jueves, 28 de febrero de 2019
AMLO: Conferencia Jueves 29 Febrero 2019.
La SCT abre
audio del piloto con torre de control del accidente de Martha Erika y Moreno
Valle.
El
Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró esta mañana que la investigación sobre
la caída del accidente en Puebla, donde murieron la Gobernadora de Puebla
Martha Érika Alonso y el Senador Rafael Moreno Valle, será “absolutamente
transparente”. El ingeniero Carlos Morán Moguel, Subsecretario de la SCT, dio a
conocer los audios, que habían sido reservados, donde se escucha desde la
primera comunicación que se dio entre el piloto y la Torre de control, hasta
los once intentos fallidos de contacto.
Aseguró que la primera respuesta
sobre la clasificación de los audios se debió a que “se dio una respuesta con
el machote que se da en estos casos porque hay una costumbre en aeronáutica
civil”.
Dijo que no se trató de una decisión
de reservar la información. “En este caso nos olvidamos de esa restricción y
habrá absoluta transparencia en todos los elementos que vayamos teniendo con
este lamentable suceso”, informó.
“No habrá maquillaje de ninguna
cifra, la transparencia quedará documentada. Queda absolutamente transparente
todo en todo momento”, aseguró.
Jiménez
Espriú dijo que “no vamos a dar
información que permita especulación, en el momento en que esté el dictamen de
los expertos, en donde están participando de cuatro países, en el momento en
que se tenga el dictamen habrá una total transparencia”. “Aquí no habrá
ocultamiento de nada”, recalcó.
Milenio
informó ayer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó reservar
por cinco años las conversaciones de radio del helicóptero en el que viajaban
la Gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el Senador Rafael
Moreno Valle, cuando se accidentaron y murieron el pasado 24 diciembre pasado.
Ayer mismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba de
acuerdo y pidió “transparencia completa “en el caso.
La SCT dio a
conocer esta mañana esos audios.
El ingeniero
Carlos Morán Moguel, Subsecretario de la
SCT, explicó que en los audios, que habían sido reservados, se escucha desde la
primera comunicación que se dio entre el piloto y la Torre, a las 14:34 horas.
Así como los 10 intentos fallidos de comunicación desde la torre con la aeronave.
Se explicó que en los audios hay 15 minutos en los que no hay ninguna
comunicación. A las 14:49 de ese 24 de diciembre se dispara el proceso de
emergencia.
Y anunció que el helicóptero salió de una
jardín de una casa privada propiedad del empresario José Chedraui, de donde
solía salir el helicóptero.
“Torre
Puebla buen día del Extra Alfa Brazo Oscar Noviembre saliendo del triángulo por
LE EEHH Radio Capital de la Ciudad de México”, comunicó el piloto.
Precisó que
se dieron otras comunicaciones en las que se les pide que “cruzando la
estación”. Después hay varias comunicaciones en las que se le pide informe si
ya pasó la estación. Hubo al menos 10 intentos de contacto posteriores sin
respuesta.
Luego, a las
14:49 se dispara el proceso de emergencia.
Carlos Morán
Moguel detalló que en los accidentes de
aviación no se entrega información abierta hasta que estén terminadas las
investigaciones, se pueden dar informes pero no los datos que conlleven a una
conclusión irresponsable de la investigación. Precisó que el caso de los audios
sí se pudo haber contestado sin seguir el patrón burocrático convencional.
La dirección de Aeronáutica civil
tiene una respuesta de reserva de cinco años que ha utilizado históricamente la
dirección y así se contesta a estos requerimientos, Dijo que se va a revisar
porque no tiene sentido, la cual es para darle tiempo a la terminación de la
investigación. Precisó que estas reservas son similares a las de otros
naciones.
“Por esas razones no se da la
respuesta que probablemente se habría deseado. Este es una tema de relevancia
nacional no hay ninguna razón por la que nosotros no pudiéramos desincorporar
de la condición de reservada.
LA
INVESTIGACIÓN.
Morán Moguel
precisó que actualmente la investigaciones
se encuentran en la etapa del proceso de análisis detallado de laboratorio, que
toma entre una año y medio y dos años.
Dijo que se empacaron y se enviaron
los componentes (sistema de transmisión, de control electrónica y motores) a
Italia, Estados Unidos y Canadá. El 4 de marzo comenzará la investigación de
los motores con la apertura de los paquetes.
Se contará con el apoyo de la
autoridad de seguridad canadiense; de la agencia espacial del National
Transportation Safety Board de Estados Unidos y de la Dirección de Aeronáutica
Civil de México; se llevará a cabo en Montreal.
La investigación del rotor principal
iniciará el 18 de marzo en Italia, ahí se hará la apertura. Participaran de
Canadá, Estados Unidos, de la Dirección General de Aeronáutica y las
autoridades de aeronáutica civil de Italia.
La investigación de los actuadores
lineales se comenzará el 1 de abril en Phoenix, Estados Unidos.
Y con Zedillo, los ferrocarriles y miles de millones fueron para Peñoles, Grupo México y Tribasa.
Por Dulce
Olvera.
De 1996 a
1998, el gobierno de Ernesto Zedillo
Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano. Otorgó concesiones por
entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), Grupo Acerero del
Norte (Peñoles), Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados
Basálticos (Tribasa) y por mil 400 millones de dólares a Transportación
Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern
Industries.
Al término de su gobierno, Zedillo
participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo
Ferroviario Mexicano (GFM) formado también por Grupo México e Ingenieros
Civiles Asociados (ICA), a quien le dio una concesión en 1997 para operar el
Ferrocarril Pacífico Norte.
Las líneas concesionadas cubrieron 22
mil 130 kilómetros de vía, el 84 por ciento de la red ferroviaria y el 95 por
ciento del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90; el
personal empleado era de 15 mil 500 personas y se contaba con mil 220
locomotoras y 254 mil carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del
Transporte (IMT). Para 2017, la infraestructura ferroviaria en México suma un
total de 23 mil 366 kilómetros de vía en operación, de acuerdo con la Agencia
Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).
El 55.4 por ciento de la carga total
transportada por ferrocarril se concentra en el maíz, el cemento, los
contenedores y los laminados de fierro y acero, muestran datos de la ARTF.
“No se vio bien, no es ético. Zedillo
promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a
trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la
privatización de los ferrocarriles nacionales”, declaró el Presidente Andrés
Manuel López Obrador en una conferencia matutina sobre “la puerta giratoria” de
ex presidentes.
Su gobierno
plantea la construcción del Tren Maya y un corredor transístmico para el
desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec a través de la asociación público
privada.
“El primer
ferrocarril se hizo en la época de la República Restaurada, lo inició Juárez,
lo terminó Lerdo, fue el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, poco
más de 600 kilómetros; y Porfirio Díaz hizo más de 20 mil kilómetros, se
comunicó a todo el país; y luego en la Revolución, lo mismo. Y llegaron estos
tecnócratas, corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron
con los ferrocarriles”, reiteró el mandatario la semana pasada.
