Daniela Barragán.
Pasó un año más y aún no se puede
saber en qué medida el programa Prospera contribuye en la mejora de la
alimentación de las familias beneficiarias, debido a la carencia de información
sobre la cantidad, calidad y diversidad de la comida ingerida por quienes
recibieron los apoyos, ni el cumplimiento efectivo al derecho social a la
alimentación, reveló la Cuenta Pública de 2017 en la revisión realizada por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su informe más reciente, señaló que por la falta de información, no fue posible valorar los
resultados del programa en la inclusión productiva, laboral y social de los
beneficiarios, ni sus efectos en la mejora de su bienestar socioeconómico, a
efecto de que las familias desarrollen la capacidad de ser autosuficientes.
De acuerdo con el documento que es resultado de la auditoría
a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en 2017 se ejercieron 41 mil 212 millones
901 mil pesos con el objetivo de “romper la concepción asistencialista de
atención a la pobreza, y cambiarla por un enfoque que, mediante la
corresponsabilidad de los beneficiarios, garantice el ejercicio de los derechos
sociales”.
Sin embargo, la
Coordinación Nacional del programa no cuantificó a la población potencial y
objetivo del programa, en términos de los hogares con integrantes en situación
de pobreza con potencial para inversión en capital humano o con ingreso
inferior a la Línea de Bienestar Mínimo.
Incluso, la ASF
identificó que la seguridad alimentaria se incrementó en 1.7 puntos
porcentuales en las familias beneficiarias de PROSPERA, respecto de 2012, al
pasar de 14.6 por ciento de los hogares, a 16.3 por ciento; la inseguridad
alimentaria leve entre los beneficiarios se incrementó en 2 puntos
porcentuales, al pasar de 45.3 por ciento a 47.3 por ciento en el mismo
periodo, “lo que representó que sean vulnerables de caer en el estatus de
carencia alimentaria si no se mantienen intervenciones del programa para
contribuir a reducir sus experiencias negativas en el cambio de la calidad y
cantidad de los alimentos por falta de dinero o recursos y, en situaciones
severas, experiencias de hambre”, señaló.
Y otros objetivos no se cumplieron: en 2017, se tenía la meta de “Contribuir a fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas
en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en
alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del
bienestar”, pero en las reglas de operación no se definió qué es ampliar las
“capacidades en alimentación, salud y educación”, ni se establecieron los
mecanismos para evaluarlo.
También para ese año,
las reglas de operación dispusieron como objetivo “contribuir a fortalecer el
cumplimiento efectivo de los derechos sociales”, entre ellos el de la
alimentación; sin embargo, la Coordinación no estableció criterios,
indicadores, ni metas, y no contó con información para valorar su contribución
en el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación de las
familias beneficiarias.
Sólo Prospera en su
componente alimentario generó 11 observaciones de las cuales se derivaron 25
recomendaciones al desempeño.
LAS ESTANCIAS INFANTILES.
El programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras de Sedesol, está dirigido a madres, padres solos y tutores en
hogares en condición de pobreza, quienes, por cuidar a sus hijos pequeños, no
pueden acceder o permanecer en el mercado laboral o estudiar.
En 2017, se ejercieron en este
programa 3 mil 771 millones 450 mil pesos, sin cuantificar a la población
potencial ni objetivo.
La ASF criticó que del concepto de “Apoyo
a madres trabajadoras y padres solos”, no se definió, ni cuantificó, de manera
clara y consistente, a la población objetivo, “ya que en los documentos
normativos y programáticos que regulan la operación del programa, se utilizan
indistintamente diversos conceptos al respecto”, dice en su informe.
En las reglas de operación no se
incluyeron objetivos ni estrategias explícitos para contribuir a los objetivos
de la política nacional definida en la Ley General de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de contribuir al
mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios de atención,
cuidado y desarrollo integral infantil.
También se encontró
que de 319 estancias, el 55.8 por ciento (178) se ubicaron en localidades con
grado de marginación muy bajo; el 21.3 por ciento (68), con grado medio; el
18.2 por ciento (58), con bajo grado de marginación; el 3.4 por ciento (11) con
alto, y el 1.3 por ciento (4), con grado muy alto, “por lo que no se
priorizaron las localidades con las mayores desventajas en su situación
geográfica, económica y social”.
En lo que respecta a la capacitación
de los responsables de las estancias afiliadas, la Secretaría no acreditó que,
en 2017, tuvo un programa anual o de una estrategia para impartir la
capacitación básica, inicial y complementaria.
La secretaría reportó que ese año
capacitó a 22 mil 636 responsables de las estancias infantiles pero no dispuso
de información referente a cuántas estancias correspondieron los responsables,
ni en qué temas los instruyó; tampoco sustentó el número de responsables de las
estancias que fueron certificados en el “Estándar de Competencia”, vinculado
con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para cuidar y realizar
actividades para el desarrollo de los niños, en centros especializados en la
atención infantil.
Además, de las 46 mil
916 visitas de supervisión que realizó en 2017, sólo 243 (0.5 por ciento) se
efectuaron en el primer bimestre, lo cual implicó un riesgo para la seguridad
de los niños.
Tampoco se verificó la confiabilidad
de la información que reportaron los solicitantes del subsidio, en relación con
su condición socioeconómica, por lo que no se puede asegurar que atendió a la
población que más lo requirió.
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