La bancada
del PRI en el Senado presentará este
martes una iniciativa en la que respalda la propuesta de reducir el 50 por
ciento del financiamiento público a los partidos políticos realizada por
Morena, sin embargo, propone abrir
la puerta al financiamiento de empresas privadas.
El proyecto
de decreto, que será presentado por los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel
Ángel Osorio Chong, plantea que
concretar una disminución del 50 por ciento en el monto de financiamiento
público se debe escuchar y atender.
No obstante, esa medida debe
acompañarse de la revisión de las modalidades y los hipotéticos montos del
financiamiento privado, porque, de lo contrario, implicaría riesgos no sólo
para la viabilidad misma de los partidos políticos y el cumplimiento de sus
funciones constitucionales, sino para el posible ingreso de recursos ilícitos
en el financiamiento de las formaciones partidarias.
En
consecuencia, el PRI propone modificar
la premisa de la prevalencia de los recursos públicos sobre los recursos de
origen privado, en el contexto del propio financiamiento de los partidos
políticos y sus campañas electorales.
Con el
objeto de impulsar una mayor equidad en el acceso al financiamiento público de
los partidos políticos, el PRI propone,
en primer orden, reformar el artículo 41 Constitucional para que la asignación
del 50 por ciento de estos recursos se realice en forma igualitaria y el otro
50 por ciento en proporción a los resultados electorales de la elección
inmediata anterior para la conformación de la Cámara de Diputados.
En segundo
término, la iniciativa plantea una
reforma a la legislación secundaria, la cual propone la modificación del
artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de incluir el
financiamiento de personas morales en el catálogo taxativo de modalidades
alternas al financiamiento público que tienen permitido los partidos políticos.
En el mismo
sentido, se propone la derogación del
inciso f) del párrafo 1 del artículo 54, con el objeto de suprimir la
prohibición para que las personas morales puedan realizar aportaciones o
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a
cargos de elección popular, en dinero o en especie.
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