Benito
Velázquez extiende un mapa sobre la mesa
de madera y sus dedos no alcanzan a señalar todas las áreas que Petróleos
Mexicanos (Pemex) tiene en su comunidad.
De las 662 hectáreas del ejido
Emiliano Zapata, 206 pertenecen a la empresa. En ellas hay más de 55 pozos
petroleros, además de gasoductos, ductos, líneas, compresoras, un quemador,
líneas de alta tensión, tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo.
Emiliano Zapata es una comunidad
indígena de Papantla, Veracruz, donde se ubica el bloque San Andrés que
pertenece al Activo de Producción Poza Rica-Altamira, donde desde 1956 se
explota aceite y gas.
En 2012, Pemex abrió acceso a la inversión
extranjera privada en este bloque bajo el esquema de Contratos Integrales para
Exploración y Producción. Los campos maduros fueron ganados por compañías con
inversión mexicana y colombiana.
Cuatro años
más tarde, en 2017, la Reforma
Energética volvería a tocar la zona, esta vez Pemex asignó 307 bloques del
campo para explotación por 20 años y la posibilidad de ofrecerlos al mejor
postor.
Velásquez afirma que Pemex literalmente invadió en el
pasado su comunidad y el proceso no se ha detenido. “Así vivimos”, sonríe
mientras mira el mapa blanco y negro donde la simbología da cuenta de sus
palabras.
Aunque la petrolera tenía una planta
de tratamiento para el sistema de pozos, apenas hace cinco años el pueblo pudo
gestionar su propio sistema de agua potable, que ellos administran y pagan,
aunque les falta el drenaje y la planta tratadora.
De tres arroyos de donde se surtían
el agua, sólo queda uno. El resto ha resultado inservible por la contaminación
de fugas de aceite. El ejemplo es el arroyo Tejones, que tiene una fuga
permanente hace dos años, cada tercer día una pipa llega y extrae entre 2 mil y
3 mil litros de hidrocarburo. En el pasado, asegura Velásquez, empleados de
Pemex encendían fuego hasta consumir el combustible: “luego nos decían que al
agua estaba limpia y nosotros nos dimos por pagados”.
Para Felipe,
campesino de la comunidad, ni Pemex ni
las compañías que llegaron luego, pueden resarcir el daño que han hecho a la
tierra con aporte alguno. “Siguen siendo limosnas en comparación con lo que las
petroleras están sacando de la tierra”.
Cuando hace un repaso de los
beneficios, recuerda que en Emiliano Zapata, a través del Programa de Apoyo a
la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma) de Pemex, tienen una primaria, un comedor
y domos. Las mujeres pidieron hasta un costurero. Pero todo eso, reitera, no
compensa el daño a su tierra. “Antes aquí era un paraíso, agua limpia,
sembrábamos vainilla, pero con la llegada de la empresa los arroyos se
volvieron negros”.
Un busto de
Emiliano Zapata, símbolo de la resistencia campesina en México, da la
bienvenida al pueblo. En una placa se
lee “tierra y libertad”. Suena contradictorio, porque caminar por las calles
del pueblo es encontrar letreros de Pemex y de la compañía privada Oleorey que
son dueños del 30 por ciento del territorio.
Esta comunidad es un retrato de 100
años de explotación petrolera en Veracruz. La gestión de la riqueza de los
hidrocarburos no se ha traducido en la completa atención social de las comunidades
y en la satisfacción de necesidades básicas de agua potable, rehabilitación de
caminos, y educación. A ello se ha sumado las pérdidas de tierras y recursos
naturales.
El panorama no cambió con la Reforma
Energética, proyecto bandera del ex presidente Enrique Peña Nieto desde 2014 y
con el cual se buscó reforzar la industria petrolera como un motor económico
nacional.
Los mecanismos para garantizar la
atención del rezago social y ambiental que se crearon han sido presa de la
corrupción y la falta de supervisión y la tierra fue declarada de utilidad
pública, lo que permite la constitución de servidumbres legales y la ocupación
temporal para la imposición de gasoductos, pozos y caminos sin una consulta
previa.
