Javier Risco.
El 23 de octubre pasado, el periodista Édgar Ledesma presentó
en las pantallas de El Financiero Televisión la historia de Pedro Vergara,
chofer de tráiler en la pista 2 del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en
Texcoco –bueno, del que era el NAIM. Pedro se encargaba de transportar basalto
en la pista para hundirla y nivelarla, recorría 80 kilómetros diarios. Él era
trabajador de la empresa Coconal, encargada de la construcción de la pista 2,
la cual había invertido hasta la semana pasada 6 mil 145 millones de pesos y
llevaba un avance de 70 por ciento. Hoy su trabajo tiene fecha de caducidad: 30
de noviembre.
Eso si se cumple lo que dijo el presidente Enrique Peña
Nieto: “Durante mi actual administración, no se realizará modificación alguna
ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto… De
mantenerse la decisión de cancelar la obra a partir del 1 de diciembre, el
próximo gobierno deberá hacer frente al pago de compromisos, los cuáles
probablemente requerirán el uso de recursos fiscales adicionales”.
El caso de Pedro Vergara es sólo uno de los 43 mil que
trabajan actualmente en la zona, y no pretendo contar una historia evidente de
desempleo, simplemente trato de poner la lupa sobre estas personas que podrían
quedar superadas por la coyuntura que viene, ya sea por un proyecto sin una
hoja de sustentabilidad, como el de Santa Lucía, o los intereses de empresarios
que tendrán que buscar y cobrar indemnizaciones que podrían tardar años en
llegar, o la llegada de un nuevo gobierno que tendrá otras prioridades.
La preocupación del gobierno entrante debería ser darles una
explicación a estos 43 mil trabajadores que a partir del 1 de diciembre no
tendrán trabajo, y que quedarán en la peor época del año en el desamparo de un
proyecto que les daría estabilidad económica por lo menos los próximos cinco
años de su vida.
Ayer, en un ejercicio de ficción, me quedé pensando en la
llegada este martes al trabajo de los miles de mexicanos que laboran en la
construcción el Aeropuerto de Texcoco. ¿Pedro seguirá recorriendo los 80
kilómetros diarios transportando basalto para hundir la pista 2? ¿Dice Peña
Nieto que no se detienen las obras, es real que todo noviembre seguirá la
movilización de personal de manera normal en la zona? ¿Las empresas detuvieron
a partir de esta semana la operación o tienen esperanza de que el resultado de
la consulta sea revocable? ¿Cómo le exiges a un trabajador que siga
construyendo el domo de la nueva terminal cuando ha leído en todos los
periódicos que esa obra llegará a su fin? ¿Hay alguien del nuevo gobierno dando
asesoría jurídica a los miles de trabajadores que vivirán noviembre en la
incertidumbre?
Como muchos especialistas han coincidido, la decisión del
gobierno electo parece más una declaración de principios que una resolución
analizada en materia de transporte y conectividad aérea. El propio Enrique
Quintana, director de este diario, señalaba en su columna de ayer: “Lo más
relevante es que AMLO quiso poner de manifiesto frente a los grandes
empresarios y los mercados financieros, quién tiene la autoridad”.
Si la cancelación fue un vehículo de sus aspiraciones en el
nuevo gobierno, ojalá en la balanza de esta decisión estén enmarcados los
derechos de los trabajadores. Es cierto que la confrontación entre la clase empresarial
y AMLO se acentuará después de la decisión de este domingo; sin embargo, no
perdamos la brújula de la afectación real en la base de la pirámide laboral, de
los que hoy siguen pensando que es otro día de trabajo en el NAIM.
Las soluciones de López Obrador pasan por la aduana del
misterio, dice que ya habló con los empresarios, que se traspasarán los
contratos a Santa Lucía, que estará listo el aeropuerto en tres años; ante tal
contundencia sobre el futuro sólo queda esperar a que suceda, porque las voces
que han salido a decir que eso es imposible, que no es tan fácil, se van
directamente al costal de los fifís sin remedio.
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