POR MATHIEU
TOURLIERE.
El Estado mexicano deja de percibir
cada año entre 67 mil y 128 mil millones de dólares en impuestos por la
importación y exportación de mercancías debido a las distintas formas de
evasión, como el uso de facturas apócrifas –con precios o cantidades inflados o
sub-evaluados o de paraísos fiscales, y ello con la permisividad de las
autoridades, señaló un informe que publicó hoy la organización Integridad
Financiera Global (GFI).
Según el estudio,
uno de cada cinco pesos de bienes
exportados e importados en el país escaparían de una manera u otra a las
autoridades, según estimaciones del periodo 2006-2015, que considera sólo las
prácticas de evasión fiscal sobre el comercio de bienes tangibles, por lo que
resulta “muy conservadora”.
Aun así, México aparece como el
segundo país con los mayores flujos financieros ilícitos –después de China– en
un grupo de 148 países emergentes.
Del estudio escapan “muchas formas de flujos ilícitos
que no pueden ser detectados con los datos económicos disponibles”, deploró el
organismo, y enumeró algunos de ellos: “transacciones en efectivo,
falsificación de la misma factura, tergiversación de facturas sobre servicios o
bienes intangibles”.
Según el GFI, cerca del 25% del comercio total generado
en los países en desarrollo escapa a las autoridades tributarias mediante estas
prácticas fraudulentas. “Existe un sinfín de técnicas para sacar fondos ilegalmente
de un país y/o para lavar dinero sucio, entre ellas la facturación apócrifa del
comercio, que puede emplearse para mover las ganancias de actividades
criminales y de corrupción a través de las fronteras nacionales”, sostuvo.
“Parte de estos flujos ilícitos
pueden corresponder a ingresos fiscales que pierden los gobiernos de países en
desarrollo y que, por lo tanto, no pueden usar para reducir la desigualdad,
eliminar la pobreza y, de manera más amplia, para elevar la calidad de vida de
la gente que habita estos países”, planteó.
Para
enfrentar estas prácticas, el GFI recetó
una serie de recomendaciones que otros organismos internacionales promueven
desde hace varios años: exhortó a los gobiernos a transparentar los registros
públicos de “todas las entidades” incorporadas en sus jurisdicciones y los
bancos a conocer la identidad del beneficiario final de cada cuenta bancaria.
También urgió a las autoridades de
los países a reforzar la cooperación y el intercambio de información fiscal, a
redoblar su vigilancia sobre las empresas que emiten facturas relativas a
paraísos fiscales, y a penalizar las prácticas de “optimización” fiscal, con
las que las empresas reducen sus impuestos.
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