El petróleo siempre ha sido un tema
contradictorio para Veracruz, opina Martín Aguilar, investigador del Instituto
de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana.
Luego de la
expropiación petrolera en 1939, la industria se planteó en México como un eje
del desarrollo del país, y no se pensó en ese momento en un impacto negativo
para las comunidades. “Su crecimiento estuvo ligado a la construcción de
escuelas, de carreteras, generaba la idea de una abundancia petrolera”.
Sin embargo,
con la intensificación de la
explotación, comenzaron también las primeras afectaciones ambientales y al
mismo tiempo la “industria de la indemnización” y junto con ella la corrupción
y el mal manejo de los recursos.
Aguilar afirma que el saldo en general para las
comunidades ha sido negativo, porque la relación con las petroleras ha sido
paternalista y tiene que ver con la construcción de un estado de bienestar del
país, que se acabó.
En el proceso, la desinformación
amplifica las inquietudes. Benito Velásquez cuestiona que en el presente nadie
les ha informado si habrá nueva explotación, si van a ocupar más tierras o si
les corresponden recursos para sus necesidades. Eso, afirma, no es raro, pues
ha sido así desde hace 62 años, cuando los petroleros pisaron por primera vez
sus tierras.
TAMBIEN
TRAJERON CONTAMINACIÓN Y DELINCUENCIA.
Oscar
Espino, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de la
Huasteca y el Totonacapan, afirma que la
historia de la sierra indígena norte de Veracruz está ligada a la industria
petrolera desde hace más un siglo, porque sus tierras son parte de la cuenca
Tampico- Misantla y el codiciado Aceite Terciario del Golfo.
Los habitantes de la región
conocieron la riqueza, pero también el desmantelamiento y en muchos casos la
ruina. Pemex pavimentó las calles, abrió brechas y electrificó, sin embargo
también expropió tierras e invadió territorios con miles de pozos petroleros.
“En algunos casos hay contratos
leoninos. El ejemplo es el caso de Emiliano Zapata. Son contratos favorables a
Pemex, la indemnización es irrisoria y la temporalidad no está definida. Es por
el tiempo que sea necesario”.
En 2009, Pemex inició con laboratorios de campo en
la región y abrió la exploración a la inversión extranjera. Así vieron llegar
el Pacma con escuelas, domos, pisos, letrinas, para negociar la participación
de las empresas.
“Pemex usó el Pacma y obras de
infraestructura para legitimar la introducción de la industria y la voracidad.
No había un resarcimiento real del daño y si se atrevían a manifestarse
entonces judicializaba las causas y hacia denuncias federales”.
Espino cuestiona que generalmente hay escasa
información de parte de los municipios sobre los ingresos petroleros, las
donaciones de combustible y cemento, o los detalles de los próximos proyectos
de extracción a las comunidades.
Sumado a
esto, la Reforma Energética y su Ley de
Hidrocarburos aprobadas en 2013 y 2014, significaron una violación a los
derechos básicos de los pueblos indígenas donde hay petróleo, afirma Espino.
La Ley establece que las actividades
petroleras son de interés social y orden público, por lo que tendrán
preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de
la tierra.
Va más allá,
cuando indica que los dueños de la
tierra deberán negociar un acuerdo con las compañías que deseen explotar y si
este no se concreta, se ordenará —a través de una servidumbre legal— los pagos
que le corresponden a cada propietario.
Las empresas contratistas deberán dar
aviso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
sobre el tipo de contrato a realizar, ya sea de arrendamiento, servidumbre
voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta, e
informar previamente los detalles del proyecto.
Para el caso de Veracruz, donde hay
alrededor de 20 contratos de la Reforma Energética firmados, la Sedatu informó
a través de transparencia que tiene notificaciones de ocho contratistas que
manifestaron su intención de afectar terrenos, pero evitó dar detalles de las
negociaciones.
