Arnoldo
Cuellar.
El miércoles de esta semana un
Senador de Morena, del estado de Chihuahua, presentó un punto de acuerdo que
persigue centralmente instar a las autoridades federales para que investiguen a
la empresa Sonigas, propiedad del empresario leonés Salvador Oñate Ascencio,
por prácticas monopólicas, algo que pudiera sonar creíble en esa industria; por
vender cilindros a medio llenar, también muy factible; pero además por algo que
se oye desorbitado: presunta sustracción ilegal de hidrocarburos.
El punto de acuerdo, un mecanismo
parlamentario que no obstante su nula eficacia sigue siendo el recurso
predilecto de los integrantes del Poder Legislativo para hacer ruido político y
mediático, va dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), la
Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), como si se tratara de un escopetazo.
La intención
del Senador Cruz Pérez Cuéllar, un ex dirigente panista que le ganó la elección
a Gustavo Madero en el estado gobernado por Javier Corral, y al ex Gobernador
priista José Reyes Baeza, pareció ser la de ganarse algunos espacios en la
prensa, algo que no ocurrió, precisamente a causa de la probada capacidad de
inhibición que posee el capitán de Banco del Bajío y Sonigas para frenar la
propaganda negativa en los medios.
La propuesta de Cruz Pérez sólo se
fundamenta en algunas notas periodísticas aisladas; en reportes y multas de la
Profeco, algo que seguramente es común en la industria del gas; y en la
presencia de las filiales de Sonigas en más de la mitad de los estados del
país.
Aquí es donde surge la duda de las
verdaderas motivaciones atrás de la denuncia que a nivel nacional sólo fue
publicada por el diario Excélsior y apenas por unas horas, pues actualmente la
nota ha sido retirada del portal, no aclarada o desmentida, sino simplemente
“desaparecida”.
En la tierra de origen del legislador
que promueve el punto de acuerdo, se encuentran algunas de las más grandes
empresas de distribución y venta de gas. Está por ejemplo Tomza, de Tomás
Zaragoza Fuentes, que ha sido acusada casi de lo mismo: acaparar el mercado del
gas LP, vender el combustible a sobreprecio y entregar litros que no son de a
litro.
Es probable que nos encontremos en
una guerra de empresas que utilizan a los políticos como alfiles o quizá
simplemente como peones. No sería remoto elucubraciones que el Senador Cruz
Pérez haya sido respaldado en su campaña por recursos provenientes de los
competidores de Oñate y hoy esté pagando los favores.
Porque eso
pasa también en Guanajuato. No hace
mucho, la Alcaldesa de León, Bárbara Botello, adquirió una flotilla de
vehículos mediante un arrendamiento financiero nada barato con una
distribuidora de automóviles perteneciente al grupo Soni.
La decisión, tomada contra viento y marea,
parecía pagar los favores recibidos en su campaña a la Alcaldía en 2012, a
través de un personaje central en esta historia y hoy prófugo de la justicia:
el ex tesorero Roberto Pesquera, quien además había colaborado en su carrera
profesional cerca del propio Oñate Ascencio.
Por cierto, esa nota apareció
fugazmente en la prensa local y luego pasó al olvido, hasta por parte del PAN,
que buscaba afanosos temas contra la Alcaldesa priista que los acababa de
humillar.
Es decir, tanto allá como acá hace aire. En Chihuahua
y en Guanajuato los políticos y los empresarios han venido bailando un tango a
escondidas, buscando beneficios mutuos que regularmente se salen de los caminos
de la legalidad: los políticos obtienen recursos ilícitos para sus campañas; los
empresarios reciben trato preferencial y beneficios en las decisiones de
Gobierno o, también, obstáculos mayores para sus competidores.
Ese es el
país contra el que votaron 30 millones de mexicanos en las pasadas elecciones, confiando en que Andrés Manuel López
Obrador representaba algo distinto, pese a las campañas del miedo acumuladas de
18 años y todas las previsiones de desastre. Sin embargo, es también el país en
el que ya parece estarse acomodando el morenismo triunfante si nos atenemos a
las maniobras de Cruz Pérez en Chihuahua o las de Ricardo García Oseguera en
Guanajuato.
Una elección
puede cambiar mucho sólo si los políticos leen los mensajes de forma correcta, algo que no hizo Vicente Fox en el año 2000
y que terminó convirtiéndolo en un patético Presidente cabildero de
empresarios, y traidor a los mandatos constitucionales y al voto que lo ungió.
Pero también una sociedad puede
cambiar si hay un impulso desde la sociedad y ahí tienen una alta
responsabilidad los empresarios, esos que saturan su agenda con cursos de
liderazgo y de alta dirección empresarial, pero que nunca se detienen a leer un
tratado de ética, aunque sea para dummies, para moderar así sea un poco el
capitalismo de compadres que representa uno de los mayores lastres del país.
Hay tarea para todos, más allá de los
puntos de acuerdo y la censura o autocensura de los medios, si no queremos que
esto siga de mal en peor.
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