Comunidades y organizaciones de la
sociedad civil hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) a cancelar los permisos otorgados a Eólica del Sur para la construcción
de un parque de aerogeneradores en Juchitán, Oaxaca, y para que se impongan
medidas de reparación justas para los afectados.
Los
perjudicados denunciaron que la
Secretaría de Energía (Sener) otorgó los permisos a la empresa española aún
antes de consultar a los pueblos.
Actualmente,
el máximo tribunal tiene en sus manos la
resolución del amparo 213/18, promovido por más de 1 mil 100 miembros de la
comunidad zapoteca de Juchitán en contra del megaproyecto eólico que representa
daños sociales y ambientales en la región del Istmo.
Sin embargo,
alertaron, el proyecto de resolución
presentado por el ministro José Ramón Cossío es contrario y regresivo a los
principios y estándares de derechos humanos pues avala la consulta realizada ya
después de que se otorgan los permisos.
“Desde las comunidades,
organizaciones indígenas, la sociedad civil y la academia deseamos extenderles
un respetuoso, pero enfático llamado para que emitan una sentencia apegada
estrictamente a los máximos estándares sobre consulta previa en su sentencia,
ampare los derechos colectivos de la comunidad zapoteca, y ordene la
cancelación de los permisos otorgados a Eólica del Sur para la construcción de
un parque de aerogeneradores en Juchitán, Oaxaca, así como para que se impongan
medidas de reparación justas para la comunidad”, urgieron a través de una carta
entregada a los ministros esta mañana.
El Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, está en vigor en
México desde el 5 de septiembre de 1991. La adhesión a ese estatuto obliga al
Estado a consultar a los pueblos indígenas y originarios sobre toda ley o
proyecto en su territorio que pudiera afectarlos.
Aunque ya son 27 años de distancia y
las obras en esas comunidades son constantes, sobre todo en la última década,
las autoridades no han logrado realizar una consulta como lo establecen los
estándares internacionales.
Para las
comunidades, la imposición de obras y
legislaciones los ha obligado a entrar a una dinámica de resistencia y protesta
casi permanente, e ir a juzgados para buscar si el permiso o la concesión se
puede revocar y de demostrar los daños, la mayoría de las veces irreversibles,
ocasionados a su territorio.
En
entrevista para SinEmbargo, Mario Castillo Quintero, habitante de Juchitán, recordó que los 24 parques eólicos que existen
ya en la zona han ocasionado problemas en el agua, agua, aire y suelos; además
de una ruptura social entre los habitantes que están a favor y quienes están en
contra, pues las consultas no han sido ni previas ni libres ni informadas y las
empresas se han encargado de comprar voluntades de grupos políticos al interior
de las comunidades y de líderes ejidales para lograr ejecutar sus proyectos.
“La energía eólica se supone que es
una energía verde, pero no es una energía social. Es una energía industrial que
abastece grandes consorcios trasnacionales y la gente no se ve beneficiada en
lo absoluto”,
aseguró el también miembro de la Asamblea de Pueblos, quien recordó que la
lucha ha ocasionado criminalización, muerte y violencia entre quienes se han
opuesto a los megaproyectos.
Y agregó que
“las consultas han estado amañadas,
llevan a gente acarreada de otros pueblos y votan a favor de las eólicas por
100 o 500 pesos. Esto no es correcto porque los verdaderos afectados no son
realmente escuchados. Para respaldar a las empresas, los gobiernos construyen
este esquema de consultas que no es previa, libre ni informada, al contrario,
es comprada, es engañosa, es amañada. Las consultas solo son en pro de las
empresas”.
Esas empresas beneficiadas a costa de
los pueblos indígenas y el medio ambiente, acusó, son Bimbo, Coca Cola, Femsa,
Walmart, Cemex, Mitsubishi, entre otras.
“Venimos a exigir que no se permitan
estos proyectos de despojo, de desigualdad y de miseria que dejan en las
comunidades. Pedimos que volteen a ver a los pueblos, que les pregunten a las
comunidades que defienden su tierra y sus territorios, qué es lo que realmente
quieren. Queremos que fallen a favor de las comunidades”, pidió a las afueras de la SCJN.
El parque que ya construye Eólica del
Sur sería el número 25 en el Istmo de Tehuantepec y el más grande de América
Latina. El proyecto, afirman las organizaciones, fue aprobado violando el
derecho a la consulta previa y a la libre determinación de los pueblos
indígenas zapotecas de Juchitán, Oaxaca.
Es por eso
que Edmundo del Pozo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, hizo un llamado al máximo tribunal a no
avalar consulta simulada.
“Es la primera vez que [la SCJN] se
va a pronunciar sobre una consulta que realizó el Gobierno, es la primera
consulta que se realiza en el marco de la Reforma Energética. Sería un buen
precedente si emitiera una sentencia donde le estableciera reglas claras al
Gobierno sobre cómo consultar a las comunidades, que no se realicen consultas
con permisos ya otorgados que fue lo que pasó con Eólica del Sur”, concluyó.
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