Por Ernesto
Villanueva.
Para saber si un conjunto de
estrategias para llegar a un objetivo (en este caso eliminar o reducir a su
mínima expresión el robo de combustible de Pemex o huachicol) tiene o no
probabilidades de éxito, deben analizarse algunas variables básicas que
ofrezcan elementos tangibles para hacer un pronóstico serio desde la
perspectiva de la gobernabilidad del Estado.
Hay consenso en alcanzar el objetivo
en cuestión. Nadie en su sano juicio podría reivindicar el delito recurrente
del huachicol como una plausible política pública. Hay, por esa razón, consenso
en alcanzar ese propósito como una de las primeras batallas que está librando
el nuevo régimen. No se trata sólo de una cuestión de corrupción e impunidad,
sino de atacar un instrumento financiero que hasta ahora había venido dando los
recursos para que todo siga igual, para mantener el statu quo. Los puntos
centrales que permiten hacer una radiografía del avance de esta batalla son los
siguientes:
Primero. Buena parte de los medios ha utilizado esta
decisión política para intentar fallidamente doblar al gobierno federal con
contratos publicitarios y prebendas adicionales. La técnica ha sido identificar
puntos específicos de hartazgo y molestia pública por el desabasto transitorio
de gasolina para presentarlos como muestras de un estado de ánimo generalizado
en los más distintos grupos de la sociedad mexicana. Y esto es una mentira, un
acto de desinformación ajeno a los mínimos estándares de la ética periodística,
que hasta ahora no ha podido impactar en las pautas de comportamiento de la
ciudadanía. No es mi opinión, que, como todas, puede coincidir con otras y
diferir de algunas más.
Una muestra de lo que afirmo se
sustenta en la ausencia de marchas y protestas sociales no se diga de gran
calado, sino incluso relativamente pequeñas. No se observan por ningún lado.
Sobra decir que si las hubiera habría muchos intereses en mostrarlas como el
preludio del caos social. No es el caso. El llamado del presidente López
Obrador está permeando más en la formación de la opinión pública en esta lucha
que las voces de sus detractores que vaticinan el diluvio.
Segundo. El gobierno federal mantiene el apoyo
expreso y puntual de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas civiles del orden
que, por el contrario, están dando vida y sentido a esa gran batalla a favor
del patrimonio social. No hay, ni por asomo, señales de levantamientos armados,
deserciones en masa de zonas o regiones militares que pudieran en ese
inexistente pero hipotético caso poner en riesgo la seguridad nacional y, en el
extremo, la viabilidad del Estado mexicano.
Es
importante reiterarlo: las Fuerzas
Armadas están siendo parte activa de esa difícil pero necesaria decisión que el
gobierno federal ha tomado en un caso enorme de corrupción que había
permanecido intacto al menos durante los tres últimos tres gobiernos que, por
acción u omisión, incurrieron en un agravio de tracto sucesivo a la nación.
También hay que decir que ha habido errores, y los seguirá habiendo, en la
parte adjetiva. Jamás se llegará, por consecuencia, a la perfección, que es
inhumana. Es deseable, empero, que los errores vayan siendo menos por
aproximaciones sucesivas.
Tercero. El reto que representa el huachicol supone,
de igual forma, una prueba palmaria de que la inmensa mayoría de la población
entiende, lato sensu, el problema, confía y apoya la decisión del presidente de
la República en esta cruzada de gran magnitud contra uno de los más grandes
fenómenos de corrupción e impunidad de que se tenga memoria en el México
contemporáneo.
Habría sido difícil que otro gobierno
en este siglo hubiera hecho una proeza de esa naturaleza, por dos razones: a)
Por la convicción de que ese caso de corrupción era imposible de resolver y,
por ello, lo mejor era administrarlo y formar parte de la ecuación. En la
política tradicional, el único pecado que no se perdona es la falta de
complicidad. Y ninguno de los tres gobiernos anteriores quiso tener en sus
filas a semejantes pecadores; y b) Porque esos tres gobiernos fueron ajenos al
pueblo, a los de abajo, a quienes expoliaron para que muchos empresarios (no todos,
por supuesto) fueran más ricos y los pobres más pobres. En ese contexto, toda
acción gubernamental siempre se vio con suspicacia.
Cuarto. Los mensajes de organizaciones
empresariales y de los grupos de interés autollamados “sociedad civil” (con las
honrosas excepciones de siempre) que deploran la “estrategia” y el “desabasto”
de combustible carecen de los elementos esenciales que les permita tener de
rodillas al Estado mexicano como sí pudieron tener espacios durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto y compañía: a) Tanto esos grupos de empresarios como
quienes se hacen llamar “sociedad civil” no ganarían, ni lo han intentado
porque lo saben, una elección estatal. Ello pone de relieve su ausencia de
representatividad social y sus acotadas habilidades de movilización popular; y
b) Tampoco cuentan con elementos armados, de suerte tal que pudieran disputarle
a la Marina, al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicana el control de los poderes
constituidos.
El problema para estos sectores es
que no entienden que las cosas han cambiado de raíz. Lo irán viendo poco a poco
cuando el agua llegue a su nivel y ponga a cada quién en el lugar que le
corresponde.
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