La fiscalía de México inició una
investigación a raíz de la denuncia presentada por accionistas del español
Banco Popular contra el empresario Antonio del Valle y otros por revelación de
información confidencial, informó hoy el despacho legal que representa a los
denunciantes.
La denuncia fue presentada ante la
Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría
General de la República (PGR, fiscalía) el 7 de junio y ratificada el 6 de
julio, “y la PGR ya está trabajando en ello”, dijo a Efe María Teresa Llantada,
socia del despacho Gastelum Abogados.
La denuncia es contra Antonio del
Valle Ruiz, su primo Jaime Ruiz Sacristán y otros, a quienes se atribuye la
conducta de “revelación de información confidencial, engaño y aprovechamiento
del error”, señaló
Llantada.
Precisó que la denuncia fue
presentada en representación de la Asociación Española de Accionistas
Minoritarios de Empresas Cotizadas, que agrupa a inversionistas del Popular y
que ha contratado despachos tanto de España como de otras partes de Europa y en
México para defender sus intereses.
La abogada
expuso que la investigación está en sus inicios con base en las pruebas
aportadas en la denuncia, la cual sostiene
que información confidencial a la que tenían acceso tanto Del Valle como Ruiz
Sacristán, “en forma directa o indirecta la revelan a través de medios de
comunicación”.
“Se tendrá que hacer diversas gestiones
a través de la Procuraduría General de la República con su equivalente en
España para que se interroguen testigos. Hay que integrar toda la carpeta de
investigación para acreditar la comisión de la conducta delictiva”, abundó.
Un portavoz
de Antonio del Valle explicó que la
demanda “hace referencia a hechos acaecidos en España que están siendo
revisados por las autoridades competentes en ese país”.
“Las personas mencionadas en la nota no han
sido notificadas en México de los procedimientos a los que se refiere en la
misma”, agregó el
mismo portavoz.
De acuerdo
con la abogada Llantada, la demanda pone
de manifiesto que el objetivo de la filtración era “desestabilizar el mercado,
mover artificialmente el valor de la acción, y con ello provocar que a través
de un aumento de capital se pudieran hacer ellos con el banco por una cantidad
muy inferior al valor de los activos”.
“Al final del día la jugada, como
todos sabemos, no les sale porque bajan tanto las acciones que evidentemente se
toma la decisión de venderlo (el Banco Popular) por un euro al Santander”, refirió.
Insistió en
que “toda la conducta desde que entra el
señor Antonio del Valle como consejero (del banco) el año 2014 fue tendente a
desestabilizar el precio y el valor de la acción a través de la divulgación de
noticias falsas o tendenciosas, o simplemente ciertas, pero con información
confidencial”.
Varios medios de comunicación
publicaron en marzo que Antonio del Valle y otros mexicanos antiguos
accionistas del Banco Popular, que llegaron a poseer más de un 4 por ciento de
la entidad, reclaman a España 470 millones de euros a través de un arbitraje
internacional.
Anteriormente,
Del Valle ya había presentado un recurso
legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la
Junta Única de Resolución de intervenir Popular y adjudicarlo al Banco
Santander.
El inversor mexicano de origen asturiano
considera que sus acciones fueron “expropiadas” y acusa al Gobierno de España
de una participación en la resolución.
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