Javier Risco.
Las
declaraciones patrimoniales publicadas hasta ahora por el gabinete de Andrés
Manuel López Obrador y por el propio presidente son un juego de niños
comparadas con las que de manera OBLIGATORIA deberán presentar antes del 30 de
abril de este año.
Sí, así lo
publicó el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre pasado a través
del comunicado 152. Hoy más que nunca vale la pena celebrarlo y estoy seguro
que para el nuevo gobierno será un GOZO dar una lección de rendición de cuentas
como debe de ser. ¡Que se sienta la 4T!
Aquí algunos
detalles del formato propuesto por el comité coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción que, insisto, será un antes y un después en materia de
transparencia en este país.
• Los
formatos fueron generados en una colaboración convocada por la Secretaría de la
Función Pública en la que el Banco Mundial fungió como asistente técnico y en
la que participaron organizaciones civiles y académicas, entre las que destacan
Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos
contra la Corrupción y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
• Con el
propósito de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema Nacional
Anticorrupción, es necesario contar con información sistematizada sobre la
evolución patrimonial y los intereses de quienes se desempeñan en la
Administración Pública Federal, en estricta observancia a los dispositivos
constitucionales y legales en la materia.
• El formato
aprobado será utilizado de manera obligatoria cuando se encuentre operable, lo
que no podrá exceder del 30 de abril del año 2019.
Los formatos
son exhaustivos y no TODOS los servidores públicos deben llenarlo con el mismo
nivel de especificidad, existen tres grupos de acuerdo al documento aprobado.
Sus responsabilidades dentro del gobierno marcan los límites en sus
declaraciones.
Así que
vienen tiempos dorados para este país y para esta democracia… sólo hay un
problema, ojalá me equivoque, pero al menos así lo percibo, usted terminando de
leer esta columna hará su propio juicio.
¿Cuál es el
problema? Ayer, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en
entrevista radiofónica en Así las Cosas, de W Radio, calificó estos formatos
propuestos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción como
“complejos e inaccesibles”, así lo dijo: “son formatos que lamentablemente
tenemos que seguir revisando porque no van a coadyuvar al combate a la
corrupción de forma plena, no ayudará toda esta telaraña, esta burocratización,
estas confusiones tecnológicas. Entonces tenemos que ser muy responsables todos
los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, la SFP como una de los
integrantes, para ofrecerle a la ciudadanía las mejores posibilidades que
sirvan realmente y no este merequetenge, esta telaraña de formatos, tan
complejos, tan inaccesibles”.
Previo a la
entrevista, la propia secretaria, en su primera participación como miembro del
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dijo: “Más información
no necesariamente conduce a mayor rendición de cuentas”.
Así que
desde la SFP se pretende echar atrás los formatos generados por expertos en
rendición de cuentas asesorados por el Banco Mundial, aprobados en noviembre
pasado.
Vaya amenaza
que representa este intento de cambiar los formatos a la lucha contra la
corrupción del gobierno de López Obrador. Ojalá el presidente no lo permita,
ojalá el 30 de abril dé cátedra de transparencia y le calle la boca a tantos
que han dicho que todo sigue igual, que la opacidad es una firma de cualquier
gobierno en México. Será una lucha interna que deberá dar López Obrador, ojalá
la gane. En ti confío, Andrés Manuel.
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