La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) considera acotar la Ley de Seguridad Interior y pedirle al
Congreso que legisle en materia del uso de la fuerza.
El ministro
Jorge Mario Pardo Rebolledo propone
darle validez constitucional a la participación de las Fuerzas Armadas en el
combate a la delincuencia organizada, pero elimina atribuciones que el Congreso
le había dado a los militares.
En el proyecto de resolución que se
prevé discutir a partir del 12 de noviembre, el ministro establece que las
Fuerzas Armadas pueden participar en tareas de seguridad pública, de manera
subsidiaria y auxiliar de las autoridades civiles, pero solo para la atención
de amenazas a la seguridad interior.
Dice que la Ley de Seguridad Interior (LSI) se debe
ajustar para que las movilizaciones sociales que se hagan conforme a la
Constitución no sean consideradas como una amenaza a la seguridad interior.
También pretende que se eliminen las restricciones
de acceso a la información establecidas en la Ley, vigente desde diciembre
pasado.
Pardo
Rebolledo es el ministro encargado de
los juicios constitucionales interpuestos en contra de la LSI aprobada por la
entonces mayoría del PRI y el PAN en el Legislativo y publicada por el
presidente Enrique Peña el 21 de diciembre de 2017.
Eliminación
del artículo 6 de la LSI.
El ministro propone eliminar el artículo 6 que permite
al gobierno federal, incluidos el Ejército y la Marina, intervenir sin
necesidad de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
La Ley
establece que la Declaratoria debe ser
emitida por el presidente de la República y que éste la pueda prorrogar en caso
de persistir los riesgos a la seguridad interior.
Pero el
ministro considera declarar
inconstitucional las prórrogas en esos términos porque no limita su número,
duración y alcance.
El “precepto es inconstitucional”
porque las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas pueden poner en
marcha medidas para la atención considerados en la Agenda Nacional de Riesgos,
“sin realizar una delimitación objetiva del alcance de las acciones y los
riesgos a los que se refiere”.
Eso significaría “actuar fuera de lo
excepcional”, sin tomar en cuenta los propios principios excepcionales de la
ley, dice el ministro en el proyecto de resolución que se prevé discutir para
mediados de noviembre.
Pardo, quien
pretende la presidencia de la Suprema Corte a partir de enero, cuando termine
el periodo del ministro Luis María Aguilar, propone también eliminar el concepto de uso legítimo de la fuerza por
parte de los militares para controlar actos de resistencia.
Señaló que desde 2013 está pendiente
que el Congreso regule el concepto de “uso legítimo de la fuerza” y pidió que
se haga en el próximo periodo ordinario de sesiones.
En la propuesta que discutirá el
pleno de ministros también se considera invalidar que toda la información
generada en las acciones de seguridad interior sea clasificada como de
seguridad nacional y, en consecuencia, reservada. Antes de su clasificación, la
información se debe someter la información a la prueba de daño, considera.
La Corte podría definir los alcances
constitucionales de la ley pocos días antes de que el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, asuma la presidencia de la República el 1 de diciembre.
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