LA VENTA DE
TRENES
La primera
ruta México-Veracruz fue inaugurada en 1873 durante la presidencia de Sebastián
Lerdo de Tejada. Los Ferrocarriles Nacionales de México fueron creados por
Porfirio Díaz en 1907, sirvieron en la Revolución para transportar tropas y
fueron nacionalizados por Lázaro Cárdenas del Río en 1937.
Pero en 1995 inició el proceso de privatización
del sistema ferroviario mexicano al aprobarse una reforma al Artículo 28
Constitucional que permitió la inversión privada en ferrocarriles.
En diciembre de 1996, Transportación
Marítima Mexicana, asociada con la estadounidense Kansas City Southern
Industries y filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ofreció al gobierno
mil 400 millones de dólares por la concesión de 3,960 mil kilómetros de vías,
más de 3 mil locomotoras y alrededor de 10 mil vagones. Ese tramo de vías
férreas, que movía el 40 por ciento de la carga, se conectó con vías de Estados
Unidos y Canadá.
En junio de
1997, se pagó la concesión de 50 años
por 4.5 millones de dólares del Ferrocarril Pacífico Norte al Grupo Ferroviario
Mexicano (GFM) formado por Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y
la norteamericana Union Pacific, de la que fue consejero el ex Presidente
Ernesto Zedillo. La empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) empezó a operar la
línea de 6 mil 200 kilómetros un año después.
En octubre
de 1997, se dio la concesión por 20 años
de la línea corta Coahuila-Durango, al Grupo Acerero del Norte asociado a
Industrias Peñoles, así como la concesión por 20 años de la línea corta
Tijuana-Tecate a Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana.
Y en julio
de 1998 julio se anunció la concesión
del Ferrocarril del Sureste por 50 años al Grupo Triturados Basálticos
(Tribasa) por 322 millones de dólares.
Las ventas se dieron bajo el
argumento oficial de que 81 por ciento de las vías estaban deterioradas y el
parque de vehículos operaba a 60 por ciento de su capacidad.
Para agosto
de 1999, Ferrocarriles Nacionales de
México dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación
ferroviaria y de prestar el servicio público de transporte ferroviario.
LOS TRES
LÍDERES.
Ferromex y Ferrosur de Grupo México,
así como Kansas City Southern de México (hasta 2005 Transportación Ferroviaria
Mexicana) son las empresas ferroviarias que acaparan el 93.6 por ciento de la
participación en las vías terrestres, de acuerdo con la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario.
Grupo México, de Germán Larrea Mota
Velasco, se define como la empresa de transporte ferroviario más grande, más
rentable y de mayor cobertura en México al ofrecer servicios de carga general e
intermodal por ferrocarril, así como de transporte de pasajeros. Sus filiales
son Ferromex, Ferrosur e Intermodal México.
De acuerdo
con el Portal de Transparencia, Ferromex
ha recibido 33 concesiones desde la administración de Ernesto Zedillo Ponce de
León, con vigencias de cinco a 50 años, incluyendo el permiso para instalación
de anuncios publicitarios.
La Comisión
Nacional del Agua (Conagua) le ha dado
20, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le ha
brindado una y de las 12 dadas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) destacan las vías Pacífico-norte, en Ojinaga-Topolobampo y la
Vía Corta Nacozari, que suman 46 por ciento de la participación en el mercado.
De
transporte de pasajeros, Ferromex ofrece
servicios turísticos en la zona de haciendas tequileras en Jalisco, llamado
“Tequila Express” y otro en las Barrancas del Cobre, en la ruta del “Chepe” de
Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa.
La filial Ferrosur, que opera 14 por
ciento del total de participación, ha obtenido 12 concesiones desde Ernesto
Zedillo hasta la fecha, con vigencia de 30 a 50 años. Ocho han provenido de la
SCT, entre ellas, para las Vías Cortas Oaxaca y Sur, y las otros cuatro de la
Conagua.
En mayo
pasado, durante el proceso de campañas, Grupo
México emitió una carta a sus empleados, colaboradores y accionistas para
asegurar que las concesiones mineras, ferroviarias y carreteras que opera no
son producto de corrupción como el entonces candidato presidencial
“injustamente” acusó.
“El término
‘concesión’ no es sinónimo de corrupción ni de compadrazgo como se ha insinuado
recientemente”, escribió Germán Larrea, quien en la lista de Forbes está en el
segundo lugar de los hombres más ricos de México, con una fortuna cifrada en 17
mil 300 millones de dólares. “Como empresario creo en un modelo capitalista de
libre mercado con un alto contenido de responsabilidad social”, aseguró. Por lo
que criticó las intenciones de “un gobierno populista” y la “estatización de
empresas”.
López Obrador respondió
desde un mitin que entendía que Larrea Mota Velasco “no quiera el cambio porque
le ha ido muy bien. Él, antes de Salinas [Carlos Salinas de Gortari], no
aparecía en la lista de los hombres del mundo […] Aparece desde que Salinas le
entregó la mina histórica de Cananea, en Sonora”.
Esta semana ambos se reunieron en
Palacio Nacional para hablar sobre las víctimas de la mina Pasta de Conchos.
Respecto a Kansas City Southern de
México, dirigida por José Guillermo Zozaya Delano, el Portal de Transparencia
registra siete concesiones por 50 años dadas por la SCT y Conagua para la vía
ferroviaria del Noreste, que opera el 32.80 por ciento de la participación del
mercado ferroviario.
“Hemos podido contactarnos con
Obrador y todos los equipos de los candidatos y hablar de esto en términos de
concesión; todos ellos nos han expresado directamente su interés en respetar
los términos de la concesión y, por supuesto, el imperio de la ley. Entonces
nos sentimos muy seguros en ese sentido”, manifestó Zozaya en el periodo de elecciones respecto
a la continuación de las concesiones.
Revivir al PES sería golpe a la Constitución: Figueroa; pondría en riesgo la laicidad del Estado: Barranco
"Estamos
ante un modus operandi religioso, que es básicamente algo que está prohibido en
la Constitución Mexicana, que es el voto corporativo", señaló el sociólogo
Bernardo Barranco.
Un poco de todo.
Las razones
del PES.
Los
argumentos a favor de registrar el PES no son pocos ni débiles. Por un lado
está la enorme cantidad de legisladores que obtuvieron tanto a nivel federal
como local. Por otro lado está el hecho de no se abrieron todos los paquetes
que el partido impugnó y con cuyo recuento esperaba llegar a la cifra
requerida. Así que va a ponerse muy interesante la discusión en el Tribunal.
Pero incluso, aún si la resolución no fuera favorable, ya hay un ‘plan B’, que
es el registro de una nueva organización: el Partido Encuentro Solidario, que
tiene todo para conseguirlo. Así que de una forma u otra, todo indica que habrá
PES para rato.
Cercanía con
el CCE.
Como si
fuera mitin de gira, entre empujones, fotos y más fotos, salió el presidente
Andrés Manuel López Obrador de la asamblea del Consejo Coordinador Empresarial.
Durante su discurso hizo notar que conoce al nuevo presidente del CCE, Carlos
Salazar, desde hace 20 años. Cuando el exdirector general de FEMSA –quien por
cierto dijo que los empresarios serán aliados del mandatario– acompañó al jefe
del Ejecutivo hasta su Jetta, López Obrador le reiteró que le daba mucho gusto
que lo hubieran elegido, e instruyó a Alfonso Romo, jefe de su oficina, a
ponerlo en contacto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier
Jiménez Espriú. Aquello tuvo, pues, tintes de una segunda “luna de miel” con la
IP.
