El aeropuerto, los medios y AMLO.

Gabriel Sosa Plata.

A raíz de lo ocurrido con la construcción del nuevo aeropuerto ¿también terminó la “luna de miel” entre el Presidente electo y algunos de los medios de comunicación más influyentes? Por lo visto, leído y escuchado, sí.

Y qué bueno que así sea. A un Estado democrático no le hace bien tener medios sometidos o serviciales con el poder político, como ha ocurrido durante décadas, ni un poder político sometido al poder de los medios, como ocurrió durante los sexenios de la alternancia.

El cambio político que estamos viviendo también comienza a generar una nueva relación entre el Gobierno federal y el presidencialismo con los medios de comunicación. Es un cambio inédito, que pudo haberse materializado durante los gobiernos panistas, pero no se hizo lo suficiente para lograrlo porque tocaba acuerdos o intereses en común.

Recuérdese que Vicente Fox y Felipe Calderón claudicaron en su objetivo de modificar la ley en la materia para promover mayor competencia, pluralismo e inclusión en la radio y la televisión, así como en la necesidad de establecer nuevas reglas democráticas en su trato con los medios impresos. Es más, en su haber están una mayor concentración en los mercados, la ley Televisa, el regalo del refrendo de las concesiones de televisión hasta el año 2021, las cabezas de los periodistas José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui, entre otras “perlas”.

La presidencia de Enrique Peña Nieto fue, en contra de todos los pronósticos, más innovadora en la transformación que han tenido los sectores de radio, televisión y telecomunicaciones. La mayoría de los aciertos de la reforma constitucional y de la legislación secundaria fueron posibles por los acuerdos derivados del Pacto por México, pero también por la voluntad del Presidente y de su partido. Luego se arrepintieron de algunas decisiones, pero es innegable que sí hay un antes y un después en la regulación del sector, en particular por la creación del órgano regulador autónomo, el reconocimiento de los medios comunitarios, el nuevo régimen de concesiones, el establecimiento de tribunales especializados y otras medidas de política pública.

La reforma estructural en telecomunicaciones alteró las reglas del juego, aunque varios de los vicios de la relación entre lo más rancio del presidencialismo del PRI y buena parte de los medios, persistieron durante el peñismo.

Fue un sexenio de censura directa o indirecta a periodistas, de espionaje, de autocensura, de medios comprados o sometidos a través de la publicidad gubernamental, de complicidad con la corrupción en el Gobierno federal y los gobiernos estatales. Y, claro, de impunidad por los asesinatos y agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Durante las elecciones de este año, producto de esa relación, algunos medios le apostaron todo al candidato del PRI, otros mostraron una mayor apertura y fueron hasta complacientes con López Obrador. Al oficializarse su triunfo, se apreció esa “luna de miel” que comentamos inicialmente, pero conforme transcurrieron las semanas se fue diluyendo. Diversos medios y periodistas han sido observadores críticos de candidatos de Morena, de los nombramientos de próximos funcionarios, de las contradicciones de las declaraciones del Presidente electo y su equipo cercano y más. Sin embargo, lo que derramó el vaso de agua ha sido el aeropuerto. Ni siquiera la reversión de la Reforma Educativa generó un rechazo tan contundente en medios de comunicación.

Habrá que entrar al detalle para saber cómo los medios han llevado a cabo la cobertura periodística sobre la consulta, qué tan equilibrados o plurales han sido, pero me da la impresión que han dominado las voces de rechazo por la opción de Santa Lucía, en entrevistas, al igual que en las intervenciones de los analistas. En su discurso ha prevalecido una buena dosis de fatalidad, de alerta, de escenarios catastróficos, que contrasta paradójicamente con el sentido de la votación del fin de semana.

A las críticas, López Obrador ha respondido sin mesura, sin cuidar demasiado las formas. Y en ese afán de calificar (“muy bien portaditos”) y descalificar (“prensa fifí”) mencionó la semana pasada con nombre y apellido al periodista Carlos Loret de Mola, de Televisa. Ardió Troya.

