La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación a la Procuraduría
General de Justicia de Tlaxcala por tardar 22 días en emitir la Alerta Amber
por el caso de una niña de 11 años desaparecida en 2016.
De acuerdo con el oficio 83/2018 de la Comisión, el 13 de enero de aquel año, una menor, de
11 años, fue reportada como desaparecida en el municipio de San Pablo del
Monte, Tlaxcala, localidad donde estudiaba.
Los padres de la menor
acudieron a la PGJ para reportar el extravío, sin embargo, la
autoridad local emitió una “pre-alerta amber”, la cual no aprueba la
publicación en medios de comunicación, ni la difusión de información de la
infante.
Fue hasta 22 días
después cuando la Procuraduría declaró la emisión de aquella alerta e inició un
acta circunstancial sin justificación alguna, cuando, según el debido proceso,
se debió haber iniciado una averiguación previa.
“Se omitió dar
respuesta por escrito a los padres de la persona menor de edad desaparecida
respecto a su solicitud formulada para elevar el Acta Circunstanciada a
averiguación previa; además de incumplir con diversos lineamientos de actuación
que establece el Protocolo de Investigación Ministerial de los Delitos
Relacionados con Desaparición de Mujeres”, aseguró la CNDH.
Por ello, el gobierno
de Tlaxcala deberá reparar el daño incluyendo atención psicológica para la
familia de la menor y la PGJ deberá perfeccionar la integración de la
averiguación previa.
“La CNDH contó con
evidencias que permiten acreditar violaciones a los derechos humanos
mencionados, por lo que pide al gobernador de Tlaxcala que en coordinación con
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos de Tlaxcala, se brinde
la reparación integral a los familiares de la niña desaparecida”, señaló el organismo.
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