¿Otra
huelga?
Hoy se
realizará la asamblea general de trabajadores de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México para votar si se acepta o rechaza el incremento salarial de 1%
que presentaron las autoridades de esa casa de estudios. De no aceptarse, la
universidad creada durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador sería la segunda en la Ciudad de México –luego de la UAM– en estallar
la huelga. Trasciende que la oferta es menor al 3.35% que se ha ofrecido en
otras universidades, por lo que será muy probable que el viernes cierren las
puertas de la UACM.
Evita Arturo
Alcalde “limón a la herida”
Arturo
Alcalde Justiniani, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde
Luján, prefirió evitar mayor controversia y mejor no acudió ayer a San Lázaro,
donde estaba como primero en la lista para participar en la audiencia pública
sobre la reforma laboral. Aunque la propia secretaria sostuvo el martes ante
diputados que “ya está bastante aclarado y ya hemos dicho que no ha habido ni
hay conflicto de interés”, el conocido asesor laboral no llegó. “No quiso
ponerle limón a la herida”, deslizó el perredista Antonio Ortega.
Senadores
citarán a Jiménez Espriú.
Los grupos
parlamentarios en el Senado –todos, nos dicen– presentarán hoy un punto de
acuerdo para llamar a comparecer al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y
demás funcionarios involucrados en la investigación de la caída del helicóptero
donde murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador
Rafael Moreno Valle. El priista Manuel Añorve comentó que dichas comparecencias
deberán ser públicas y abiertas a la prensa, “porque existe mucha confusión,
mucha desinformación, lo único que queremos es transparencia y resultados
concretos”.
Juez analiza
si retira condecoración a yerno de Trump.
Tras casi
tres meses de batalla legal, una ONG logró que un juez de distrito aceptara a
trámite un juicio de amparo que busca tirar el acuerdo por el que se dio la
condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Jared Kushner. El amparo
se tramitó el 12 de diciembre y fue aceptado a trámite la semana pasada.
El pleito de
Cuau con su fiscal.
Es muy
sabido que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no quiere para nada a
su fiscal general, Uriel Carmona, y aunque ha hecho lo posible para removerlo,
un amparo que obtuvo el funcionario se interpone en el camino. Pero ahora
parece que tiene un buen pretexto; resulta que Carmona perdió la cartulina con
el mensaje que sicarios dejaron en el lugar donde mataron al opositor a la
termoeléctrica, Samir Flores; prueba con la que se lanzó a relacionar el
homicidio con el crimen organizado. Para echarle una mano al gober, ayer
diputados locales de Morena demandaron el cese del fiscal.
Brinca del
PT al PES.
Pues en
cuestión de filias partidistas siguen los reacomodos. Y es que anoche, la
diputada en Edomex Julieta Villalpando renunció al Partido del Trabajo. Y más
tardó en dimitir, que en instalarse en otro grupo, pues ya fue nombrada
coordinadora de Encuentro Social. Ahhh, eso sí, el PT salió inmediatamente a
aclarar que la baja no fracturará a su partido y mucho menos a la izquierda.
¿Será que, como se dice, el PES resurgirá de entre las cenizas, ahora están
robándose a políticos de sus aliados?
Un golpecito
a Toledo y un respiro para Negrete.
Eduardo
Ramírez Vallejo, excolaborador de Mauricio Toledo y heredado como asesor al
alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, fue suspendido de sus funciones hasta que
se investiguen los supuestos actos de corrupción y abusos de los que se le
acusa. Ya veremos si poco a poco comienzan a caerse los rastros del
experredista en esa delegación y que ciertos personajes no quieren en Morena.
En MH se
ponen las pilas contra inseguridad.
Y donde se
reunieron con el objetivo de reforzar la seguridad fue en la capital mexicana.
Resulta que el gabinete de Procuración de Justicia tuvo un encuentro fructífero
con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y alcaldes, ayer, donde convinieron
que para reforzar la seguridad en la capital mexicana se echará mano del
esquema de policía de proximidad. Por lo pronto, el alcalde de Miguel Hidalgo,
Víctor Hugo Romo, consideró como fructífera la reunión y reiteró que seguirá
trabajando coordinadamente con la procuradora Ernestina Godoy y con el
secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.
CNTE, como
“cuchillito de palo”
›Los que
piden y piden, pero para cumplir nada más nanay, son los de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que, según habían anunciado un
plantón de 72 horas afuera de la Cámara de Diputados, para pedir la derogación
de la Reforma Educativa. Pero si desde diciembre el Presidente López Obrador
firmó la iniciativa y el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado,
dijo que el dictamen podría estar listo para marzo. O sea, en unos días. A ver
si hoy no salen con que retoman la protesta.
Cancillería protestó por detención de Ramos.
Georgina
Morett.
A pesar de
que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no quería involucrarse
en la retención del periodista Jorge Ramos y su equipo técnico, la Cancillería
mexicana externó su protesta al gobierno venezolano y pidió una explicación
satisfactoria.
En una carta
enviada a la embajada de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores
expresa “su protesta por los hechos ocurridos el jueves 25 de febrero en
Caracas, Venezuela, que afectaron a los nacionales mexicanos Jorge Ramos,
Martín Guzmán y Pedro Zayd Ultreras”.
En el
documento que fue enviado el 26 de febrero se solicita a la embajada que
transmita a sus autoridades “la protesta del gobierno de México” por estos
hechos que afectaron los derechos humanos de ciudadanos de nuestro país, y
“agradece que se realicen las investigaciones del caso, se ofrezca una
explicación satisfactoria y se devuelvan los materiales confiscados”.
Es decir,
que a pesar de que se mantienen los principios de no intervención sobre la
presidencia de Nicolás Maduro, la Cancillería sí defendió a nuestros
connacionales y lamentó la retención contra su voluntad de los periodistas.
Es positivo
que la respuesta ante esta detención ilegal no sólo haya quedado en un
comunicado y en las redes sociales, sino que se pidieron explicaciones directas
al gobierno venezolano.
Se fortalece
Codere en México y en España.
A pesar de
la devaluación de la moneda Argentina, Codere, empresa líder internacional en
el sector del juego privado, obtuvo un beneficio neto de 15 millones de euros
en el último trimestre de 2018.
Esto
demuestra la solidez del negocio de la compañía, que continúa en su senda de
crecimiento, lo cual se evidencia en el hecho de que los ingresos de
explotación, sin tener en cuenta el efecto divisa, han aumentado un 9%, hasta
los 1,791 millones de euros.
Uno de los
bastiones de la empresa en la Ciudad de México es el Hipódromo de las Américas,
que en el arranque de este año ha mostrado un crecimiento en los rubros de
alimentos, asistencia y apuestas de cerca del 15 por ciento, en comparación con
el inicio de la temporada de 2018.
Y en España
acumula crecimientos de doble dígito aunque los ingresos de explotación de
Codere crecieron un 9 por ciento a tipo de cambio constante.
