Doce exfuncionarios de la Sedesol que
firmaron convenios vinculados con el presunto desvío de recursos públicos en el
esquema conocido como La Estafa Maestra, cuando Rosario Robles Berlanga era su
titular, repitieron cargos en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu)
cuando esta funcionaria llegó a dirigir la dependencia.
Sólo por los
convenios firmados en la Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso 6 denuncias penales, entre
2015 y 2016, en contra de la dependencia, siete universidades y el Sistema de
Radio y Televisión de Hidalgo por el presunto desvío de recursos.
Además, otros cuatro funcionarios que salieron de
la Sedesol y llegaron a Sedatu, bajo el mando de Robles en ambos casos,
firmaron convenios en Sedatu, mismos que fueron señalados con presuntas
irregularidades en las revisiones hechas por la ASF.
En total, son 16 funcionarios que tuvieron cargos en
Sedesol y Sedatu y firmaron 28 convenios, por 3 mil 258 millones de pesos, con
universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016 en ambas
dependencias.
La ASF presume que dichos convenios son parte del
mismo modus operandi ocurrido en Sedesol y Sedatu, en el cual, de acuerdo con
la investigación de La Estafa Maestra, las dependencias hicieron acuerdos con
las instituciones públicas para hacer supuestos servicios, estas instituciones
a su vez subcontrataron a empresas irregulares que simularon el servicio, o no
los realizaron, y los recursos públicos desaparecieron.
Entre los
funcionarios que firmaron los convenios se
encuentran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, que tuvo ese cargo en Sedesol y
repitió en Sedatu. Dicho nombramiento depende directamente de la titular, que
en ambos casos fue Rosario Robles. Otros funcionarios más dependen o dependían,
a su vez, de Zebadúa.
Animal
Político identificó a los funcionarios
que firmaron los convenios, tras obtenerlos todos a través de 50 solicitudes de
información, además de revisar el historial laboral en Declaranet de cada uno
de los firmantes, y analizar el expediente sobre la investigación realizada por
el Órgano Interno de Control de la Sedesol, respecto a la actuación de sus
funcionarios en estos casos.
Los
funcionarios.
Emilio Zebadúa es el funcionario de más alto nivel
que firmó los convenios investigados por la ASF y denunciados ante la PGR. Ha
sido Oficial Mayor tanto en Sedesol como en Sedatu, y se ha encargado de
administrar y avalar la entrega de recursos en las dependencias, según
establece la estructura orgánica.
Como Oficial
Mayor de la Sedesol, Zebadúa firmó los primeros convenios protocolarios con la
Universidad de Morelos –el 1 de marzo de 2013– y del Estado de México –el 6 de
mayo de 2013–. Gracias a éstos, la dependencia hizo al menos seis convenios que
suman mil 195 millones de pesos para hacer supuestos servicios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del
presidente Enrique Peña Nieto.
En la Cuenta
Pública de 2013, la ASF comprobó que los servicios no se cumplieron y
estableció que presuntamente hubo una “simulación de operaciones” por lo que
interpuso seis denuncias penales entre 2015 y 2017.
El 1 de
septiembre de 2015, fue nombrado nuevamente como Oficial Mayor de Sedatu por
parte de Rosario Robles, cuatro días después de que ella comenzó en la
dependencia como titular.
Ya en Sedatu, siete funcionarios –de
los cuales 3 dependían directamente de Robles y 1 de Zebadúa– firmaron al menos
12 convenios con este modus operandi con universidades y organismos de
comunicación, que suman mil 24 millones de pesos en 2015 y 2016, de acuerdo con
la información de la ASF en la Cuenta Pública de ambos años.
Emilio
Zebadúa fue consejero en el Instituto Nacional Electoral en 2000; secretario de
Gobierno en Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, y
presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
Ramón Sosamontes, jefe de la Oficina de la Sedesol y
Sedatu, firmó tres convenios, en su paso por Sedesol, con Radio y Televisión de
Hidalgo en enero y febrero de 2015 por un monto total de 603 millones de pesos
para servicios que incluía “desarrollar la estrategia y programa anual de
comunicación social y materiales en audio y video para la Cruzada contra el
Hambre”.
