire, mi
chula, le voy a pasar un recado, se metió con la gente equivocada, ellos son
los que manejan todo ahí en Guerrero, y a ellos no les conviene que usted esté
yendo a patear el avispero… le paso el recado, pero usted y yo nunca tuvimos
esta plática'”.
La presión de las familias por volver
a la barranca no ha cesado, destaca Margarita, pero hasta la fecha, las
autoridades no han vuelto a autorizar un nuevo operativo para recuperar
cuerpos, ni han implementado ninguna acción orientada a impedir que ese lugar
siga usándose como tiradero de cadáveres.
Un año y
medio después de haber localizado la barranca de Curva de la Virgen, el 3 de
mayo de 2017, Juan Carlos, el joven que
la encontró, fue convocado por la PGR, ahora en calidad de “testigo protegido”,
para proporcionar información que pudiera ser útil en la búsqueda de los 43
normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Juan Carlos acudió a la cita, en la Ciudad de México.
No se sabe con certeza qué
información proporcionó a la PGR, pero un mes después, el 14 de junio de 2017,
un agente federal, de nombre Gerardo Morales Rivera, se comunicó con Juan Carlos
para informarle que debía presentarse de nuevo a las oficinas de la
Procuraduría General de la República, pero ahora a las de Chilpancingo,
Guerrero.
Juan Carlos reiteró una petición que
antes ya había formulado: que las autoridades le proporcionaran garantías para
su seguridad, pero, tal como la primera vez, la respuesta fue negativa.
Juan Carlos recibió esa llamada de la
PGR el 14 de junio de 2017 y, doce días después, el 26 de junio, desapareció.
Hasta la fecha, este joven permanece en calidad de víctima de desaparición
forzada.
Para abordar
estas denuncias Animal Político solicitó entrevistas a la PGR, sin embargo, la
solicitud fue ignorada por la institución.
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