Tabasco:
complicidad “distracción”
En Tabasco
hay un negocio redondo con los automovilistas. Los ciudadanos pagaron por sus
placas, pero al mes el gobernador saliente, Arturo Núñez, decidió que había que
cambiarlas y, por supuesto, tuvieron que pagar nuevamente por ellas.
Y desde la
llegada del nuevo gobierno de Morena, de Adán Augusto López, ha habido “varios
errores”. La Secretaría de Finanzas cobra por las placas y las entrega al
ciudadano, pero resulta que “algunas de ellas” ya cuando salen a la circulación
están reportadas como ROBADAS. ¿Lo sabrá el titular, Said Mena Oropeza?
Después
entra en escena la nueva fiscalía, cuyo titular, Humberto Lastra, seguramente
también ignora que sus agentes judiciales literalmente cazan a los conductores
de los vehículos y les informan que las placas que pagaron están reportadas
como robadas.
Detienen al
conductor, solicitan servicio de grúa y son llevados al corralón, mientras les
cobran los gastos y una multa, les exigen demostrar la propiedad, como le
sucedió al dueño del Nissan Sentra 2005, placas WRE6147, quien tuvo que
demostrar que es dueño del vehículo y quieren volver a cobrarle las placas que
ellos le entregaron y que ahora dicen que son robadas, negocio redondo para la
Secretaría de Finanzas.
Prensa, gobierno y corrupción.
Salvador
Camarena.
Merece un
análisis más detallado, pero sin duda ha resultado notable que en los tres
primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, algunos de
las denuncias periodísticas que ponían en entredicho el discurso presidencial
anticorrupción motivaron una reacción inmediata del Presidente.
La dupla
periodismo+reacción presidencial da como cosecha mínima el que dos secretarios
de Estado tuvieran que reconocer sendas propiedades en Houston que no habían
incluido en su declaración patrimonial; que otros funcionarios de Pemex fueran
cesados luego de la denuncia de que habían participado en La Estafa Maestra, y
la caída de alguien de polémicos antecedentes que había sido nombrado en
Aduanas.
Antes de
echar campanas al vuelo y concluir que las denuncias periodísticas son
debidamente atendidas por el nuevo gobierno, conviene detenernos a evaluar el
papel de los medios en la lucha contra la corrupción. Es un debate abierto y
para abonar en el mismo me gustaría citar dos elementos.
El primero
viene incluido en el libro ¿Qué es la corrupción?, de Leslie Holmes, cuya
traducción acaba de publicar en México la editorial Grano de sal.
Ahí Holmes
revisa el rol que juegan distintos actores frente a la corrupción. Al abordar
el caso de la prensa, retoma a otro autor y establece una tipología que me
parece muy provocativa:
“En un
sistema democrático que funcione bien, los medios de comunicación masiva,
tanto impresos como electrónicos, tienen un papel importante en el combate a
la corrupción. Pueden investigar denuncias y publicar sus hallazgos, y
presionar directa e indirectamente a las autoridades para que a su vez
investiguen.
“Por desgracia,
en muchos países los medios no disfrutan de la autonomía que deberían tener.
Para describir los distintos papeles y naturalezas que pueden adoptar los
medios, Rodney Tiffen utiliza una metáfora canina que los clasifica en cinco
categorías posibles:
“El perro
guardián (el papel ideal para los medios), el perro guardián amordazado (los
medios están severamente limitados, no sólo por la censura, sino también por
leyes antidifamación gravemente sesgadas hacia los intereses de aquellos a quienes
los medios acusan de malos manejos), el perrito faldero (los medios se dejan
manipular por las élites políticas), la jauría estridente (los medios hacen
mucho ruido, con frecuencia se copian unos a otros, pero ni investigan los
casos como es debido ni asumen un papel constructivo) y el lobo (el tipo más
peligroso, en el que los medios no se preocupan por investigar las denuncias
como es debido y publican en forma irresponsable, con lo que aumentan el
cinismo del público y minan la legitimidad del sistema).
“La
tipología de Tiffen deja claro que el papel de los medios en el combate a la
corrupción puede ser limitado o incluso negativo”. (Páginas 165 y 166)
Citado lo
anterior, conviene también recordar que el papel de la prensa, por bueno o malo
que sea, se inscribe en un contexto específico, y que toca a las instituciones
la responsabilidad de ahondar sobre aquellos indicios que hayan sido revelados
por los periodistas.
He ahí el
segundo elemento. A veces se quiere que la prensa sea responsable de que,
publicado un hallazgo de presunta corrupción o ilegalidad, el caso se lleve a
sus últimas consecuencias. No hay tal. Eso corresponde al gobierno, como lo
explicó en septiembre de 2018 el mismísimo Bob Woodward, en entrevista al New
York Times.
Woodward
desmonta el discurso que lo hace responsable, a él y a Carl Bernstein, de la
caída de Richard Nixon:
“Nixon
renunció no debido a lo que reportamos, sino porque iniciamos un proceso en el
que el gobierno analizó más profundamente lo que había sucedido”, dijo el
histórico periodista del Washington Post.
“Atrajeron
la atención del público hacia un tema que el gobierno habría ignorado de otro
modo, poniendo en marcha un proceso que lleva a la caída de Nixon. ¿Es así?”,
le pregunta el periodista del Times a Woodward.
“Sí. Y lo
que sucedió… recuerdo que Sam Ervin, el senador que estableció el comité sobre
Watergate, antes de hacerlo me llamó y dijo: ‘Venga a verme’. Y él quería
conocer nuestras fuentes. Y yo dije: ‘Simplemente no puedo hacerlo’. Y el
senador Ervin, para su gran mérito, respondió: ‘Lo entiendo, pero vamos a
lanzar una investigación de cualquier manera, porque pienso que hay muchas
preguntas importantes sin responder aquí’. Y, como sabe, el comité sobre
Watergate del Senado fue el criterio de referencia de las investigaciones del
Congreso. Escucharon el testimonio de todos. Quiero decir, se prolongó semanas.
Quiero decir, las cadenas dejaron de transmitir telenovelas y difundían las
audiencias de Watergate completas. Así que pienso que existía la sensación de
que uno puede pasar del periodismo a la acción gubernamental”.
En
conclusión, la prensa ha de cuidarse de no ser una “jauría estridente de lobos”
que fomenta el cinismo, pero el gobierno debe reaccionar a las revelaciones no
sólo con ceses o regaños, sino yendo más allá, buscando las respuestas
profundas a las cuestiones que surjan de revelaciones periodísticas.
Guanajuato: PRI en liquidación, priistas en bonanza
Por Arnoldo
Cuellar.
Cuando se llegue a las próximas
elecciones intermedias, el PRI de Guanajuato estará cumpliendo treinta años
fuera del poder y tres de haber descendido a un auténtico partido de la
chiquillada. Hay quienes dicen, sin embargo, que las formas priistas no han
muerto y gozan de cabal salud en gobiernos como el panista de Guanajuato y el
de Morena a nivel federal.
Sin embargo,
más allá de ese triunfo cultural, que
también podría ser heredado del porfirismo o de la vocación mexicana por el
caudillismo, lo cierto es que el PRI de Guanajuato, y quizá el del país entero,
está en vías de extinción no por otras causas que las de su propia
responsabilidad.