Los tres
convenios forman parte de una denuncia penal interpuesta por la ASF ante la PGR
el 27 de octubre de 2017, pues según la auditoría D17002 “sirvieron como vía
para la distribución irregular de los recursos, dado que no existe evidencia de
que varias de las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno
en favor de Radio y Televisión de Hidalgo o de Sedesol”.
El pasado 23 de febrero, el periódico
Reforma publicó que, de acuerdo con información atribuida a la ASF,
funcionarios de Hidalgo declararon que al firmar los convenios con la Sedesol
fueron obligados por una alta funcionaria de esa dependencia a contratar a 27
empresas y recibir cajas con los comprobantes de los servicios ya elaborados.
Uno de los convenios fue firmado por
Gustavo Rodríguez González, entonces director de información de Sedesol, y
quien repitió en el cargo en Sedatu, pero fue separado del cargo en septiembre pasado luego de
ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas
irregularidades cometidas en dicho convenio.
Ramón
Sosamontes ha sido colaborador cercano de Rosario Robles desde que ella
encabezó el gobierno de la Ciudad de México, y él era delegado de Iztapalapa en
1999. Luego lo invitó a ser su vocero de campaña cuando buscaba la dirigencia
del PRD. Al ganar, lo nombró secretario de Asuntos Electorales en 2002.
Ambos renunciaron al PRD en 2004, con
el señalamiento de la deuda del partido durante las elecciones de 2003 que
incluyó facturas a empresas fantasma, según documentó el informe del Órgano
Central de Fiscalización del PRD dirigido por militantes como Ricardo García
Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán.
Aunque el
IFE no detectó irregularidades sobre este dinero, el PRD interpuso en 2007 una
denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en contra
de José Ramón Zebadúa, exoficial mayor del partido durante la administración de
Robles, por irregularidades en el presupuesto del PRD como la presentación de
facturas falsas por 40 millones de pesos, pero la investigación quedó
congelada.
Repiten
esquema y cargos.
Humberto René Islas, director de Recursos Materiales en
la Sedesol, entre enero de 2013 y agosto de 2015, firmó tres convenios
específicos con las Universidades de Morelos y Estado de México. En ellos, la
Auditoría señaló el presunto desvío de recursos públicos que estaban destinados
a la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Su puesto
dependía directamente de la Oficialía Mayor de Sedesol. En septiembre de 2015,
Islas fue nombrado nuevamente director general de Recursos Materiales en
Sedatu. Tres meses después firmó el primero de cuatro convenios con las
Universidades Politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y la Tecnológica de
Campeche. Estos también fueron señalados por la ASF con supuestas irregulares
por más de 440 millones de pesos.
Marcos Salvador Ibarra Infante fue director general adjunto en la
Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y firmó el convenio
UCD.33901.014/2015 con la Universidad de Zacatecas en junio de 2015, que forma
parte de otra denuncia penal interpuesta en 2017.
En la Sedatu,
ya como director general de coordinación de delegaciones, Ibarra Infante firmó
cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de
octubre de 2015 y uno con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de
2016, que suman 313 millones de pesos.
Como
director general de geoestadística y padrones de beneficiarios, José Antolino Orozco Martínez, firmó
dos convenios de la Sedesol. Uno con la Universidad del Estado de México
(UAEM), en abril de 2013, por 338 millones de pesos para la “recolección de
información socioeconómica y complementaria” hasta 2016.
El segundo
fue con la Universidad de Morelos, el 1 de septiembre de 2014, por 77 millones
de pesos para “conocer la opinión de los beneficiarios con relación a la
atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”.
Dichos
convenios también terminaron en denuncias penales, por las auditorías 246 y la
1665, interpuestas en 2015 y 2017, respectivamente.
El 16 de
septiembre de 2015, Orozco Martínez ingresó a la Sedatu como Jefe de la unidad
de políticas, planeación y enlace institucional. Doce días después firmó los
primeros dos convenios de seis con la Universidad Politécnica de Chiapas, cuyo
monto total asciende a 206 millones de pesos. Según Declaranet, dejó el cargo
en marzo pasado.
