Adela
Navarro Bello.
Eduardo Medina Mora llegó a ministro
de la Corte Suprema de la Nación, por nominación de Enrique Peña Nieto. Aunque su llegada fue previa a la
toma de posesión de Peña en diciembre 2012, tanto él como el abogado fiscalista
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fueron propuestos al Senado de la República por
el entonces presidente constitucional de México, Felipe Calderón Hinojosa, a
petición del presidente electo.
Seis años después, de manera
evidente, el ministro Medina Mora está regresando el favor a quien lo nombró en
su momento Embajador de México en el Reino Unido, al admitir y ordenar la
suspensión de cualquier acción legal del gobierno de Chihuahua contra el actual
presidente de la República y los funcionarios que le acompañan en el gabinete
federal.
En su
calidad de titular de la segunda sala de la Suprema Corte, Medina Mora dio trámite a la controversia constitucional que el
jurídico de la Presidencia de la República, Misha Granados, presentó para que
ni el presidente de la República ni los miembros del gabinete del gobierno
federal, fueran detenidos, arraigados, citados, investigados, o mencionados en
averiguaciones de la Fiscalía Estatal de Chihuahua donde se sigue el proceso a
Alejandro Gutiérrez, un ex colaborador del PRI de Manlio Fabio Beltrones, por
el desvío de 250 millones de pesos durante la administración del prófugo César
Duarte.
La corrupción que ha rodeado a
Enrique Peña Nieto desde el inicio de su sexenio (quizá antes, pues la compañía
brasileña Odebrecht inició conversaciones con Emilio Lozoya Austin, cuando este
era miembro del equipo de campaña del hoy presidente), únicamente ha causado ámpula en el
titular del gobierno federal, en el caso de la investigación en Chihuahua. No buscó el amparo de la justicia ni por la
Casa Blanca, ni por Odebrecht, ni por el caso Ayotzinapa, mucho menos por el
socavón del paso exprés, tampoco por los desvíos documentados en la Estafa
Maestra, ni por los excesos denunciados de manera sistemática desde organismos
de la sociedad civil o periodistas de investigación.
Vaya, ni por la cantada corrupción
que dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, que existe en torno
a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Hace algunas
semanas, cuando el jurídico de
presidencia presentó la controversia constitucional ante la Corte para proteger
a Peña y a sus colaboradores, Ricardo Raphael escribió en Proceso una
espléndida columna, explicando desde el
punto de vista jurídico, porqué la controversia presentada por Peña no debía
avanzar en la Corte. Lo cito textual:
“Para ser admitidas, las
controversias constitucionales deben presentarse en contra de una ley o un acto
de autoridad. En este caso Peña Nieto señaló como acto de autoridad reclamado
la intervención “directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente
(del gobernador Javier Corral) en investigaciones, averiguaciones, carpetas de
investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y
solicitudes de colaboración… respecto a actuales o anteriores funcionarios
públicos federales” vinculados a los procesos que se siguen en Chihuahua a
Duarte Jáquez y a Gutiérrez.
“En otras
palabras, Peña pide que la Contraloría
del estado, encabezada por Stefany Olmos, deje de investigar a los funcionarios
federales presuntamente involucrados en actos delictivos relacionados con el
erario de Chihuahua.
“Olvida el Ejecutivo que el sistema
federal tiene como principal ventaja el juego de pesos y contrapesos dispuestos
para limitar el abuso de poder. Si la SCJN le otorgara razón, Peña Nieto
terminaría dañando principios fundantes de la Carta Magna.
“Por otra parte, de acuerdo con la
Constitución, la Corte puede admitir una controversia constitucional siempre y
cuando se hayan ejercido antes todos los medios de defensa establecidos en la
ley; es decir, que se trata de un recurso de última instancia”.
En esas
condiciones, la acción del ministro Eduardo
Medina Mora, quien suspendió de manera indefinida cualquier investigación o
imputación por parte de la Fiscalía de Chihuahua, contra el presidente y los
miembros de su gabinete, resultaría una irregularidad en la aplicación de la
justicia en la Corte Suprema, un evidente beneficio hacia quien todavía es el
Presidente de la República. Parte de los beneficios que recibe aun el priísta,
a escasos días de concluir su sexenio.