Por lo pronto en la entidad, los
capitostes que podrían reclamarse como jefes políticos del priismo en
desbandada, están literalmente en fuga.
El último candidato a Gobernador, que
se hundió como peso muerto en la campaña electoral de 2018, está señalado como
uno de los grandes beneficiarios del fraude con recursos públicos destinados a
“fundaciones” presuntamente sociales pero manejadas y expoliadas con fines no
sólo políticos, sino de abierta corrupción.
Gerardo
Sánchez, de acuerdo con investigaciones
publicadas desde hace más tres años, había desviado cerca de 90 millones de
pesos a través de la Fundación Organizados para Servir, presuntamente para
realizar proyectos sociales y culturales de los cuales existía una deficiente o
nula comprobación.
Más cerca ya de construir su
candidatura a Gobernador, el entonces Senador guanajuatense que encabezaba la
Comisión de Cultura de a Cámara Alta, creo una nueva fundación, Juan José de
los Reyes Martínez “El Pípila”, para proyectos culturales, donde siguió el
mismo patrón. Hoy tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación
por otros 10 millones de pesos.
En el
transcurso de esos años, Sánchez hizo
crecer su patrimonio con inmuebles en su natal Salvatierra, en Querétaro, San
Miguel de Allende y en Guanajuato capital, donde adquirió una finca catalogada
en plena Plaza de la Paz, en la planeaba hacer un hotel.
Es evidente que ni los sueldos de
Senador y de líder cenecista juntos podrían amparar un enriquecimiento así. El
mal manejo de los fondos públicos a través de asociaciones civiles espurias ha
sido uno de los blancos del nuevo Gobierno morenista y en casos como el de
Sánchez es evidente que la sospecha no sólo da en la diana, sino que se queda
corta.
Sin embargo, el ex candidato a Gobernador priista
sigue manejando los restos del naufragio de su partido y está convertido en un
obstáculo enorme para que pueda pensarse siquiera en un reinicio, así sea desde
cero.
Enfrente, de regreso ya en Guanajuato, está otro
protagonista del éxito en que se convirtió ser parte de un partido de derrotas
seguras. A la llegada de la 4T, Francisco Arroyo Vieyra debió dejar el muelle
exilio político al que se sometió como Embajador de México en Uruguay, para
regresar a Guanajuato y dedicarse a la administración del extenso patrimonio
inmobiliario que acumuló a lo largo de 24 años de legislador, alternadamente
local, federal y una curul senatorial.
La adquisición de fincas palaciegas a
lo largo y ancho de Guanajuato tampoco podría explicarse con las dietas
completas de esos cuatro sexenios, a menos que no hubiera gastado en nada más,
lo que no era el caso. Mucho menos podría explicarse la cuenta bancaria de un
millón doscientos mil dólares que le fue descubierta en Andorra, un santuario
del blanqueo de capitales, por una investigación del periódico El País.
Por cierto el entonces embajador refutó al País en un
artículo casi telegráfico en la revista El Mundo del Abogado, lo que constituye
una réplica por lo menos peculiar, al responder en una revista ultra
especializada y de bajo tiraje a un acreditado diario de presencia global.
Las cosas no quedan ahí, sin embargo.
Arroyo ha mantenido un alto perfil en la política municipal en Guanajuato,
colocando alfiles en administraciones de distinto signo, usufructuando espacios
como el sistema de agua municipal, donde colocó un titular de consejo sin el
menor perfil para el cargo; y ahora la dirección de turismo y economía del
actual Gobierno panista, además de colocar síndicos y regidores a través de
diversos partidos.
Así manejó al Gobierno del priista
Edgar Castro Cerrillo, que concluyó en un auténtico desastre; y así está
conduciendo al Gobierno del panista Alejandro Navarro, que tampoco levanta
cabeza.
Pero Arroyo no se contenta con la
influencia política, sino que también ha logrado dividendos al conseguir que
las dos administraciones municipales le arrienden algunas de las casonas que
incorporó a su patrimonio en estos años.
De 2014 a la
fecha, el ex legislador y hoy ex
Embajador ha obtenido la nada despreciable cantidad de 3.7 millones de pesos
por concepto del arrendamiento de las casas ubicadas en Alonso 18 y Alonso 20,
las cuales son empleadas para oficinas municipales. Esos contratos han sido
refrendados por el nuevo Gobierno del PAN.
Así como están ocupados estos
próceres del priismo, en temas tan materiales como administrar sus caudales y
sus inmuebles, además de defenderse de los embates de la Cuarta Transformación
con su moralina y su austeridad, se ve difícil que lo que queda del priismo
pueda encontrar en ellos inspiración para despegar con nuevos aires.
Pese a ello,
muchos priistas, incapacitados para
desprenderse de sus cadenas mentales, siguen viendo a los Sánchez y los Arroyos
como venerables personajes cuya opinión debe ser tomada en cuenta. Por eso no
hay quien les arriende las ganancias.
La evidencia contra los intereses en la educación.
Por Jorge
Javier Romero Vadillo.
La discusión sobre la Guardia
Nacional, y su (más o menos) afortunado desenlace en el Senado ha mostrado que,
a pesar de las intenciones hegemónicas, la democracia mexicana ha desarrollado
mecanismos propicios para la deliberación democrática, gracias a los cuales
ninguna fuerza puede imponer su voluntad absoluta y todas las partes están
obligadas a negociar. Las reglas para la formación de mayorías reformadoras,
que hacen más difíciles los cambios constitucionales que los de la legislación
ordinaria, sirven para dificultar la formación de coaliciones distributivas que
beneficien los intereses de una mayoría en perjuicio del resto de la sociedad.
Al mismo tiempo, la deliberación abierta de los asuntos públicos obliga a
sopesar las evidencias a la hora de legislar, lo que atempera la simple
imposición de intereses particulares.
Si la discusión de la Guardia
Nacional es relevante porque atañe al tema de la seguridad pública, uno de los
principales servicios que debe garantizar el Estado, no lo es menos el debate
abierto sobre la educación. La tarea educativa es, junto con la salud, una de
las principales responsabilidades sociales para un Estado que pretenda reducir
la desigualdad de oportunidades, más en un país como México, escindido por una
abismal brecha de inequidad. Cualquier Gobierno que se pretenda de izquierda
debe poner como objetivo una educación para la equidad, que compense con
conocimientos y competencias las desigualdades de origen. Los sujetos del
derecho a la educación deben ser las niñas y los niños hasta la edad adulta, de
manera que puedan decidir con libertad su oficio o profesión, sin que las
condiciones económicas determinen de entrada los ámbitos de ocupación o los
condenen a la marginación, la informalidad o el desempleo crónico.
Sin embargo,
los términos en los que ha planteado el
actual Gobierno el debate sobre el tema educativo parecen poner por delante los
privilegios corporativos mientras soslayan los objetivos que debe cumplir el
sistema de enseñanza. La reiteración desde la campaña de que el objetivo del
Presidente es echar abajo la “mal llamada reforma educativa” refleja más la
intencionalidad política de congraciarse con el gremio magisterial, lastimado
por los cambios del sexenio pasado, que por encontrar un buen arreglo que haga
compatibles los intereses de los maestros con la necesidad de desarrollar un
sistema educativo eficaz para superar el tremendo rezago de la calidad
educativa en México.
