En el primer
año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública tiene
como meta hacer 2,555 auditorías en la administración pública, 45 % más que en
2018, aplicar nuevas tecnologías para el “big data anticorrupción” y escoger a
los “mejores perfiles” para encabezar los Órganos Internos de Control de las
secretarías, capaces de investigar presuntos actos de corrupción.
Sin embargo,
operará con 27 % menos presupuesto para
2019 con respecto a 2018, cuando recibió 1,237 millones de pesos. Para cumplir
con sus metas dispondrá de 901 millones 819 mil pesos para el próximo año, de
acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.
Una de las herramientas clave de la
Función Pública para el combate a la corrupción son los órganos internos de
control, un puesto que en cada dependencia se encarga de vigilar la actuación
de los funcionarios públicos de cada una y, en caso de encontrar alguna
irregularidad, puede hacer una investigación interna.
Aunque la Ley Orgánica de la
Administración Pública establecía que las asignaciones de estos cargos recaían
en la Secretaría de la Función Pública, en la práctica, los secretarios de
Estado recomendaban a sus allegados para el puesto durante el sexenio anterior.
De acuerdo
con el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, Daniel
García Cortés, en la nueva
administración, los nombramientos de los titulares de los Órganos Internos de
Control sí será facultad exclusiva de la dependencia y no de los secretarios de
Estado.
“Se está haciendo un análisis para
que las personas que se encargarán tengan tanto las capacidades técnicas como
las capacidades morales y de probidad necesarias para desempeñar estos cargos”, dijo en entrevista con Animal
Político.
Pero aún se está trabajando en la
definición del perfil específico y después de eso se podrán hacer las
designaciones y aún no hay un tiempo estimado de cuándo concluirá porque el
proceso “lleva tiempo”, dice García Cortés.
El Órgano Interno de Control es un
puesto clave en la detección de posibles irregularidades al interior de cada
dependencia, pero en caso de una actuación deficiente, los casos ni siquiera
son ubicados.
Por ejemplo,
el extitular del área de quejas del Órgano
Interno de Control de la Sedesol, Mauricio R., exoneró a cuatro funcionarios
presuntamente implicados en La Estafa Maestra y dio carpetazo al tema, sin
justificación, a las investigaciones sobre supuestos desvíos millonarios en la
dependencia.
Por eso, fue inhabilitado
temporalmente por dos años del servicio público, aunque la sanción llegó un año
después de que dejara su encargo en Sedesol en 2017 y tres años después de
haber concluido la investigación en la que no encontró irregularidades, pese a
que Animal Político publicó en septiembre de 2017 que las empresas utilizadas
para hacer supuestos servicios a la Sedesol eran fantasma.
En el
sexenio anterior ningún Órgano Interno
de Control encontró las irregularidades en casos que fueron documentados por la
Auditoría Superior de la Federación o en investigaciones periodísticas como
Odebrecht o el Paso Exprés de Cuernavaca, por ejemplo.
Las metas.
Cada dependencia federal hace una
evaluación del Sistema de Control Interno en noviembre de cada año, y en
febrero establecen su Programa de Trabajo Institucional, en el cual determinan
las acciones de mejora que aplicarán a dichos procesos.
Pero de acuerdo al análisis de la
nueva administración, “la evaluación del sistema de control interno solo se
refiere a aspectos aislados, sin vinculación hacia los elementos estratégicos y
prioritarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal; la evaluación de riesgo es aplicada de forma subjetiva y sin
relacionarse a la funcionalidad del gobierno”, aseguró la secretaria de la Función
Pública Irma Eréndira Sandoval durante un encuentro de trabajo con la comisión
Anticorrupción del Senado el pasado 14 de diciembre.
Por eso es que promete fortalecer ese
tema y vincularlo directamente con la realización de 2,555 auditorías que
permitirá vigilar el cumplimiento normativo, financiero-presupuestal y
cumplimiento de objetivos. De ellas mil 637 serán financieras, 225 a proyectos
de inversión física (obra pública) y 688 a desempeño.
Esto significa un número mayor a lo
realizado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, cuando hubo 1,753
auditorías, en el último año de la administración de Arely Gómez en la Función
Pública.
Otro de los aspectos de atención será
el uso de las nuevas tecnologías para la prevención y el combate a la
corrupción. “Hablamos de usar de forma estratégica y coordinada los grandes
volúmenes de información que tienen las diversas instancias del gobierno para
identificar las áreas de riesgos de corrupción e investigar los actos de
corrupción, lo que sería el Big Data Anticorrupción”, promete Irma Eréndira Sandoval.
El combate a la corrupción también
pasará por el llamado a los funcionarios de la administración pública a
denunciar posibles irregularidades, por eso se impulsará la “protección a
alertadores internos”, es decir, impulsar la denuncia interna a través de una
ley de protección a “informantes internos” que ofrezca garantías laborales,
políticas y cívicas a ciudadanos para que presenten quejas confidenciales (no
anónimas) contra funcionarios públicos y políticos que delinquen o malversen
fondos.
También apelarán a la “ciudadanización” del combate
a la corrupción y a la impunidad a través de impulsar la denuncia ciudadana de
conductas irregulares de servidores públicos o particulares que pudieran
constituir actos de corrupción.
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