La Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)
anticipó que “se encuentra lista” para dar cumplimiento a al menos tres órdenes
de aprehensión contra el exgobernador Roberto Borge, luego que esta mañana se
dio a conocer que un juez federal ordenó dejar sin efecto la vinculación a
proceso contra el exmandatario quintanarroense por el delito de lavado de
dinero, iniciado por la Procuraduría General de la República (PGR).
El exgobernador Borge, preso en el Centro Federal de
Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Cuautla, Morelos, obtuvo un amparo que deja sin efecto la
vinculación por operaciones con recursos de procedencia Ilícita.
Aunque no saldrá libre, pues se
valorará nuevamente si el expriista debe o no continuar sujeto a proceso por
presunto lavado de 900 millones de pesos en un nuevo dictamen “debidamente
motivado y fundamentado”.
De acuerdo
con informes oficiales, la sentencia del
juicio de amparo establece que la vinculación a proceso no satisface las
exigencias del artículo 16 constitucional, pues no fueron expuestas las causas
o motivos por los que el juez de control consideró que los datos de prueba
aportados por la PGR eran idóneos, pertinentes y suficientes para evidenciar el
grado de responsabilidad de Borge Angulo.
El pasado 5
de enero, tras casi 14 horas de audiencia, el juez de control José Artemio
Zúñiga vinculó a proceso al exmandatario por su probable participación en
calidad de coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la
modalidad de ocultamiento de bienes, resultado de una actividad ilegal.
A la vez, el
juez José Artemio Zúñiga determinó decretar la medida cautelar de prisión
preventiva justificada por riesgo de fuga, por lo que el exmandatario estatal
fue finalmente trasladado al Ceferepsi de Cuautla.
Tras esta resolución, que ordena un
nuevo dictamen por el delito de lavado de dinero, la FECC emitió un comunicado
en el que ofrece “darle tranquilidad a la ciudadanía quintanarroense” sobre la
eventual liberación del Borge.
En cuanto al proceso por lavado de
dinero, iniciado por la PGR, anticipa que se deberá citar a una nueva audiencia
para determinar la situación jurídica de Borge Angulo.
Y precisa:
“Hay dos posibles escenarios. El
primero es que la PGR impugne la resolución o bien, en caso de que no se
impugne, se llevaría a cabo la audiencia de imputación y ahí el juez federal
decidirá si se vincula o no a proceso por el delito ya antes señalado”.
Pero
advierte que, si finalmente Roberto
Borge no es vinculado a proceso por lavado de dinero, la FECC traería al estado
al exmandatario para que comparezca por los tres procesos que se le investigan.
“La Fiscalía Anticorrupción,
consciente de los procesos legales, tiene un tiempo y término, por lo que se
mantiene vigilante para hacer cumplir la ley y, en consecuencia, traer al
imputado al estado y que enfrente los tres procesos legales por hechos
cometidos en contra del patrimonio de los quintanarroenses, tal y como la
ciudadanía lo ha manifestado”, subraya.
Por la
mañana, el Consejo de la Judicatura
Federal dio a conocer en una nota informativa que el Juzgado Sexto de Distrito
en el Estado de México concedió la protección constitucional a Borge “con el único
efecto de dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso que le fue
dictado el 5 de enero”.
Un juez de
control vinculó a Borge “por su probable participación en el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar o
pretender ocultar bienes dentro del territorio nacional”.
Una de las
acciones imputadas a Borge como coautor del hecho delictivo fue designar como
titular del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo a
Claudia Romanillo, acusada por la presunta compra-venta fraudulenta de una
veintena de predios de la entidad a familiares del exgobernador.
Por este
caso, en enero pasado, la PGR aseguró que el quebranto causado al erario por el
gobernador fue superior a los 900 millones de pesos y pidió su vinculación a
proceso.
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