El Gobierno ha presentado ya su
iniciativa de reforma constitucional con la que pretende demoler los cambios de
2013. De acuerdo con la propuesta, se extirparía de la Constitución la
obligatoriedad del concurso de ingreso para la asignación de puestos
magisteriales en la enseñanza pública, lo mismo que para las promociones a
cargos de dirección y supervisión. El objetivo aparente es eliminar las
consecuencias negativas de la evaluación del desempeño, bestia negra del
magisterio, tanto del afiliado al sindicato dócil, como el que se encuadra en
las filas de la organización radical con discurso insurreccional y estrategia
de sabotaje. Sin embargo, la iniciativa presidencial no se detiene en la
eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el empleo,
pues también parece querer volver a un sistema donde el ingreso y la promoción
magisterial dependían de la arbitrariedad administrativa y el control sindical.
Todo indica, también, que el Gobierno
desdeña la evidencia acumulada sobre el lamentable estado de la educación y
sobre los efectos que la buena formación y los mecanismos adecuados de
reclutamiento tienen sobre el desempeño profesional de los docentes y los
efectos que esto tiene en el aprovechamiento de los alumnos.
El objetivo del Gobierno es, por lo
visto, político: busca la reconciliación corporativa del Estado con el gremio
magisterial, al que hizo su aliado desde la campaña electoral, aun cuando es
evidente que el ala radical agrupada en la CNTE no tiene ninguna intención de
cambiar la estrategia de chantaje permanente que tan buenos réditos le ha
generado desde hace más de tres décadas. Para congraciarse con el
corporativismo sindical, la iniciativa presidencial no sólo elimina los
términos que se han considerado punitivos de la evaluación del desempeño
magisterial, sino todo el proceso de profesionalización diseñado para acabar
con el sistema de botín que tradicionalmente había operado en la asignación de
las plazas docentes. Por añadidura, pretende eliminar la autonomía del órgano
encargado de evaluar no a los maestros, sino al sistema educativo en su
conjunto.
Frente a esta intencionalidad
política, el constituyente permanente tiene la obligación de poner por delante
los objetivos sociales de la educación pública, que van más allá de los
intereses laborales de los maestros. La evidencia disponible, documentada por
investigadores como Ricardo Estrada –quien hace unos días publicó en el
estupendo blog de educación de la revista Nexos un resumen de su trabajo sobre
las ventajas que en el aprovechamiento de los alumnos de telesecundaria tienen
los maestros seleccionados por mérito– muestra que los cambios en el sistema de
profesionalización docente han comenzado a dar buenos resultados. Con esos
argumentos, la oposición en el Congreso debe actuar como lo hizo en el caso de
la Guardia Nacional, para forzar a la mayoría a negociar un cambio
constitucional que no destruya lo avanzado, mientras corrige los errores de la
reforma de 2013.
Es posible conciliar los intereses de
los maestros con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Si el mayor
agravio de los profesores ha sido que la evaluación del desempeño resulta
amenazante, entonces lo que se debe hacer es cambiar el tipo de evaluación y su
sentido, para convertirla en un proceso promocional, de manera que el buen
desempeño sea premiado, mientras que los malos resultados se compensen con
programas de formación permanente. De ahí a eliminar los concursos de ingreso y
de promoción y a crear un órgano controlado una vez más por las organizaciones
gremiales para que la evaluación sea una simulación hay un gran trecho.
La iniciativa presidencial se deberá
dictaminar junto con la presentada por los cuatro grupos parlamentarios de
oposición y elaborada por los académicos agrupados en RED. Es de esperarse que
en el proceso de dictamen se tomen en cuenta las opiniones de los especialistas
que participaron en las audiencias de la semana pasada en el Senado. Una vez
más vale la pena construir un consenso que tome en cuenta la evidencia para
ajustar la Constitución de acuerdo con ella y no sólo con los intereses
políticos de la coalición mayoritaria.
En su cancha, presidente.
Javier Risco.
Hace un mes,
en una de las ya famosas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, anunció la
reestructura de deuda de 160 mil trabajadores a los que su crédito se había
convertido en una impagable cuenta que, aunque abonaran, sólo crecía.
En ese
momento parecía un ejercicio de esa famosa cuarta transformación que estaba
intentando mejorar la vida de los que todos los días trabajan un poco para pagar
un techo que tardan de 20 a 30 años en llamar “suyo”.
“El director
del Infonavit explicó que desde 2015 no se otorgan financiamientos bajo el
esquema propuesto, pese a que todos los créditos emitidos con antelación fueron
contratados en ese rubro, por lo que en 2017 el incremento de los mismos se
realizaba con referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a fin de
colocar el aumento entre el valor del salario mínimo y del UMA.
“Derivado de
esto, señaló que los trabajadores concentrados en el esquema en VSM presentan
dificultades para terminar de pagar sus créditos bajo el modelo implementado en
2017, ya que destinan menos a su capital y su deuda incrementa conforme al
UMA”, señalaba la prensa que cubrió la mañanera. El mensaje estaba ahí: el Infonavit
cumplía con el pueblo bueno que confió en que bastaba la buena voluntad de un
político idealista y su determinación para terminar con la corrupción, para que
México fuera otro.
Ayer, una
investigación periodística, esa que va más allá del discurso que todos los días
posiciona al Ejecutivo como trending topic, de ese que México necesita para ver
el panorama completo de lo que nos está pasando, nos abrió los ojos sobre algo
más que pasa en el Infonavit, además de la reestructuración de deudas.
Raúl Olmos y Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad nos contaron sobre dos funcionarios que hoy siguen
teniendo un nivel directivo en el Infonavit y que aprovechando sus cargos
abusaron de su autoridad para beneficiarse de su puesto: el director empresarial
del Infonavit, Sebastián Bernabé Fernández Cortina, y el director general de
Riesgos, José Manuel Pelayo Cárdenas.
Lo que Olmos encontró debería prender
todos los focos rojos de la 4T. ¡Avísenle a Andrés Manuel! No, Presidente, la
corrupción no se va a terminar nomás porque usted lo dice o con la confianza de
que “no somos malos por naturaleza”.
“El actual
director empresarial del Infonavit, Sebastián
Bernabé Fernández Cortina, traspasó una deuda personal de 5.2 millones de pesos
al propio instituto a una tasa de 4% anual y 0% en intereses moratorios.
“El traspaso de su deuda se efectuó
en diciembre de 2015, cuando la tasa promedio que cobraba el Infonavit a los
trabajadores por un crédito hipotecario era de 12%, según consta en documentos
obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Aquel año,
el Infonavit otorgó 690 mil créditos a igual número de trabajadores, quienes
tuvieron que pagar una tasa 3 veces superior de la que gozó el propio directivo
del instituto”. Así abre la investigación de MCCI que para efectos de fact
checking tiene a disposición de todos (empezando por las cabezas de la
Secretaría de la Función Pública: cof, cof, Irma Eréndira Sandoval) para
corroborar hechos.
