José Gil
Olmos.
En el PRI las caras de luto de la
dirigencia en pleno cuando René Juárez Cisneros anunció su renuncia al Comité
Ejecutivo Nacional reflejaban el estado de ánimo que les dejó la peor derrota
histórica en su vida. Pero más grave resultó su miedo a dar un nuevo paso en su
historia, a iniciar una refundación profunda que incluya el cambio del nombre
adquirido en 1946, que ya no refleja la vida del país, sino que es sinónimo de
corrupción.
Es evidente
que en el PRI la dirigencia actual tiene miedo a las palabras y al cambio.
Desde que se fundó en 1929 como el Partido Nacional Revolucionario (PNR), que
le dio cauce institucional a lo que dejó la Revolución, solo ha tenido dos
cambios importantes: en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en
1946 como Partido Revolucionario Institucional (PRI), a partir del cual los
civiles toman el poder presidencial.
Esto es,
desde hace 72 años el PRI no tiene un cambio de nombre, adecuado a las nuevas
circunstancias del país, y en sus principios y plataforma no existen las nuevas
exigencias de participación democrática en la toma de decisiones ni tampoco las
exigencias actuales de lucha contra la corrupción.
Este partido
cuyos sustantivos reflejaban una contradicción esencial con una “revolución
institucionalizada”, desde hace décadas quedó completamente rezagado ante las
nuevas demandas sociales de apertura ciudadana en el debate y toma de
decisiones para el funcionamiento del sistema político y de gobierno que se
refleja en las cámaras legislativas y en la vida de los propios partidos
políticos.
Más allá de los resultados del pasado
primero de julio que representaron su peor derrota en elecciones federales, la
animadversión ciudadana a lo que representa el partido y el gobierno emanado de
sus filas, quedó reflejada en el voto de castigo mayoritario de una ciudadanía
harta de la impunidad, corrupción, injusticia, nepotismo, despotismo y la
violencia que todos los días se sufre en todo el país.
Ante la amenaza de la extinción por
inanición, los priistas tienen ante sí la posibilidad de un cambio de fondo si
es que quieren mantenerse con posibilidades de recuperar el poder. Para ello el
primer paso es desmarcarse completamente del equipo de Enrique Peña Nieto
representado por José Antonio Meade, Aurelio Nuño y Luis Videgaray.
Luego llamar
a una refundación del partido en una asamblea nacional en la que participen no
solo delegados, sino que se abra a la militancia que vive en el día a día el
estigma de ser priista. Luego de eso hacer los cambios en los estatutos que
permitieron las candidaturas externas y finalmente adecuar los principios a la
nueva realidad nacional.
De ahí vendría la posibilidad de
cambiar el nombre como ya se ha planteado desde hace casi tres décadas cuando
se habló del Partido Nacional de Solidaridad.
En la decisión de renovarse,
reformarse o refundarse esta el nivel de profundidad de cambio que habrán de
elegir los priistas para sobrevivir o para iniciar una nueva etapa que los
lleve a ser tomada en cuenta como una opción de gobierno confiable y a la
altura de las exigencias actuales.
Por cierto… Han ocurrido varias crisis sociales que el
PRI desdeñó e incluso denostó en su momento: el movimiento estudiantil de 1968;
la fractura de 1988 con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo,
Ifigenia Martínez, entre otros; el surgimiento del movimiento zapatista y el
asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994; y las derrotas presidenciales del
2000 y 2006. La nueva derrota del pasado 1 de julio es una nueva llamada de
atención, quizá la más fuerte, que si no la asimilan podría ser el inicio de su
pérdida de registro en la próxima elección intermedia en 2021.
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