Aunque las compañías contratistas y
asignatarias tienen la obligación de informar con detalle los proyectos a
realizar, en la práctica hay fallas. Campesinos de la comunidad de El Mamey en
Tihuatlán, por ejemplo, denunciaron que la petrolera entró a sus tierras, no
tuvieron la intermediación de la Sedatu, y las negociaciones del precio de la
tierra han sido injustas.
Moisés Reyes
Fausto, líder de la Central Campesina Independiente, afirma que la Reforma Energética ha generado incertidumbre. “Tenemos
una grave desventaja. El marco legal protege a las empresas en los contratos y
obliga a los campesinos a aceptar las condiciones de las empresas.
Reyes Fausto
revela que el plan quinquenal de la
Secretaría de Energía (Sener) marca que hay municipios con territorio afectados
en un 80 por ciento, pero Pemex no ha informado acerca de los planes de
extracción, los derechos y obligaciones de los campesinos. “Las empresas están
llegando a platicar con las comunidades, pero no tienen idea de nada, no hay
capacidad de una negociación justa”.
Para Fluvio César Ruiz Alarcón, ex
consejero de Pemex, y quien fuera perfilado como el director de la empresa
Exploración y Producción en el gabinete del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, esa es una de las fallas principales de la Reforma Energética.
Asegura que es urgente cambiar el
artículo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos que define a las
actividades de producción petrolera como de interés social y orden público y
por tanto prioridad sobre las demás.
“Esto obliga a las comunidades a
aceptar proyectos petroleros por encima de su voluntad. Es preocupante. Si algo
tienen que revisar es esto para obligar a consultas públicas de los pueblos”.
Para el caso
Veracruz, apenas en agosto pasado,
Integrantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida
tramitaron un juicio de amparo colectivo en contra de la licitación de las
costas del sur de Veracruz para la extracción de hidrocarburos.
Adicionalmente,
seis comunidades de la sierra indígena
norte tienen firmadas actas de asamblea ejidal en las que rechazan la llegada
de estos proyectos extractivos y de hidrocarburos. Y el municipio de Las
Choapas se ha declarado libre del sistema de fracturación hidráulica o
fracking, método de extracción novedoso que es considerado especialmente dañino
para la corteza terrestre.
Apenas en
noviembre del 2017, la relatora especial
de la Organización de las Naciones Unidades (ONU), Victoria Tauli, examinó la
situación de los pueblos indígenas de México y advirtió de su preocupación por
la Reforma Energética que obliga a comunidades indígenas a rentar o vender sus
tierras a las empresas, lo que dijo aumenta el riesgo de despojos,
enfrentamientos y desplazamientos forzados ante el creciente interés en los
recursos naturales en territorios indígenas.
Martín
Aguilar, de la Universidad Veracruzana (UV), también coincide en que la Reforma Energética tampoco prevé un modelo
claro para repartir los recursos de forma equitativa, pues esa nunca ha sido la
intención ni la prioridad de Pemex: “Ellos creen que el bienestar ya es
automático cuando se da la explotación petrolera, nunca plantea necesidades de
las comunidades, lo cual puede significar un gran conflicto social”.
LAS PROMESAS
QUE NO SE CUMPLIERON.
Ruiz Alarcón
concuerda en que la Reforma Energética
planteada como factor de crecimiento económico en el país fracasó y los datos
duros respaldan la necesidad urgente de hacer una revisión.
Para
sostenerlo menciona dos indicadores: se
prometió que tras la reforma se generarían 500.000 empleos y se producirían 3
millones de barriles diarios.
En contraparte, Pemex ha suprimido 30
mil plazas de trabajo, las empresas ganadoras de las licitaciones contractuales
no han cumplido con las plazas laborales prometidas y la producción petrolera
está por debajo de los 2 millones de barriles diarios de crudo.
“Hoy queda claro que más que
objetivos accesibles, las promesas de la reforma sólo eran propaganda, los
indicadores están lejos de haberse cumplido”, afirma.
