Por Verónica
Espinosa.
La Fiscalía estatal anticorrupción
inició una carpeta de investigación por posibles ilícitos cometidos por
funcionarios de la Coordinación de Comunicación Social del estado en el sexenio
de Miguel Márquez Márquez, por la asignación de contratos por casi 5 millones
de pesos a FMB, una empresa “fantasma” reportada por el Sistema de
Administración Tributaria, el SAT, entre otras anomalías en la asignación de
publicidad.
Esta carpeta derivó de una revisión
efectuada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, además
de una auditoría que es practicada actualmente por la Auditoría Superior de
Estado (ASEG) en el mismo sentido.
Los contratos fueron asignados
específicamente en el periodo en que fue director de Comunicación Social
Enrique Avilés, en los últimos años del gobierno de Miguel Márquez.
FMB fungió como una especie de intermediaria
para anuncios publicitarios del gobierno del estado en el periódico El Sol de
la empresa OEM, que también recibía contratos directos para el mismo propósito.
Las anomalías fueron reveladas en una
investigación periodística del portal Zonafranca, publicada a fines de 2017.
La empresa no pudo ser localizada en
el domicilio fiscal reportado, entre otras irregularidades.
Por este
hecho, un grupo de periodistas y
activistas por la transparencia solicitó a la ASEG practicar una auditoría,
solicitud que fue admitida al encontrarse elementos para ello, pues la
información que sustentó el reportaje y la denuncia se obtuvo a través de la
Unidad de acceso a la información del Poder Ejecutivo.
La existencia de la carpeta de
investigación fue revelada por el Fiscal especial en combate a la corrupción,
Marco Antonio Medina, en sesión del Comité coordinador del Sistema estatal
anticorrupción.
“El 25 de
septiembre dio inicio a la carpeta de investigación 6530 del 2018, la cual
estamos investigando en relación a los hechos denunciados”, dijo el fiscal
Marco Antonio Medina.
El dato surgió en una larga discusión
entre integrantes del Comité de participación ciudadana y funcionarios
representantes de los poderes y dependencias del estado que forman parte del
Comité coordinador, a quienes se presentó una solicitud para conocer el avance
de las revisiones en el tema de los contratos publicitarios del gobierno
anterior.
En esta
sesión también se pidió conocer en qué
van las auditorías al Sistema Municipal de Agua Potable de la ciudad de
Guanajuato y al propio gobierno municipal también por contratos publicitarios,
así como por un daño al erario municipal que ya rebasa los 100 millones de
pesos por la omisión en el cobro de derecho de vía pública a la empresa de
cable Telecom.
Pero en la
reunión, varios funcionarios como el
contralor del municipio de León desestimó las solicitudes señalando que “son
asuntos particulares” y otros indicaron que se trató de peticiones de
información “muy generales” e insistieron en que las solicitudes debían de
reformularse para señalar puntos específicos “para saber qué información dar y
a qué instancia le corresponde darla”.
El titular de la Auditoría Superior,
Javier Pérez Salazar, informó que la revisión que se realiza a la Coordinación
de Comunicación Social concluirá en mayo próximo y será entregada al Congreso,
mismo que determinará si se procede a presentar denuncia –que implicaría una
nueva carpeta de investigación- si se encuentran posibles responsabilidades por
otros ilícitos.
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