No recuerdo un encontronazo de esa naturaleza entre un Presidente electo y un comunicador, pero fue un valioso elemento para cuestionar, una vez más, las declaraciones de López Obrador en torno de los medios y para ensalzar -para mí en demasía- la imagen del periodista, que ha dicho que no callará ante “ya saben quién”.

López Obrador, como lo han advertido diversas organizaciones, puede con sus declaraciones inhibir la libertad de expresión de medios y periodistas, pero hasta ahora no hay una sola acción administrativa, en el uso de los recursos públicos, de espionaje, de intervención directa en las decisiones editoriales, de acoso policiaco, que haya tomado él o su equipo, porque simple y sencillamente no tienen las riendas del gobierno ni los recursos para hacerlo. Y confío que no lo harán cuando arriben formalmente al poder. En contraparte, ningún medio ha denunciado públicamente la existencia de alguna forma de presión directa o indirecta de quienes integrarán la siguiente administración.

El Presidente electo y su Gobierno tendrán que acostumbrarse a la crítica, al periodismo de denuncia, porque eso sucede en una democracia. Los medios de comunicación también serán flanco de las observaciones o señalamientos del Gobierno y de la ciudadanía que lo apoya. Son tiempos nuevos, de una nueva correlación de fuerzas, que exige de todos los actores un esfuerzo mayor para la tolerancia, para evitar esta polarización que agota, que desgasta, que acaba con amistades y hasta con las relaciones de familia o pareja. Ya demasiada violencia vivimos en el país como para reproducirla en los temas de la agenda nacional en la esfera pública y en la opinión pública.

Bajo este escenario que se construye, no sólo el Gobierno, sino los medios y los periodistas también deben profesionalizarse más y actuar con estricto apego a la ética y la legalidad. El Gobierno ya dijo que no solapará la corrupción en ningún ámbito, incluido el de los medios. Los medios, si se cumple la promesa, ya no tendrán que elegir entre la zanahoria o el garrote que durante décadas ofreció el Gobierno a muchos de ellos.

¿Y los empresarios? Son otros actores fundamentales. Sus declaraciones catastrofistas por cancelar el proyecto de Texcoco dan pie a la incertidumbre, al miedo y ponen nerviosos a quienes toman las decisiones en los mercados financieros. A mi parecer también han actuado con irresponsabilidad y han alentado la polarización. No todo puede achacársele a AMLO. La diferencia, es que en los medios han tenido un eco enorme. Sus dichos son avalados por conductores, periodistas y analistas económicos, en noticiarios y las redes sociales.

En algunos casos es mayor la estridencia por una razón lógica, pero inaceptable: algunos de los empresarios afectados por la decisión del Presidente electo son también dueños de medios de comunicación y son a la vez grandes anunciantes de esos y otros medios. Y aquí nos topamos con otro desafío: los medios podrían ya no ser cómplices ni estar sometidos al poder político por la nueva regulación en publicidad gubernamental y el rediseño en la función de las oficinas de comunicación social en el Gobierno, pero ¿lo podrán hacer con el gran capital? En algunos casos sí, pero en otros difícilmente. Esto me hizo recordar el comentario que me compartió hace algunos meses un empresario de la radio: “yo compré los medios para mí, para que estén a mi servicio y pueda yo decidir si quiero o no apoyar a mis amigos. Punto”.

Cuando la amistad o los intereses económicos se mezclan con el periodismo, también se ocasiona un daño irreparable en los derechos de expresión e información. Pierde la sociedad, las audiencias, los lectores y la democracia.

El Gobierno de AMLO tendrá también que convivir con algunos de esos medios, creados o comprados para la defensa de esos intereses. A su vez, el gremio periodístico y los actores que defienden la libertad de expresión y el derecho a la información, deben esforzarse más para fortalecer los mecanismos autorregulatorios, el respeto a los derechos de las audiencias y marcar distancia con aquellos poderes fácticos, de una manera similar a como lo están haciendo con López Obrador y su grupo político.