Por Jesusa
Cervantes.
La oposición en la Cámara de Diputados
presentó este miércoles una contrarreforma educativa que contempla garantizar
la autonomía universitaria y un nuevo centro de evaluación docente.
La
iniciativa, respaldada por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento
Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución
Democrática (PRD), fue enviada a la
comisión de Educación el mismo día en que arrancan las audiencias públicas para
analizar la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en el
pasado periodo ordinario de sesiones.
La
iniciativa del bloque opositor, que
pretende reformar tres artículos de la constitución, 3, 31 y 73, se basa en
tres ejes: garantizar la autonomía universitaria, priorizar la educación
inicial para el desarrollo de la niñez, y dar continuidad a exámenes de ingreso
y evaluación.
En lugar del
actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), producto
de la reforma educativa de 2013, el PRI, PAN, PRD y MC –los mismos que aquel año avalaron la reforma peñanietista y hoy se
oponen a impulsada por López Obrador– proponen la creación del Centro Nacional
para la Mejora Continua de la Educación, como un órgano autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio propio.
Desde la
tribuna, el coordinador del PAN, Juan
Carlos Romero Hicks, señaló que las cuatro bancadas opositoras asumen, a nombre
de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, la introducción de una
iniciativa profunda, innovadora y amplia, para poner en perspectiva el tema de
la educación.
Sostuvo que incorporan temas de
derechos humanos, aspectos de interculturalidad, ciencia, tecnología e
innovación, además de la obligación del Estado para impartir educación
superior. Como giro y foco de todo, el educando, y como agente principal a ser
respetado, el maestro.
La reforma
alterna contempla la figura del Servicio
de Desarrollo Profesional del Magisterio, y destaca que la evaluación de los
docentes debe efectuarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad,
transparencia y objetividad.
“Con esta actualización normativa se
aspira a despojar a la evaluación docente de connotaciones punitivas y
sumativas, privilegiando su contribución a la mejora continua del sistema
educativo nacional, al desarrollo profesional de sus integrantes, al respeto de
los derechos de todas las personas y al enriquecimiento de los procesos de
enseñanza y aprendizaje”.
De igual
manera, menciona que el mérito como
principio rector contribuye a combatir la opacidad y la discrecionalidad, en
tanto que quienes aspiran a ejercer como docentes o a mejorar sus condiciones
laborales tienen el derecho de conocer con anticipación la información acerca
de qué y cómo se va a evaluar, y todo lo relacionado con el proceso, los
requisitos y los efectos de las evaluaciones.
En cuanto a la autonomía
universitaria, PRI, PAN, MC y PRD sostienen que es uno de los valores más
importantes. Y sostienen que en su iniciativa resulta imprescindible preservar
la fracción VII del Artículo 3 constitucional referido a la autonomía
universitaria.
“Las garantías institucionales que
tutela esta fracción: libertad de cátedra e investigación, autodeterminación de
planes y programas académicos, autogobierno y libertad para fijar los términos
de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, han resultado
fundamentales para el desarrollo y consolidación de las universidades autónomas
por ley”.
La propuesta
deberá analizarse junto con la enviada por el Ejecutivo federal, una vez que
concluyan las consultas públicas.
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