Hace 13 años, los campesinos
indígenas de 16 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca decidieron
construir obras de captación de lluvia. La escasez de agua en la región,
provocada por la agricultura de tipo industrial, los estaba dejando sin medios para
sobrevivir. Hoy sus retenes, hoyas y pozos de absorción suman más de 300. Con
esa infraestructura propia han logrado recuperar el acuífero. Pero el marco
regulatorio vigente les impide usar el agua con libertad para su principal
actividad: la agricultura de subsistencia.
Desde
septiembre de 1967 existe un decreto de
veda para los Valles Centrales de Oaxaca, que impide el libre aprovechamiento
de los pozos de la región si no se cuenta con un título de concesión expedido
por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Cada concesión permite sólo un
cierto volumen de metros cúbicos para uso agrícola. Si se excede ese consumo,
hay que pagar multas por hasta 24 mil pesos.
Las 16 comunidades se agruparon en la
Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA) e
interpusieron un amparo para pedir la modificación del decreto. Para ellos
contar con el líquido no es una cuestión de lucro sino de supervivencia. Un
tribunal federal les concedió el derecho de que el Estado los consultara sobre el
manejo y aprovechamiento del agua.
El proceso de consulta se prolongó.
Llevaba más de cuatro años cuando se suspendió, en el último semestre de la
administración anterior, “porque había discordancia entre la propuesta de la
COPUDA y la respuesta del Gobierno”, explica en entrevista Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la
Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI).
Ahora el gobierno actual se ha
comprometido a reactivarlo. “Si la propuesta avanza, en cinco meses se podría
concluir”, afirma
Aguilar Ortiz.
El proceso de consulta tiene cinco
fases, de las cuales tres se desahogaron en la anterior administración:
acuerdos previos, informativa y deliberativa. Las que faltan por concluir son
consulta, y de seguimiento y verificación.
“Las tres primeras etapas avanzaron
porque fueron más acuerdos y reuniones entre las comunidades. Hubo apoyo de
varias organizaciones para realizarlas y hasta del gobierno estatal. Cuando
llegó la fase en la que la administración federal ya debía participar activamente,
las reuniones fracasaron porque las autoridades llegaban con pilas de
documentos que no tenían nada que ver con la propuesta de la COPUDA (elaborada
en las fases anteriores)”, explica Rodrigo Galindo, gerente de Programas de
Oxfam México, organización que acompaña a las comunidades de los Valles
Centrales.
El
investigador dice que ahora ven buena
voluntad de las nuevas autoridades. “Se está retomando un modelo de gestión que
podría establecer un precedente normativo”.
En 2005 empezó en los Valles
Centrales de Oaxaca una fuerte sequía que se prologó por tres años. La causa
principal de eso señala Galindo, fue la disecación de las ciénagas por la
ampliación de la frontera agrícola industrial.
Los campesinos hicieron entonces un
arenero, un pozo de dos anillos de 90 centímetros hecho con concreto, arena y
grava, que funciona a manera de filtro donde se quedan los residuos del agua de
lluvia mientras que ésta pasa por un tubo conectado a un pozo de absorción.
Luego planearon las hoyas y finalmente los retenes, con los que recolectan el
agua para poder realizar su trabajo diario: el de la agricultura. Pero pronto
descubrieron que no podrían usar su agua con libertad.
El entonces
presidente Gustavo Diaz Ordaz emitió, en
1967, un decreto que afecta a los campesinos de Etla, Tlacolula, Zimatlán y
Ocotlán. Las 16 comunidades, que se agruparon para iniciar la lucha por la
defensa del líquido, se quejaron de que los metros cúbicos permitidos en cada
concesión no alcanzaba para mantener las siembras, lo que estaba generando
escasez de trabajo y migración en la zona.
Lo que propuso la organización es
tener un derecho preferente de libre acceso al agua, como pueblos originarios,
toda vez que la Conagua no la distribuía equitativamente para todos. “Aquí
vemos a muchas embotelladoras que llegan a la comunidad y que están vendiendo
el agua y a nosotros nos la restringen”. Por eso solicitaron el uso preferente.
Desde 2009, la COPUDA inició un proceso legal contra la
restricción. Acompañados por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto
interpusieron diversos recursos legales. El 8 de abril de 2013, la Primera Sala
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
emitió una resolución que ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
realizar una consulta indígena en las 16 comunidades para la posible
modificación de la veda.
El domingo
pasado, el director del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; la subsecretaria
de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Katya Puga Cornejo, y el Gerente de Aguas
Subterráneas de la Subdirección Técnica de la Conagua visitaron la región y se
comprometieron a reanudar el proceso de consulta.
En la
reunión se presentó la hoja de ruta que
se seguirá para alcanzar los consensos necesarios que permitan resolver la
problemática del uso y disfrute del agua del subsuelo, así como la sanidad del
acuífero. Se informó que para la solución integral se perfila un acuerdo de
administración conjunta entre el Estado y las comunidades zapotecas, mismo que
contemple la corresponsabilidad en su cuidado y saneamiento, reconociendo los
trabajos de siembra de agua de la COPUDA.
Se analizará también la
disponibilidad de agua y un nuevo decreto para la región de Valles Centrales de
Oaxaca, que considere el derecho de las comunidades de establecer su propia
reglamentación comunitaria para el uso y aprovechamiento del agua.
La
subsecretaria Puga Cornejo transmitió la
disposición de la Secretaría para acompañar el proceso, dialogar y tomar
decisiones conjuntas en diversos proyectos de reforestación y cuidado del medio
ambiente. Añadió que el nuevo decreto deberá surgir del consenso de las
comunidades.
Por su parte
Ángel Ruiz Méndez, presidente del Consejo Directivo de la COPUDA, y otros
integrantes, expresaron su esperanza de
que se solucione el problema que han planteado desde hace años, máxime cuando
sus comunidades tienen amplia experiencia en el uso y aprovechamiento del agua.
“Nosotros no estamos comenzando a vivir, no estamos en el año cero, durante
siglos hemos convivido con nuestro acuífero, sabemos cuidarlo y mantenerlo
sano”, indicó Ruiz Méndez.
Durante la reunión se acordó
desahogar las mesas de diálogo en los próximos días y convocar a la fase final
del proceso de consulta en la que, previo consenso de las partes, se
suscribirán los acuerdos correspondientes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.