El abogado Javier Quijano Baz pidió la inmediata intervención de la Barra Mexicana, Colegio de
Abogados, para “evitar que se consume un gravísimo atropello en perjuicio de la
normalidad constitucional y de la moralidad pública de nuestra comunidad” con
motivo de la elección del próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, cuyo actual presidente pretende la reelección.
En una carta de fecha 29 de octubre de 2018, dirigida al
Consejo Directivo de la Barra, el prestigiado litigante apunta que la Constitución Política de la Ciudad establece
categóricamente que quien presida el Tribunal Superior de Justicia “durará en
su encargo un año sin posibilidad de reelección, sea sucesiva o alternada,
independientemente de la calidad con que lo haya ostentado”.
Además, el también ex diputado a la Asamblea Constituyente de
la Ciudad de México, señala que el
actual presidente del TSJ también sería presidente del Consejo de la
Judicatura, en contravención al artículo 35 de la Constitución, que en su
apartado E (2) prescribe que “Quien presida el Consejo de la Judicatura no
podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia”.
En su carta, Quijano Baz añade
que, además, se han registrado otros cinco candidatos que pretenden se les
elija también por tres años y para presidir el Consejo de la Judicatura.
A continuación, la carta íntegra de Javier Quijano:
Señor Presidente y señores miembros del
Consejo Directivo de la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados.
P r e s e n t e s.
Respetables señores:
Como ustedes saben el actual presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México ha sido inscrito como candidato para ser
electo en el mismo puesto durante el próximo ejercicio. Según se ha dicho por
quienes apoyan su intención electoral, se le elegirá, no por uno, sino por tres
años, es decir de 2019-2021 y además será presidente del Consejo de la
Judicatura.
Como también saben, la Constitución Política de la Ciudad,
que recién entró en vigor el pasado 17 de septiembre, en su artículo 35 B (9), establece categóricamente que quien presida
el Tribunal Superior de Justicia “durará en su encargo un año sin posibilidad
de reelección, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con
que lo haya ostentado”. Por su parte, el propio artículo 35 en su apartado E
(2) prescribe que “Quien presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir
el Tribunal Superior de Justicia”.
Quien pretende
reelegirse y sus adictos, aducen que, considerando que la Ley Orgánica del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que habrá de reglamentar
dicho precepto constitucional entrará en vigor hasta el 1 de junio de 2019, su
pretensión se sustenta en el artículo 33 de la vigente Ley Orgánica, que
autoriza la reelección por un período inmediato de tres años, y en el 169 que
permite que “El presidente del Tribunal Superior de Justicia también lo será
del Consejo de la Judicatura”.
El artículo 30 transitorio de la Constitución autoriza que “Las normas del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables a la
entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta
Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos
que los sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido en ésta”.
Es evidente que las
normas ordinarias que permiten la reelección por tres años y la presidencia
simultánea del Consejo de la Judicatura contravienen las normas
constitucionales que expresamente las prohíben.
Tales normas ordinarias
fueron derogadas a la entrada en vigor de la Constitución. Han dejado de ser vigentes. No
existen. Por tanto no pueden servir de
fundamento a tan ilegal y arbitraria pretensión electoral.
La elección está programada para el día 9 de noviembre. Se
han registrado además otros cinco candidatos que pretenden se les elija también
por tres años y además para presidir el Consejo de la Judicatura.
Las bases del proceso
electoral han sido establecidas por el Pleno del Tribunal, aprobadas por una
mayoría de cuarenta y seis magistrados.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tiene entre sus propósitos prestar la más amplia colaboración al poder
público como cuerpo consultor y auxiliar a la administración pública con
capacidad para promover lo conducente a la moralización de la misma, para lo
cual cuenta con legítimo interés jurídico.
En mi carácter de miembro activo del Colegio pido su inmediata intervención, a efecto de
evitar que se consume un gravísimo atropello en perjuicio de la normalidad
constitucional y de la moralidad pública de nuestra comunidad.
En espera de su actuación decidida, expreso a ustedes,
señores consejeros, las seguridades de mi elevada y distinguida consideración.
Javier Quijano Baz
cc: Señores miembros del consejo directivo
del Consejo General de la Abogacía Mexicana.
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