Raymundo
Riva Palacio.
Es
absolutamente irrelevante el resultado final sobre la consulta ciudadana que
resolvió, en primera instancia, en dónde se levantará el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México. De principio a fin, era una ruta que tenía sólo dos
pistas de aterrizaje. Si era Santa Lucía, era la consecuencia directa de la
promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador y a donde se había inclinado
todo su próximo equipo de gobierno. Si era Texcoco, entonces era la coartada
perfecta para que el Presidente electo, que dijo que respetaría la voluntad
popular, decidiera sobre lo que él ha definido como “el pueblo sabio”.
La consulta
fue cuestionada desde un principio como ilegal. Sin embargo, no se puede ubicar
en el marco de la legalidad cuando es organizada por quien no representa nada,
ni está en funciones de gobierno ni de nada, ni tampoco utilizó recursos
públicos. Un partido (Morena) organizó una consulta con coperachas (un millón y
medio aportados por sus legisladores) para darle cuerpo a los deseos de su jefe
político, que lo único que había dejado claro era su falta de compromiso con
una decisión que, como Presidente electo, políticamente tenía que asumir:
construir o cancelar la obra en Texcoco.
Ciento
sesenta y nueve salarios mínimos y mucho circo es lo que barnizó la puerta de
salida. La consulta estuvo llena de irregularidades, para efectos de
legitimidad del ejercicio. El 70% de las urnas colocadas se hizo en municipios
con una gran presencia de Morena. El mismo porcentaje de la gente que votó, se
calcula, nunca se han subido a un avión, mucho menos tiene experiencia con
aeropuertos. Pero al mismo tiempo, no se instaló ninguna urna en Las Lomas,
Polanco o Santa Fe, en la Ciudad de México, donde se vende el 59% del boletaje
de avión. No hubo seguridad para evitar fraudes, por lo que la gente pudo votar
de manera múltiple, ni se cuidaron los datos personales (que es un delito).
Fue, se puede argumentar, un montaje para que López Obrador pudiera manejar el
conflicto que él mismo construyó con su discurso determinista desde la campaña
presidencial.
Un millón de
personas aproximadamente, de 130 millones de mexicanos, fueron incentivadas
para decidir el futuro de una obra de casi 300 mil millones de pesos. Incurría
la consulta en una abominable falta de representatividad, que durante la semana
había levantado objeciones. Estudios, impactos y riesgos se pusieron sobre la
mesa, y López Obrador insistía que sería la voluntad del pueblo la que regiría
sus acciones. Daba igual que ganara Santa Lucía o Texcoco porque cualquier
resultado tenía el mismo origen, el andamiaje propagandístico para que López
Obrador, como Poncio Pilatos, se lavara las manos y fijara en la gente, mucha
de la que participó ni tenían idea de lo que estaban votando, la coartada para
su decisión.
La decisión
sobre dónde quedará el nuevo aeropuerto, relevante en términos económicos, de
conectividad y de confianza entre inversionistas, no lo era para el próximo
gobierno en términos de lo que desnudó la consulta ciudadana: cómo va a
gobernar López Obrador. No asumir la responsabilidad es una irresponsabilidad.
Si bien la consulta no tenía ningún valor legal, el haberla hecho vinculante
modificó el ecosistema político. Un presidente no delega las responsabilidades
para las cuales fue electo, las asume y paga sus consecuencias.
Para eso fue
electo presidente por la vía las urnas, donde una mayoría abrumadora de
mexicanos le entregó con su voto el mandato para tomar decisiones colectivas en
nombre de ellos. No le dieron ese mandato para que en los temas espinosos les
devolviera la decisión a los ciudadanos. Una cosa es, como dice López Obrador,
escuchar lo que piensa la gente, y otra es gobernar a partir de sus deseos. Hay
decisiones difíciles que se tienen que tomar, aun a sabiendas que no son
populares, y demostrar con los resultados los porqués de esas decisiones.
Querer
gobernar con base en lo que quiere la gente es tramposo, sobre todo cuando es
discrecional. ¿Por qué no hubo consulta ciudadana sobre el Tren Maya? ¿Por qué
no organiza una consulta para que votemos si queremos seguir pagando impuestos?
Ahí no. En el primer caso ejerció el mandato que le dio la gente en las urnas,
y en el segundo sería un disparate que llevaría a cualquier gobierno al
suicidio. Hablar de democracia participativa cuando huele más a una incipiente
democracia tutelada, es un recurso que esconde la motivación real de la
consulta ciudadana del fin de semana, que fue exclusivamente política.
El método
para su toma de decisión sobre dónde quedará el nuevo aeropuerto, es lo que
preocupa a los analistas extranjeros. Su declaración del viernes, de que todos
nos vayamos acostumbrando porque las consultas ciudadanas serán su herramienta
principal para decidir políticas públicas y el rumbo del país, los debe haber
alterado mucho más. Pero no adelantemos vísperas. López Obrador ha mostrado con
el paso de los años que aplica, quizás empíricamente, los siete pasos clásicos
para tomar decisiones: identificar que tiene que hacerla, tener la mejor
información posible, identificar las alternativas, sopesar la evidencia sobre
cada una, escoger entre las alternativas, tomar acción, y revisar la decisión y
sus consecuencias.
Es decir,
siempre controla el proceso, que siempre ha sido político. La consulta
ciudadana es como el plantón en Reforma en 2006 o las marchas de Tabasco a la
Ciudad de México en los 90, que le sirvieron para abrir válvulas de escape
social sin ser desbordado.
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