Legitimidad de la consulta.

John M. Ackerman.

Los voceros del viejo régimen están acostumbrados a escuchar a los ciudadanos gritando desde las gradas, pero les asusta que el pueblo baje a participar directamente en el campo de juego. El poder debe ejercerse con “responsabilidad”, afirman, y las consultas gubernamentales tendrían que seguir las reglas formales del derecho electoral o, en su caso, de la comunidad de encuestadores oficiales.

Los burócratas electorales y ­los expertos en demoscopia se creen los únicos dueños de la opinión pública y no quieren permitir a nadie invadir su terreno. Desde su punto de vista cualquier esfuerzo de sondeo ciudadano que no los involucra debe ser descalificado de antemano como un ejercicio “ilegal” o “sesgado”.

Pero Andrés Manuel López Obrador insiste en romper esquemas y se niega a someterse a las viejas reglas del juego. Frente a quienes exigían una y otra vez que escogiera el camino de los movimientos sociales o de los partidos políticos, decidió formar un auténtico “partido movimiento”, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que luchara simultáneamente en las calles y en las urnas.

De la misma manera, la consulta ­organizada por el equipo de transición del presidente electo sobre la ubicación del nuevo aeropuerto internacional es un ejercicio innovador que rompe esquemas al combinar estrategias utilizadas históricamente por la oposición política con el ejercicio del poder gubernamental.

Desde hace varios lustros, grupos ciudadanos de diverso signo han recurrido al mecanismo de la consulta popular para empujar sus agendas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, realizó una serie de consultas importantes durante su momento de mayor auge, con el fin de convocar a la ciudadanía para pronunciarse a favor de los derechos de los pueblos indígenas. También hubo una consulta ciudadana muy significativa durante los noventa en favor de la reforma política del entonces Distrito Federal. En años más recientes se ha organizado una amplia diversidad de consultas a favor de diferentes causas ciudadanas.

Estas iniciativas no son ejercicios formales que cuenten con el aval o el permiso del establishment, sino estrategias de movilización social y de resistencia popular. En lugar de convocar a una marcha para demostrar la fuerza ciudadana en favor de una causa, a veces es más efectivo invitar a los ciudadanos a expresar sus opiniones en las urnas. Aunque las consultas son menos vistosas que las marchas, normalmente logran una participación más alta.

El detalle respecto a la consulta actual es que quien organiza no es un grupo social o ciudadano de oposición, sino el equipo que pronto tomará las riendas del poder. Esta mezcla de estrategias de la oposición con el ejercicio gubernamental es lo que tanto irrita a los voceros del estatus quo, pero es simultáneamente lo que también le da su gran valor porque rompe el molde del viejo estilo del ejercicio el poder.

López Obrador ya ha expresado su preferencia respecto a la mejor estrategia para atender el problema de la sobresaturación de tráfico aéreo en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. El presidente electo quiere cumplir con su promesa de campaña de cancelar las obras en Texcoco, mantener abierto el aeropuerto actual y construir dos nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía. Además, los estudios técnicos, ambientales, legales y presupuestales realizados por su equipo demuestran que esta opción es perfectamente factible y viable.

Sin embargo los intereses alineados contra el proyecto de López Obrador son muy poderosos.

Por ejemplo, un reporte reciente del Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER) demostró que grupos empresariales controlados por Carlos Slim, Carlos Hank, Olegario Vázquez e Hipólito Gerard cuentan con la mitad de los contratos del proyecto de Texcoco, por un monto total de 155 mil 732 millones de pesos. Asimismo, existen personas que no tienen intereses directos en el negocio de Texcoco y que también apoyan la opción de mantener las obras iniciadas.

Así que en lugar de tomar la decisión de manera unilateral y solitaria desde la cúpula del poder, al estilo de los tecnócratas de la época neoliberal, o de convocar a marchas masivas para respaldar y vitorear la decisión del nuevo líder de la nación, al estilo de los regímenes fascistas, López Obrador ha tomado el camino democrático de consultar directamente a la ciudadanía su opinión antes de actuar en el ámbito de las políticas públicas.

Esta acción no tendría por qué generar nerviosismo en los mercados o entre los inversionistas. Las decisiones consensuadas siempre son más sólidas y duraderas que los exabruptos cupulares. El sector privado también tiene que empezar a acostumbrarse a vivir en un contexto democrático en el que la última palabra la tenga la ciudadanía, no sus cuates y sus cómplices en Los Pinos.

La institucionalidad democrática es lo que realmente generará la estabilidad, la concordia y la paz que tanto necesita México para crecer y desarrollarse como se merece.