Una de las cabezas del instituto que
da vivienda a los trabajadores se aprovechó de su cargo para abusar y
beneficiarse en lo personal. Spoiler alert, Andrés: sí, eso también es
corrupción.
En el
reportaje también se revela que Pelayo
Cárdenas usó un esquema similar y “traspasó al mismo instituto otro adeudo
bancario por 8 millones 500 mil pesos, con los mismos beneficios de 4% de tasa
anual ordinaria y 0% en interés moratorio”. En eso sí tiene razón, Presidente:
si lo hacen los de arriba, lo hacen los de abajo.
Aquí tiene la 4T otra maravillosa
oportunidad de mostrar que aquello del cambio verdadero y de barrer la escalera
de arriba hacia abajo no son sólo dichos para obtener votos, sino políticas y
acciones de gobierno. Ya está en su cancha, Presidente.
La Guardia Nacional.
Por José Gil
Olmos.
A finales de octubre del 2018, siendo
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los entonces
secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco
Soberón, en su casa de campaña de la colonia Roma. Tras esa reunión a puerta
cerrada su postura cambió y desde entonces dio un giro completo y decidió que
las fuerzas armadas siguieran al frente de la lucha contra crimen organizado,
como en su momento lo hicieron Felipe calderón y Enrique Peña Nieto.
Evidentemente
en esas horas a solas con los mandos militares responsables de esta lucha
contra el narcotráfico que ya lleva por lo menos dos sexenios, López Obrador supo del enorme poder de las
bandas criminales asociadas con el poder político, de los alcances de su
influencia, así como de los riesgos de que se erijan en una insurgencia
criminal en amplias zonas del país.
Es importante recordar esas reuniones
porque hicieron que López Obrador cambiara no solo de opinión, sino de posición
ante las fuerzas armadas a las cuales había criticado agriamente por sus
actuaciones, principalmente por el caso de la desaparición de los estudiantes
de la normal rural de Ayotzinapa.
Durante casi medio año López Obrador
y su equipo de juristas, de seguridad pública y gobierno buscaron una salida
intermedia para hacer frente a este problema de seguridad nacional.
El crecimiento del poder económico y
político del crimen organizado en todo el país, con alianzas en más de 40
países, la ineficacia de las policías municipal, estatal y federal, así como la
enorme corrupción en todo el sistema policiaco, acotaron de inmediato el margen
de maniobrabilidad del presidente electo, que encontró en la figura de la
Guardia Nacional la puerta de salida.
¿Qué fue lo que supo López Obrador
que no haya imaginado antes de ganar? ¿Cuál fue la información que le
presentaron los altos mandos militares que le hizo poner los pies sobre la
tierra? ¿Acaso fue algo de lo que salió en el juicio en contra del Chapo Guzmán
de los favores que le pagaron a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Le
hablaron del peligro de que muchas zonas del país estén en riesgo de ser
tomadas absolutamente por las bandas criminales? ¿Le pusieron sobre la mesa los
expedientes de personajes públicos importantes que conoce y están vinculados
con el crimen organizado? ¿Le expusieron del riesgo que representa para la
gobernabilidad y la permanencia del Estado de derecho la proliferación de las
bandas criminales?
Quizá fueron estas y muchas otras
informaciones graves las que le expusieron los representantes de las fuerzas
armadas a López Obrador en aquellas reuniones que fueron claves para decidir
que se mantengan los militares a través de la Guardia Nacional en la lucha
contra el crimen organizado, a pesar de las críticas de organizaciones
mexicanas e instancias internacionales como la ONU, Amnistía Internacional,
entre otras.
Por cierto… El cambio para que sea civil y no militar
el mando de la Guardia Nacional no fue bien recibido por el presidente López
Obrador, que aun tiene la posibilidad del veto para dar marcha atrás a la
votación mayoritaria de diputados y senadores. Las consecuencias de esto sería
generar una crisis institucional porque seguramente vendrían una serie de
demandas de controversia constitucional que metería en un nuevo conflicto al
jefe del ejecutivo quien, de por sí, ya tiene demasiados frentes que atender en
estos 100 días de gobierno.
México, país de ilegales.
Raymundo
Riva Palacio.
Hace casi 25
años, Larry Summers, un connotado profesor y alto funcionario en el gobierno de
Bill Clinton en Estados Unidos, decía que el principal problema que tenía
México para un desarrollo pleno, era su debilidad del Estado de derecho. Sin
respeto por la ley, argumentaba quien fue secretario del Tesoro, las
inversiones no iban a llegar a este país pese al potencial que tenía. Las
inversiones son el motor del crecimiento de una nación y todos los regímenes,
neoliberales o nacionalistas, keynesianos o abocados al libre mercado,
capitalistas, socialistas o comunistas, las cuidan. Si el entorno sociopolítico
es desfavorable, el dinero nunca llega.
López
Obrador recibió un país con grandes deficiencias en cuanto al respeto de las
leyes. Pero las políticas de gobierno que ha planteado frenaron las inversiones
ante la incertidumbre de cómo impactará la economía, y la descomposición
social, sindical y la creciente protesta de grupos de interés, van a generar en
el corto plazo frenos adicionales que limiten las posibilidades del desarrollo
prometido. López Obrador se encuentra atrapado en la contradicción de ser jefe
de Estado y comportarse aún como si estuviera en campaña por la presidencia.
Desde hace
unos 20 años, como reacción a la crítica internacional que sintetizaba Summers,
México ha construido una arquitectura institucional llena de normativas y
leyes, pero con un talón de Aquiles del tamaño del Sol: su incumplimiento. El
gran diseño legal carece de contenido, y como es nuestra cultura, todo ha sido
sibilino. No estamos bien y la tendencia medible, cuando menos hasta el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, era que íbamos para atrás. La
última prueba de ello está en el informe anual del World Justice Proyect, una
organización independiente en Washington que trabaja para fortalecer el Estado
de derecho en el mundo, que hoy se da a conocer.
Por segundo
año consecutivo, México está en la parte baja de respeto a la ley. El índice de
126 países que se divulga hoy lo coloca en el lugar 99, que es una caída de dos
posiciones con respecto a la tabla del año pasado, que se amplió con la
inclusión de 13 nuevos países en el ranking. Es decir, si se hubiera mantenido
el mismo número de naciones estudiadas, México estaría peor de lo que se
muestra hoy. No estamos solos en este deterioro, que está asociado con el
repunte del autoritarismo en el mundo. Según el índice del WJP, de los ocho
factores que se miden, el de 'Límites al Poder Gubernamental' fue el de mayor
caída, donde más del 50 por ciento de las naciones experimentó retrocesos.
De acuerdo
con la tabla de puntajes, las áreas de mayor preocupación en México son
corrupción, seguridad y justicia penal, donde se encuentra casi en el sótano
del ranking. En los dos primeros factores se ubica en el lugar 117 de 126
países, y en el tercero, ocupa el 115. Sólo en el factor de gobierno abierto
México está evaluado moderadamente bien en las tres categorías, global,
regional y por nivel de ingreso. A nivel regional, ocupa el lugar 29 de 30 en
corrupción, y el último sitio cuando se mide por nivel de ingreso. Es decir,
para la escala de su economía, es el país más corrupto de todos. En el factor
de orden y seguridad, México es el penúltimo lugar en el ranking regional y el
último por nivel de ingreso, que es algo vergonzoso.