Veracruz es pieza central en el
proceso: el Programa Quinquenal de Licitaciones para la exploración y
extracción de hidrocarburos 2015-2019 señala que la entidad concentra el mayor
número de reservas en 188 campos petroleros.
Según el
documento, se planea la exploración y
extracción de hidrocarburos en 17.000 kilómetros de territorio, 90 por ciento
corresponde a áreas no convencionales, es decir se extraerá bajo técnica de la
fracturación hidráulica.
Aunque la
técnica no es nueva para Veracruz, se
utilizó para miles de pozos en el Aceite Terciario del Golfo según un informe
público en 2010. De acuerdo a solicitudes de transparencia en la entidad mil
644 pozos han sido explorados con la técnica de fracturación hidráulica.
En 2014, la Secretaría de Energía otorgó a Pemex,
489 áreas de asignación a través de la ronda cero, un gran porcentaje de ellas
en Veracruz. A partir de 2015, a través de las rondas se ha entregado 20 áreas
contractuales de la Cuenca Tampico-Misantla, y Sureste, además de contratos en
aguas someras y profundas.
Empresas nacionales y extranjeras
como Shell Exploración, Repsol, Carso Oil, Jaguar Exploración, Lifting de
México, Canamex, Petrolaf, American Oil, Tonalli Energía, entre otras, ya están
en Veracruz explorando petróleo.
La Reforma
Energética hay sido un tema de enfrentamiento entre los gobiernos del ex
Presidente Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, quien la ha
calificado de “vil engaño”.
Peña Nieto
aseguró que la reforma permitiría inversiones por 200 mil millones de dólares,
el freno al aumento de gasolina y baja en las tarifas de energía eléctrica.
En el
documento “Evolución de la Industria
Petrolera en México”, presentado en septiembre pasado por el equipo de
transición de López Obrador, se dieron a conocer cifras según las cuales con la
reforma energética se esperaban inversiones por 4 mil 073 millones de dólares en
exploración y producción en el período 2015-2018; pero en total se han
invertido apenas 733.4 millones.
De los 107 contratos de exploración y
producción, solamente 31 registraron inversión realizada. El máximo año de
producción del gas hidrocarburo se registró en 2009 y en 2018 ha registrado una
caída acumulada del 40 por ciento, es decir, una caída de 2 mil 612 millones de
pies cúbicos diarios.
La llegada
de la reforma tampoco trajo crecimiento
para Veracruz. Del 2013 al 2016 de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) , el crecimiento fue de apenas 1 por ciento y una tasa
de desempleo de 3.4 por ciento. Por arriba de la media nacional.
Para paliar
la situación, López Obrador ha prometido
la inversión de 75.000 millones de pesos para la exploración y extracción de
hidrocarburo en el país, adicional a los 65 mil millones que actualmente Pemex
destina para tales fines, además de la construcción de una nueva refinería y la
rehabilitación de otras seis.
Rocío Nahle,
Secretaria de Energía, ha informado que
se revisarán los 107 contratos con empresas nacionales y extranjeras antes de
enviar las siguientes rondas. El plan es incrementar la producción petrolera
paulatinamente hasta el año 2024.
En diciembre
pasado, López Obrador presentó el Plan
Nacional de producción de Hidrocarburos, donde dijo que se aumentará en 2
millones 400 mil barriles diarios la producción petrolera al terminar su sexenio.
La promesa fue invertir en
exploración y perforación de pozos en tierra y aguas someras en Veracruz,
Tabasco y Campeche.
En el recorrido que AVC Noticias hizo
por dos áreas con asignaciones y contratos a raíz de la Reforma Energética se
revelaron inequidades en el proceso de pagos a campesinos por tierras ocupadas
para la exploración por parte de Pemex, e incumplimientos por parte de las
empresas petroleras de dar preferencia a la contratación de servicios de origen
nacional, incluyendo capacitación y contratación, a nivel técnico y directivo.
Además se constató que instrumentos como la
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), han resultado ineficaces para
atender la problemática de contaminación por derrames de crudo en municipios
del estado.
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