Andrés Manuel López Obrador, nada
declaró al respecto del amparo de la Corte a Peña y los suyos, enfrascado en
las olas que levantó por la hechiza consulta para confirmar con el voto de sus
seguidores lo que ya había decidido, la construcción de un nuevo aeropuerto en
los terrenos de la base aérea militar de Santa Lucía, y la cancelación –desde
su punto de vista y no en la práctica del gobierno que aún está vigente- del
Nuevo Aeropuerto de México en Texcoco, no ha tenido tiempo para referir otros
ámbitos de la corrupción del todavía presidente.
Sí dijo durante su campaña y lo ha
refrendado ahora, aun sin evidencias, de la corrupción alrededor de la
construcción del aeropuerto, de contratos amañados, de excesos, de sobre
precios, de daños al erario, incluso de malévolos planes para apropiarse de los
terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México, para venderlos
provechosamente en favor de intereses de funcionarios y manos privadas.
Sin embargo,
no ha habido un compromiso del
presidente electo para combatir esa corrupción, el nivel de indiferencia que ha
concedido al amparo buscado por el presidente en funciones, es equiparable al
desinterés que ha mostrado López Obrador por castigar la corrupción en el
gobierno de Peña, especialmente en la construcción del nuevo aeropuerto.
AMLO cancela una obra para dar paso a otra, con
una consulta a modo, donde no promete castigar la corrupción por la que se
opuso en primera instancia y como candidato presidencial, a la edificación de
Texcoco. Lo del lago vendría después.
Pero ahora el tema para López Obrador
no es la promesa de combatir la corrupción en una mega obra, sino de
cancelarla. Con todos los riesgos económicos que ello implique, logísticos, de
medio ambiente, e iniciar –y le ofrece los contratos a los mismos para
compensarlos- la construcción de otro aeropuerto en otro lugar.
¿Y la corrupción? Nada, ahí queda
para la historia.
Si lo que el
presidente electo ha hecho con su consulta a modo, es sentar un precedente para
consultar las “grandes” decisiones del país con sus seguidores, bien haría en preguntarles en su respectiva
consulta a los mexicanos, si:
A) Quieren que se investiguen los
actos de corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto, que se recupere
lo desviado y se procese a quien resulte culpable, o, B) Que no se investigue
al presidente Enrique Peña Nieto, a ninguno de sus colaboradores, que
prevalezca la impunidad e inicien un borrón y cuenta nueva.
Quizá así, y solo así, el presidente
electo voltearía en esta etapa de transición, a ver la corrupción que como
candidato avistó, y decidirse a combatirla.
El amparo de la ley que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, le ha concedido al presidente Peña y a sus
colaboradores para no ser investigados, detenidos, arraigados, integrados en
averiguación alguna por parte de la Fiscalía de Chihuahua y en el proceso que
se le sigue a Alejandro Gutiérrez por el desvío de 250 millones de pesos, es un
tema de relevancia nacional e internacional –es la primera ocasión que un
presidente en funciones en México “pide amparo” y que además la Corte lo
protege-, al cual el
presidente electo no le está dedicando la debida atención. Ante la petición de la protección de la justicia, es evidente que
Enrique Peña Nieto vio lo que Andrés Manuel López Obrador no quiere reconocer:
que podría convertirse en el primer presidente del México contemporáneo en ser
no solo juzgado, sino encarcelado.
¿Hacemos una consulta para ver si se
investiga a Peña y equipo por actos de corrupción?
Total, debemos esperar 31 días más para la toma de
posesión de Andrés Manuel López Obrador, para empezar a ser testigos de su
forma de gobernar, si lo hará a partir de consultas, castigando proyectos en
lugar de castigar actos de corrupción, o si se verá a un presidente decidido a
sentar un precedente de buen gobierno, iniciando por el combate a la corrupción
en el sexenio que está a punto de fenecer.
Siguiendo su modo de operación, el
presidente electo debería hacer una consulta para que los mexicanos determinen
si quieren que se juzguen los actos de corrupción en el sexenio de Peña.
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