Los datos
corresponden al gobierno de Peña Nieto, y sólo hasta la siguiente medición
anual, se revisará al de López Obrador. Hasta este momento, las evaluaciones
sobre México lo han colocado de manera regular en el fondo de los rankings en
los temas de corrupción, efectividad del sistema judicial, derechos humanos y
debido proceso. Las calificaciones del nuevo gobierno en estos campos son
variopinto. López Obrador ha sido muy enfático en trabajar por los derechos
humanos y los responsables de ello han estado muy comprometidos con ese tema
desde hace varios años, por lo que se podría esperar una mejora en los próximos
índices.
En los otros
temas, López Obrador y su gobierno dejan mucho que desear. El debido proceso ha
sido escandalosamente violado en los últimos días, cuando al hablar de
conflictos de interés han establecido casi en forma mecánica actos de
corrupción sin establecer líneas causales, y aun si encontraran violaciones a
la ley en las investigaciones en curso, señalaron por nombre y apellido a
presuntos responsables de los presuntos ilícitos, con lo cual violaron el
eventual derecho a un juicio justo.
La
corrupción es el tema de batalla de López Obrador, pero no ha avanzado más allá
de la retórica. Inclusive ha declarado que él no actuará en contra de
funcionarios de Peña Nieto porque no quiere invertir tiempo, que considera como
una pérdida, en aspectos que no tienen que ver con su proyecto de nación. La
declaración es política, pero legalmente es una aberración.
López
Obrador tendría que ser más cuidadoso cuando se encuentre en el campo de lo
jurídico, y cuidar la percepción de que es permisivo con violadores de la ley,
alegando que no va a criminalizar la protesta social. Esa retórica puede darle
réditos en México, pero no pasa las pruebas de ácido en el mundo. Hablar de
corrupción sin combatirla a fondo, tampoco. Sustentar todo en lo moral y los
principios es éticamente fundamental, pero insuficiente para fortalecer el
Estado de derecho. Aunque es presidente con amplio mandato y respaldo popular,
no tiene carta blanca para burlar las leyes. Esto no debe olvidarlo: es la
línea con la que lo clasificarán como un autócrata o un demócrata.
Kellogg’s eliminó en secreto los micronutrientes básicos de sus cereales en México, dice Informe.
En los últimos cinco años, Kellogg’s
ha eliminado muchos de los minerales y vitaminas esenciales de sus marcas más
populares de cereales a la venta en México, reveló el informe “Compromisos nutricionales de
Kelloggs: ¿promesas en el aire?”, de la Fundación Changing Markets, SumOfUs y
el Proyecto AliMente.
Este hallazgo, destacó el estudio, representa una violación evidente del
compromiso de la empresa de fortificar sus cereales con los “nutrientes
específicos para las necesidades” de la población mexicana, teniendo en cuenta
que las carencias de nutrientes como el calcio, el hierro, el ácido fólico, la
vitamina A y el zinc afectan a una parte importante de los niños mexicanos.
Kellogg’s
lidera el segmento de cereales de desayuno en México, siendo el fabricante de
cuatro de las cinco principales marcas que los padres mexicanos compran a sus
hijos. Estos productos son consumidos
por una gran parte de los niños mexicanos: según un estudio del gobierno
realizado en 2013, el 50 por ciento de los niños de 3 a 12 años comen cereales
de desayuno al menos 2 o 3 veces por semana, mientras que el 37 por ciento los
consumen todos los días.
De acuerdo
con la organización, Kellogg’s afirmó
haber mejorado el contenido nutricional de sus productos, así como abordado el
déficit de nutrientes con las “vitaminas A, B y D, Hierro, Calcio, ácido fólico
y antioxidantes”; sin embargo, al evaluar la composición nutrimental reportada
en las etiquetas de la empresa, durante los últimos cinco años (2013-2018), ésta
se ha “empobrecido”.
“La fortificación de alimentos es una
estrategia importante a desarrollar en el tratamiento de las deficiencias de
micronutrientes y en la lucha contra la desnutrición”, citó el informe y
recalcó que dentro de los desafíos para combatir esta problemática están “el
hambre oculta y la obesidad en las comunidades de ingresos medios y bajos de
todo el mundo”.
Mejorar y fortificar los alimentos ha
sido una estrategia de prevenir o corregir la carencia de micronutrientes, para
ayudar a la mejora de la salud pública, por lo que hay programas de
fortificación obligatoria específicos por país, en alimentos como la harina, la
sal y el aceite con nutrientes clave para mitigar deficiencias específicas en
la población.
Sin embargo,
también hay programas voluntarios, como
los adquiridos por Kellogg’s, informó la fundación.
“Muchos productos de cereales para el
desayuno son alimentos altamente procesados, contienen niveles muy altos de
azúcar y sal, y son el objeto de campañas de marketing dirigidas a los niños”, destacó.
De acuerdo
con estudio nacional citado por Changing Markets, el 42 por ciento de los padres dijo “comprar cereales para el desayuno
porque sus hijos lo piden, mientras que el 33 por ciento los compra por su
valor nutritivo.” De estos últimos, el 58 por ciento aseguró confiar “en la
información que se proporciona en las etiquetas de los productos y en los
materiales de marketing”.
Es por esto que la organización
consideró que las indicaciones nutricionales han sido centrales para la
estrategia de comercialización de Kellogg’s, en particular con la promoción de
sus productos con mayor contenido de azúcar, sal o grasa: una opción de
desayuno no muy saludable para los niños”, destacó.
COMPROMISOS
INCUMPLIDOS DE KELLOG’S
El estudio recordó que Kellogg’s ha esbozado su
compromiso asumido con la nutrición y, gracias a la articulación de algunas
políticas de amplio alcance en materia de nutrición, ha mejorado su
calificación en el 2018 Global Access to Nutrition Index (Índice de Acceso
Mundial a la Nutrición 2018 [referido como Índice Global 2018]).
Sin embargo,
distintos tipos de vitaminas, como la B,
C y E disminuyeron en su proporción. En el caso del Hierro, “la reducción
observada en las cinco marcas de cereales analizadas se ha realizado a pesar de
que la deficiencia entre la población mexicana”.
Kellogg’s creó paquetes reducidos para la población
de menores ingresos, que el grupo leyó como una estrategia que antepone el
crecimiento a la nutrición y que “queda en evidencia en el objetivo de
Kellogg’s expresado como ‘ganar donde el comprador compra’”.
Changing
Markets concluyó que ante la ausencia de
bases científicas y lógicas “detrás de la fortificación de los cereales de
Kellogg’s”, los compromisos citados “parecen ser promesas en el aire”.
La
organización informó que las ventas de Kellógg’s, sólo en el mercado
estadounidense ascienden a casi 3 mil millones de dólares, lo que representa
aproximadamente el 23 por ciento de la facturación global de Kellogg’s, de 13
mil millones de dólares.
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¡Se desquitan con consejera que exhibió a Lorenzo! juicio político va no lo esperaban
Mau Rodriguez. ENLACE AL VIDEO.
