La Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
suspendió temporalmente las investigaciones o cualquier acción legal del
gobierno de Chihuahua en contra del presidente Enrique Peña Nieto y cualquier
miembro de su gabinete, por su presunta implicación en el desvío de 250
millones de pesos destinados para el estado y que fueron a parar a las campañas
electorales del PRI en 2015.
La suspensión indefinida fue dictada
por la Corte al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta el
pasado jueves 11 por la Presidencia de la República en contra del gobierno del
panista Javier Corral.
El gobernador ha amagado con llevar a
tribunales internacionales al presidente y a sus colaboradores implicados en el
caso, aun después de dejar el poder el 1 de diciembre, por “obstrucción a la
justicia” y “proteger la corrupción política”.
Con la
admisión del recurso, sin precedentes en la Presidencia de la República, la Corte determinará si los funcionarios
federales pueden ser sujetos a procesos penales federales en un estado.
El máximo tribunal aclaró que apenas
es el inicio del trámite, por lo que no puede determinar si el consejero
jurídico de la Presidencia tuvo o no razón en iniciar un juicio constitucional.
Según el
máximo tribunal, hasta ahora no se sabe
quiénes podrían ser los funcionarios federales investigados por el gobierno de
Javier Corral. Los nombres se conocerán cuando la Corte reciba las constancias
de la fiscalía estatal.
En un
acuerdo dado a conocer el lunes, la
Corte evitó precisar quién es el ministro a cargo del trámite y quien deberá
presentar las razones constitucionales de la admisión o rechazo del juicio.
En el caso de la suspensión de las
indagatorias y cualquier acción legal del gobierno de Corral, la Corte dijo que
de no hacerlo se generaría “una situación grave de impunidad generalizada”
porque no se tendría certeza de cuáles serían los fiscales y los jueces a los
que les toca procesar las investigaciones en contra de los funcionarios
federales.
La suspensión estará vigente hasta
que la Corte determine si los delitos que pretende investigar y perseguir el
gobierno de Chihuahua deben ser conocidos por las autoridades federales o las
locales.
Tanto el gobierno de Corral como la
Consejería Jurídica de la Presidencia deben presentar sus argumentos al
ministro instructor.
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