Más
funcionarios.
Enrique Prado Ordoñez, director de adquisiciones y
contratos en Sedesol, firmó el anexo técnico 2 el 27 de mayo de 2013 con la
Universidad de Morelos para “optimizar la aplicación de los recursos humanos y
económicos, y mejorar la percepción ciudadana respecto de la Cruzada Nacional
contra el Hambre”. Desde octubre de 2015 ocupa el mismo cargo en la Sedatu.
Prado
Ordoñez, además de firmar el convenio, estuvo enterado de la contratación de la
empresa Grupo Comercializador Cónclave, que fue declarada como fantasma por el
SAT y uno de los accionistas era Rodolfo David Dávila Córdova, operador del
grupo de narcotraficantes, según reveló la investigación de Aristegui Noticias.
El 8 de
octubre de 2013 recibió el oficio DGPE/R/19/2013-1, donde Wistano Orozco,
director de empresas y servicios de la Universidad de Morelos, le informó que
Saúl Elías Álvarez Mercado, representante legal de Grupo Comercializador
Cónclave, era el responsable de la recepción de materiales que supuestamente se
iban a distribuir como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, según
consta en la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la
Sedesol. Ordoñez era subalterno de Humberto Islas.
Juan Carlos Lastiri Quirós Luja, subsecretario de Prospectiva,
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, encabezó la firma
del convenio multianual por 338 millones de pesos investigado por la Auditoría
246, y que derivó en una denuncia penal (la primera) en octubre de 2015.
Un mes
después, se integró como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, aunque renunció al cargo en enero de 2018 para ser candidato del PRI
al Senado por Puebla.
Enrique González Tiburcio fue coordinador de asesores de
Robles en la Sedesol y desde septiembre de 2015 lo nombró subsecretario de
Ordenamiento Territorial en la Sedatu. En enero de 2016, tres meses después de
asumir el nuevo encargo, firmó un convenio con la Universidad Politécnica
Francisco I. Madero, también investigado por la ASF.
Armando Saldaña, director general de Ordenamiento
Territorial –dependiente del subsecretario Tiburcio–, firmó otro convenio en
Sedatu por 224 millones de pesos en febrero de 2016. En Sedesol ocupó el cargo
de Director general adjunto de operación.
Sonia Angélica Zaragoza, directora general de Recursos
Humanos en la Sedesol entre enero de 2014 y agosto de 2015, también fue
investigada por firmar uno de los convenios con la Universidad de Morelos.
Después de ser exonerada por el Órgano Interno de Control, fue nombrada con el
mismo cargo en Sedatu desde septiembre de 2015. En ambas dependencias depende directamente del Oficial Mayor,
Zebadúa.
Wendy Gabriela Arrieta Camacho fue subalterna de Zebadúa, con el
cargo de directora general de Tecnologías de la Información de la Sedesol hasta
diciembre de 2015. Ella firmó un anexo técnico con la Universidad de Morelos
por 23 millones de pesos en 2014. En la Sedatu fue nombrada coordinadora de
asesores, pero renunció al cargo en marzo de 2018.
Javier Arrambide Olvera, director de Programas de
Delegaciones, subalterno de Marcos Salvador Ibarra, firmó otro convenio
investigado por la ASF con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 12 de
abril de 2016, y también trabajó en la Sedatu como director de área entre mayo de
2014 y agosto de 2015.
José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo
Comunitario en la Sedesol, firmó el convenio 710.33901.11/2015 con Radio y
Televisión de Hidalgo por un monto de 373 millones de pesos, lo que también
forma parte de la auditoría D17002 que fue denunciada ante la PGR. En Sedatu
ocupa el cargo de director general adjunto para la Igualdad de género.
José Luis Sánchez Buendía firmó dos convenios en Sedatu con
las Universidades Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, pero también venía de
la Sedesol, donde ocupó el cargo de director de Estadística.
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